El mercado laboral mexicano atraviesa una transformación que va más allá de una diferencia estadística entre ingresos. En junio, las personas que trabajaron por cuenta propia dentro de la informalidad obtuvieron un promedio de 75.7 pesos por hora, frente a los 66.3 pesos registrados entre empleados subordinados y asalariados, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) analizadas por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). La brecha, de 9.4 pesos por hora, coloca al autoempleo informal en una posición aparentemente más rentable que el trabajo asalariado tradicional.
El dato resulta relevante porque contradice una idea arraigada: que la formalidad siempre ofrece el mejor rendimiento económico inmediato. En realidad, la comparación revela un mercado dividido entre ingresos directos y protección social. Un vendedor que opera por su cuenta, un técnico que atiende clientes sin contrato o una persona que ofrece servicios mediante redes sociales puede conservar una mayor proporción del dinero generado durante una jornada. Sin embargo, también asume los costos de enfermedad, vejez, interrupción de actividades y ausencia de prestaciones que normalmente absorbe un empleador formal.
La brecha que cambió la lectura del mercado laboral
El resultado no significa que todo trabajador independiente gane más que cualquier empleado formal. Se trata de promedios por hora y de grupos laborales muy distintos. El ingreso de una persona por cuenta propia puede variar con la temporada, la ubicación, la demanda y el capital disponible, mientras que el salario subordinado suele ofrecer una percepción más estable. Además, el promedio por hora no incorpora necesariamente gastos de transporte, compra de mercancía, herramientas, alquiler de un local, comisiones de plataformas ni los periodos sin clientes.
Esta precisión es importante para interpretar la cifra sin convertirla en una recomendación generalizada. La ventaja del autoempleo puede ser real en determinados oficios y zonas urbanas, pero también puede ocultar jornadas fragmentadas y riesgos que no aparecen en una medición de ingreso corriente. Una persona puede declarar un rendimiento elevado durante las horas efectivamente trabajadas y, al mismo tiempo, permanecer largos periodos buscando clientes o administrando su actividad sin recibir pago. La rentabilidad individual, por tanto, no equivale necesariamente a mayor bienestar.
El costo creciente de contratar dentro de la ley
El CEESP vincula la diferencia con los costos laborales y la incertidumbre que enfrentan las empresas. Para un empleador, el salario no representa el gasto completo de una plaza. A la remuneración directa se suman aportaciones de seguridad social, vacaciones, aguinaldo, impuestos, capacitación, equipos, cumplimiento administrativo y posibles indemnizaciones. Cuando las ventas no crecen al mismo ritmo, la empresa tiene incentivos para contener el salario, limitar nuevas contrataciones o recurrir a esquemas más flexibles.
El problema aparece cuando la formalidad se percibe como una estructura costosa, pero no como una fuente suficiente de productividad. Si una pequeña empresa debe pagar más por cada puesto sin acceder a crédito barato, capacitación, tecnología o mercados estables, la contratación formal pierde atractivo. En ese contexto, la informalidad funciona como una válvula de escape: reduce cargas inmediatas y permite ajustar la actividad a una demanda incierta. El trabajador puede recibir más efectivo por hora, mientras el sistema pierde capacidad para generar empleos protegidos.
La debilidad del crecimiento económico refuerza esa dinámica. Con menos inversión en proyectos de alta productividad, aumenta el número de actividades de baja escala, como el comercio ambulante, los servicios personales, el reparto, las reparaciones y la venta por internet. Estos negocios pueden responder rápidamente a las necesidades de los consumidores, pero suelen tener poca capacidad para ofrecer trayectorias laborales, aumentar salarios de manera sostenida o financiar la protección de sus propietarios.
Cuando el ingreso inmediato sustituye a la seguridad
Según la información citada por el CEESP, 55% de la población ocupada se encuentra en la informalidad, una proporción equivalente a unos 33 millones de personas. En el último año, ese grupo incorporó a 105,347 integrantes. La expansión no describe solamente una preferencia por emprender; también puede reflejar la falta de alternativas asalariadas con ingresos suficientes. Cuando una plaza formal no compensa el tiempo invertido, el traslado y las restricciones del puesto, trabajar por cuenta propia se convierte en una decisión defensiva.
El costo de esa decisión aparece con mayor claridad en la cobertura médica. En el periodo anual referido, la población afiliada a instituciones de seguridad social disminuyó en 179 mil personas, mientras que quienes carecen de esa protección aumentaron en 219,626. La relación no demuestra que cada baja de afiliación provenga directamente del autoempleo, pero sí muestra el desplazamiento de riesgos desde las empresas y las instituciones hacia los hogares. Una enfermedad, un accidente o una incapacidad puede transformar rápidamente un ingreso aparentemente mayor en una deuda familiar.
El efecto también se extiende a la jubilación. Un trabajador independiente que no realiza aportaciones regulares acumula menos semanas y ahorro para el retiro. Durante años puede priorizar el efectivo disponible para pagar renta, alimentos o educación de sus hijos, pero esa decisión reduce su margen futuro. El resultado es una economía laboral que mejora el consumo de corto plazo de algunos hogares a costa de elevar su vulnerabilidad durante la vejez.
