La expansión del trabajo en plataformas digitales en Argentina ha alcanzado proporciones que superan cualquier previsión anterior. Según estimaciones del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación, la cantidad de repartidores y choferes pasó de alrededor de 100.000 en 2020 a más de un millón en la actualidad. Este salto del 900% se produce en un escenario de contracción del empleo formal y de deterioro de los ingresos familiares, donde las aplicaciones funcionan como un refugio temporal que impide que la tasa de desocupación muestre todo el deterioro real de la economía.
De la informalidad al endeudamiento estructural
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA documenta cómo el mercado laboral se ha recompuesto hacia actividades de baja productividad y alta precariedad. Los repartidores perciben pagos que parten de 1.500 pesos por entrega y deben extender jornadas de hasta doce horas diarias para alcanzar ingresos cercanos a 1.200.000 pesos mensuales, una cifra que permanece por debajo de la línea de pobreza. Esta dinámica no solo reproduce la informalidad sino que la profundiza al vincular la supervivencia diaria con algoritmos que determinan la asignación de pedidos.
El acceso restringido al crédito bancario por la condición de monotributistas o trabajadores sin registro formal ha derivado en un crecimiento del 177% en la cantidad de deudores que solicitan préstamos a proveedores no financieros de crédito entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2024. El saldo promedio de financiamiento para monotributistas vinculados a plataformas alcanzó los 900.000 pesos a fines de 2025, mientras que en el caso de comercios el monto puede multiplicarse por siete.
Algoritmos que miden productividad y castigan la pausa
Una de las transformaciones más significativas radica en la forma en que las plataformas han internalizado funciones tradicionalmente reservadas a las instituciones financieras. El Banco Central señaló que en la economía de plataformas el capital reputacional —antigüedad, tasa de aceptación de viajes y calificación de usuarios— reemplaza o complementa el historial crediticio tradicional. Esta lógica permite otorgar préstamos con mayor rapidez, pero también genera un mecanismo de autoexplotación: quienes necesitan mejores condiciones de financiamiento deben aumentar su productividad para elevar su puntuación, lo que a su vez incrementa la dependencia del sistema.
El caso de la fintech Gurpi, promovida directamente por las aplicaciones, ilustra el ciclo. Para financiar una motocicleta se exigen cuotas semanales de 70.000 pesos; anualizado, ese esquema implica tasas que pueden alcanzar el 700%. En otras plataformas la tasa anual llega al 260%. El resultado es un endeudamiento que obliga a extender aún más la jornada laboral para cubrir las obligaciones, cerrando un círculo donde el trabajo adicional financia la herramienta que permite seguir trabajando.
La reforma laboral y la disputa por el reconocimiento
La inclusión de un capítulo específico para este segmento en la reforma laboral ha sido interpretada por el gremio como la legalización de una relación de dependencia encubierta. Belén D’Ambrosio, secretaria general de SiTraRepA, sostiene que existe subordinación económica, legal y técnica derivada del control algorítmico sobre las tareas. Sin ese reconocimiento, los trabajadores carecen de cobertura de ART, salario básico garantizado y recibo de sueldo, elementos que el sindicato considera indispensables para romper la precariedad.
Desde la perspectiva de las empresas, la figura de trabajador independiente reduce costos laborales y permite flexibilidad operativa en un mercado volátil. Sin embargo, esa misma flexibilidad impide acumular derechos que podrían estabilizar los ingresos a lo largo del ciclo económico. El contraste entre ambas visiones revela un conflicto estructural: lo que para las plataformas representa eficiencia, para los trabajadores constituye una transferencia de riesgos que antes recaían sobre el empleador.
Riesgos acumulados y escenarios de mediano plazo
El crecimiento sostenido de la deuda vinculada a herramientas de trabajo introduce vulnerabilidades adicionales. Un shock externo —suba abrupta de combustibles, caída de la demanda o cambios regulatorios— podría convertir el endeudamiento actual en un factor de inestabilidad sistémica para el sector. Además, la ausencia de datos oficiales sobre la cantidad exacta de trabajadores complica cualquier intento de diseñar políticas públicas focalizadas, ya que las estimaciones sindicales y las cifras de la UCA siguen dependiendo de aproximaciones indirectas.
A futuro, el modelo podría enfrentar dos trayectorias divergentes. Una implica mayor regulación que obligue a las plataformas a internalizar parte de los costos de protección social, lo que reduciría el margen de maniobra pero otorgaría mayor estabilidad a los trabajadores. La otra supone la profundización del esquema actual, con algoritmos cada vez más sofisticados que ajusten en tiempo real tanto la asignación de pedidos como las condiciones crediticias, ampliando la brecha entre quienes logran mantener altas calificaciones y quienes quedan excluidos progresivamente del sistema.
En ambos escenarios persiste la tensión entre la función de refugio que cumplen estas plataformas frente a la pérdida de empleo formal y los costos sociales que genera su expansión sin marcos de protección adecuados. La evolución de esa tensión determinará si el incremento del 900% en seis años representa una transición temporal o la consolidación de una nueva estructura laboral de menor calidad.
