La decisión de un juez de control de no vincular a proceso a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, y al excomandante Luis Alfonso Jacobo Alviso introduce una pausa relevante en la investigación del caso Shots, pero no representa el cierre del expediente. La resolución señala que, en esta etapa, los datos presentados no fueron suficientes para acreditar su probable participación en los delitos imputados. Al mismo tiempo, la carpeta permanece abierta y la Fiscalía General del Estado de Baja California conserva la posibilidad de recabar nuevos elementos y formular planteamientos adicionales conforme avance la investigación.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda afirmó que el Poder Ejecutivo respetará la determinación judicial y que corresponde a la Fiscalía definir las acciones legales procedentes. Su postura busca marcar una separación institucional entre el gobierno estatal, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esa distinción es jurídicamente importante: una autoridad política no debe sustituir a los fiscales ni anticipar culpabilidades. Sin embargo, también coloca a la administración estatal ante una exigencia difícil de resolver: demostrar que respetar la autonomía de las instituciones no equivale a desentenderse de un caso que ha generado preocupación social, reclamos de las familias y atención internacional.
Una resolución que abre más preguntas
La no vinculación a proceso suele ser interpretada por la opinión pública como una absolución, aunque jurídicamente no tiene ese alcance. La decisión únicamente indica que el juez no encontró, dentro del plazo y con los datos expuestos en audiencia, una base suficiente para continuar el proceso penal contra esas personas bajo los términos planteados. La diferencia es determinante. Si la Fiscalía logra obtener pruebas lícitas, verificables y pertinentes, el caso podría tener nuevos movimientos. Si no lo consigue, la resolución puede consolidarse como un límite procesal difícil de revertir.
El principal riesgo para la investigación es que el paso del tiempo debilite la evidencia. Los testimonios pueden perder precisión, los registros digitales pueden desaparecer o volverse más difíciles de recuperar y las posibles responsabilidades pueden diluirse si no se establece con claridad la cadena de hechos. En investigaciones relacionadas con desaparición forzada, además, la reconstrucción de lo ocurrido depende de integrar comunicaciones, bitácoras, videos, geolocalización, peritajes y declaraciones de distintos niveles de autoridad. Una omisión en cualquiera de esos componentes puede afectar la solidez del expediente completo.
La audiencia también produjo un resultado distinto para los policías municipales Juan Carlos “N”, Kevin “N” y Eduardo “N”, quienes sí fueron vinculados a proceso. Esa diferencia muestra que el juez evaluó de manera individual los datos disponibles, pero también puede generar una percepción pública de responsabilidad fragmentada. Para las familias, la existencia de personas sujetas a proceso puede significar un avance, aunque la falta de vinculación de exmandos podría alimentar dudas sobre si se está investigando toda la estructura de decisiones o únicamente la actuación de agentes subordinados.
Autonomía fiscal bajo una prueba de confianza
La Fiscalía General del Estado es un organismo autónomo, pero la autonomía institucional no elimina la obligación de rendir cuentas. En un caso de alto impacto, la sociedad necesita conocer qué líneas de investigación se han seguido, qué diligencias faltan y por qué determinadas pruebas fueron consideradas suficientes o insuficientes. Esa información debe comunicarse sin poner en riesgo la investigación, revelar datos protegidos o afectar el debido proceso. El desafío consiste en explicar el avance del expediente sin convertir la comunicación pública en una acusación anticipada.
La declaración de la gobernadora, según la cual la investigación continuará “tope hasta donde tope”, puede contribuir a sostener la expectativa de que no habrá un cierre prematuro. También puede tener un efecto positivo dentro de las corporaciones de seguridad: si los funcionarios perciben que la revisión de posibles abusos o irregularidades alcanza a todos los niveles, se fortalece el mensaje de que las jerarquías no garantizan impunidad. No obstante, una promesa política de llegar hasta las últimas consecuencias debe estar acompañada por resultados verificables. De lo contrario, puede transformarse en una frase de alto impacto que, con el tiempo, incremente la frustración de las víctimas.
La Fiscalía enfrenta una doble presión. Por una parte, debe investigar con independencia y construir un caso que resista la revisión judicial. Por otra, debe responder a una sociedad que exige rapidez. Ambas demandas pueden entrar en conflicto. La premura puede llevar a presentar imputaciones con evidencia insuficiente, mientras que la cautela excesiva puede parecer inacción. La calidad de la investigación dependerá de que se prioricen la legalidad, la trazabilidad de las pruebas y la protección de testigos por encima de la necesidad de producir anuncios inmediatos.