El salario mínimo como nuevo centro del empleo
Otro indicador revela la profundidad del cambio: en junio, 52.4% de las personas ocupadas percibía hasta un salario mínimo. En 2018, la proporción era de 19.8%. El aumento puede relacionarse con la recuperación del salario mínimo y con una mayor visibilidad estadística de los trabajadores situados en los rangos inferiores, pero también confirma que una parte creciente del mercado se concentra en niveles de pago reducidos.
La paradoja consiste en que el salario mínimo puede aumentar en términos reales y, al mismo tiempo, perder capacidad para diferenciar un empleo formal de una actividad independiente. Si una persona puede obtener más por hora vendiendo alimentos, reparando teléfonos o prestando servicios directamente, la nómina deja de ser automáticamente la opción preferida. Para que un puesto formal conserve atractivo, no basta con elevar el pago nominal: debe ofrecer una combinación convincente de ingreso, estabilidad, movilidad profesional, horarios razonables y acceso efectivo a prestaciones.
Las empresas también enfrentan una tensión semejante. Los incrementos al salario mínimo elevan la base de remuneración y pueden mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero en negocios con márgenes estrechos presionan los costos. Si no existen financiamiento, productividad y demanda suficientes, algunos empleadores pueden reducir horas, sustituir puestos por servicios externos o abandonar la formalidad. El desafío consiste en impedir que la mejora salarial termine acelerando la informalización de las unidades más frágiles.
La economía que crece sin consolidar empresas
El crecimiento del autoempleo modifica la estructura productiva. Una economía con más trabajadores independientes puede ser dinámica y creativa, pero también más fragmentada. Los pequeños negocios suelen tener dificultades para acceder a crédito, comprar tecnología, contratar personal especializado y cumplir trámites. Esa escala reducida limita su productividad y hace que muchos permanezcan en un ciclo de supervivencia: venden lo suficiente para sostener el ingreso diario, pero no para convertirse en empresas capaces de generar empleos formales.
El caso de un repartidor que trabaja mediante una aplicación ilustra la ambivalencia. Puede elegir sus horarios y obtener un ingreso por hora superior al de una plaza de entrada, pero debe financiar su vehículo, combustible, mantenimiento y periodos de espera. Si enfrenta un accidente, la continuidad de sus ingresos depende de sus ahorros o de una cobertura privada. La flexibilidad, que representa una ventaja frente a un jefe y un horario fijo, se transforma en exposición cuando no existe un piso de protección portable.
Algo parecido ocurre con profesionistas que abandonan una empresa para ofrecer servicios por internet. La decisión puede elevar su tarifa y ampliar su cartera de clientes, pero no todos cuentan con habilidades comerciales, reservas financieras o contratos que protejan el pago. El autoempleo beneficia más a quienes poseen capital, especialización y redes de contacto; para los demás, puede ser una forma de subempleo con una apariencia de independencia.
El dilema que enfrentará la política pública
La respuesta no puede consistir únicamente en sancionar la informalidad. Una estrategia basada solo en inspecciones podría cerrar fuentes de ingreso sin crear plazas alternativas. Tampoco sería suficiente subsidiar indefinidamente a empresas que no generan productividad. El reto es reducir el costo de entrar y permanecer en la formalidad, especialmente para micro y pequeñas unidades, mediante trámites simples, acceso a crédito, capacitación útil, digitalización y esquemas de seguridad social que acompañen al trabajador aunque cambie de ocupación.
La protección debe seguir a la persona y no depender por completo de un único patrón. Un sistema de aportaciones proporcionales al ingreso, con mecanismos sencillos para trabajadores independientes, podría disminuir la brecha entre libertad laboral y seguridad. Pero su diseño tendría que evitar cuotas imposibles de pagar o procedimientos que empujen a los trabajadores de vuelta a la informalidad. La afiliación será sostenible si ofrece servicios visibles y oportunos, no solo obligaciones adicionales.
Para las empresas, la discusión debe vincular salarios con productividad y no reducirse al costo de la nómina. Una compañía que invierte en tecnología, capacitación y organización puede pagar mejor porque produce más por hora. Sin esas condiciones, el aumento de costos laborales se convierte en una presión que se descarga sobre el empleo. El Estado, el sector privado y los trabajadores necesitan construir un entorno donde formalizarse represente acceso a oportunidades y no solamente cumplimiento de cargas.
La diferencia entre 75.7 y 66.3 pesos por hora es, en apariencia, un dato pequeño. En realidad, resume una decisión cotidiana para millones de mexicanos: aceptar estabilidad con un ingreso limitado o buscar una remuneración mayor cargando individualmente con todos los riesgos. Si la formalidad continúa perdiendo atractivo, la economía podría mantener ocupada a una proporción elevada de la población sin consolidar carreras laborales, empresas sólidas ni sistemas de protección suficientes. El desafío de los próximos años será convertir el crecimiento del autoempleo en una puerta de movilidad, no en la antesala de una precariedad permanente.