Las familias y el costo de la incertidumbre
El caso se relaciona con la desaparición forzada de dos jóvenes estadounidenses ocurrida en Mexicali en enero de 2023. Para sus familias, cada audiencia no es únicamente un acto procesal: representa una nueva evaluación de las posibilidades de conocer el paradero de las víctimas, identificar a los responsables y obtener una reparación adecuada. La incertidumbre prolongada tiene efectos emocionales, económicos y sociales. También puede obligar a los familiares a asumir tareas de seguimiento, comunicación y presión pública que deberían corresponder principalmente a las instituciones.
El acompañamiento anunciado por el gobierno estatal puede ser valioso si se traduce en atención constante, información clara y acceso efectivo a las autoridades investigadoras. Las reuniones personales y los mensajes de solidaridad, por sí solos, no resuelven las necesidades de las víctimas. Para que exista confianza, las familias requieren protocolos de contacto, explicación de las diligencias, asistencia jurídica y participación en las decisiones relacionadas con un posible memorial. La creación de ese espacio puede contribuir a preservar la memoria y a reconocer el daño, aunque no debe utilizarse como sustituto de la verdad, la justicia o la búsqueda.
La dimensión internacional incrementa la sensibilidad del caso. Al tratarse de ciudadanos estadounidenses, cualquier percepción de lentitud, falta de coordinación o protección corporativa puede repercutir en la relación entre autoridades mexicanas y estadounidenses. También puede influir en la manera en que visitantes, residentes extranjeros y empresas evalúan la seguridad en Baja California. Esto no significa que la investigación deba conducirse bajo presión externa, sino que la cooperación transfronteriza, el intercambio de información y la comunicación institucional pueden ser decisivos para evitar vacíos que alimenten la desconfianza.
Seguridad pública y responsabilidad institucional
El expediente puede producir efectos más amplios sobre la Policía Municipal de Mexicali. Si se acreditan conductas ilícitas o encubrimientos, la institución enfrentaría un deterioro adicional de legitimidad y la necesidad de revisar controles internos, supervisión de mandos, protocolos de detención y mecanismos para denunciar abusos. Incluso si las acusaciones contra los exmandos no prosperan, la controversia puede revelar deficiencias en la documentación de operativos, la coordinación con la Fiscalía o la preservación de registros oficiales.
La respuesta institucional no debería limitarse a sancionar a individuos. Una investigación de esta naturaleza plantea la necesidad de examinar cómo se recluta, capacita y supervisa a los agentes; quién autoriza determinadas operaciones; qué controles existen sobre el uso de la fuerza y cómo se reportan las interacciones con personas desaparecidas o detenidas. Sin reformas de ese tipo, el proceso podría concluir con responsabilidades penales aisladas sin corregir las condiciones que hicieron posible el abuso o la falta de esclarecimiento.
También existe un riesgo de polarización política. La gobernadora atribuyó parte de las críticas a la “politiquería”, una caracterización que puede responder a la disputa partidista, pero que resulta insuficiente para explicar la preocupación de las familias, organizaciones civiles y sectores que demandan transparencia. Descalificar de manera amplia las críticas puede cerrar canales de diálogo y hacer que reclamos legítimos sean interpretados como ataques políticos. A la inversa, convertir el expediente en un instrumento de confrontación puede contaminar la discusión y presionar a las autoridades para adoptar decisiones orientadas por la opinión pública antes que por la evidencia.
Qué puede definir la siguiente etapa
El futuro del caso dependerá de la capacidad de la Fiscalía para transformar una carpeta abierta en una investigación completa, documentada y judicialmente sostenible. Será relevante conocer si se revisan nuevas líneas de responsabilidad, si se profundiza en la posible participación de mandos y si se examinan eventuales omisiones posteriores a los hechos. También deberá observarse la protección de los agentes vinculados a proceso, de los testigos y de las propias familias, pues cualquier filtración, intimidación o manipulación de pruebas podría comprometer el expediente.
La transparencia deberá administrarse con precisión. Informar sobre avances generales, explicar las etapas procesales y publicar estadísticas sobre diligencias puede fortalecer la confianza sin revelar detalles estratégicos. En cambio, anunciar culpables antes de una sentencia, difundir datos sensibles o usar la investigación para justificar posiciones políticas puede afectar tanto la presunción de inocencia como la posibilidad de obtener condenas. La comunicación oficial tendrá que ser consistente entre la Fiscalía, el gobierno estatal y las corporaciones involucradas.
Para las autoridades, el reto inmediato es mantener la investigación activa sin prometer resultados que aún no pueden garantizarse. Para las familias, el desafío será continuar exigiendo justicia frente a un proceso necesariamente técnico y prolongado. Para la sociedad, la resolución debe leerse con prudencia: ni la no vinculación de dos exmandos demuestra que no existió responsabilidad, ni la vinculación de tres policías equivale a una condena. La credibilidad del caso se definirá por la evidencia, la independencia de las decisiones y la capacidad institucional de esclarecer los hechos sin excepciones ni atajos.
