La decisión de Tiendas 3B de aceptar únicamente efectivo o transferencias mediante CoDi volvió visible una tensión que llevaba años creciendo detrás de las cajas registradoras: el precio de la inclusión financiera no se distribuye de la misma manera entre bancos, comercios y consumidores. La cadena justificó su postura con un argumento conocido en el comercio minorista: aceptar tarjetas implica pagar comisiones y, en un negocio basado en precios bajos y grandes volúmenes, cada punto porcentual puede reducir un margen ya estrecho.
El anuncio no representa solamente un cambio operativo para una cadena de tiendas. También plantea una pregunta de fondo sobre el modelo de pagos que México quiere consolidar. Mientras las autoridades promueven la digitalización y el uso de medios electrónicos, miles de pequeños establecimientos siguen dependiendo del efectivo porque consideran costosa la instalación y operación de una terminal punto de venta. La controversia de Tiendas 3B muestra que la transición digital no depende únicamente de que existan tarjetas o aplicaciones, sino de que aceptarlas resulte económicamente viable para todos los participantes.
De la tienda de descuento al debate nacional
El formato hard discount, al que pertenece Tiendas 3B, compite con una lógica distinta a la de los supermercados tradicionales. Su propuesta se apoya en un catálogo más limitado, una operación austera, espacios de venta sencillos y una rotación rápida de productos. La reducción de costos se traslada al precio final, de modo que gastos aparentemente pequeños —una comisión bancaria, una renta más elevada o una merma adicional— adquieren relevancia cuando se multiplican por miles de operaciones.
La cadena ha ganado presencia en México y proyecta continuar su expansión durante 2026. Esa escala explica por qué su postura generó una conversación más amplia que la de una tienda independiente que decide no instalar una terminal. Cuando una empresa con una red creciente elige privilegiar el efectivo y CoDi, envía una señal al mercado: la aceptación universal de tarjetas no es necesariamente compatible con todos los modelos de bajo costo. También obliga a los consumidores a preguntarse si el precio anunciado en anaquel incorpora ya los costos de todos los medios de pago o si el comercio pretende trasladarlos después.
En términos empresariales, el razonamiento es comprensible. Las comisiones por transacción pueden ubicarse, según el tipo de tarjeta, contrato y servicio contratado, entre 2.5% y 6.5% del monto de la operación. Para una compra de 100 pesos, el cargo parece reducido; para un establecimiento con miles de ventas diarias, representa una salida constante de efectivo. El problema aparece cuando esa estructura se convierte en un recargo explícito para el cliente, una práctica que la regulación de protección al consumidor busca impedir.
La frontera entre costo empresarial y cobro indebido
La Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe que los establecimientos cobren cantidades adicionales por utilizar medios de pago electrónicos. La lógica jurídica es que el precio informado debe ser el precio exigible, sin penalizar al consumidor por pagar con tarjeta de crédito o débito. Además, los contratos que los comercios celebran con las instituciones responsables de las terminales suelen prohibir que la comisión de aceptación se transfiera directamente al usuario.
En la práctica, sin embargo, es frecuente encontrar anuncios como “se cobra 5% adicional por pagar con tarjeta” o precios distintos para efectivo y pago electrónico. La existencia de la comisión bancaria explica el comportamiento, pero no lo vuelve automáticamente válido. Hay una diferencia entre fijar de manera transparente una promoción o un precio general y añadir un cargo en el último momento, cuando el consumidor ya eligió el producto y se dispone a pagar.
Esta distinción es relevante porque la transparencia no resuelve por sí sola una práctica prohibida. Un recargo anunciado puede seguir siendo contrario a las reglas de protección al consumidor. Para los negocios, la alternativa legal no consiste en disfrazar la comisión con un cartel, sino en revisar su estructura de precios, negociar mejores condiciones con el adquirente o elegir soluciones de aceptación cuyo costo sea compatible con su volumen y margen.
También conviene separar las responsabilidades institucionales. La Procuraduría Federal del Consumidor puede atender denuncias relacionadas con precios, información y cobros indebidos. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros puede orientar sobre la relación con bancos y otros participantes financieros. El banco que proporcionó la terminal, por su parte, puede investigar si el comercio está incumpliendo las condiciones de su contrato y aplicar medidas que incluso podrían afectar la permanencia del dispositivo.
El efectivo sigue siendo la infraestructura dominante
El episodio revela una paradoja de la economía mexicana. El país cuenta con una banca digital más amplia, pagos instantáneos y una creciente oferta de billeteras electrónicas, pero el efectivo conserva un papel central. Más de 60% de las transacciones todavía se realizan con dinero físico, de acuerdo con las cifras citadas en el debate. Esa prevalencia no se explica únicamente por hábitos culturales: también refleja la informalidad, la desigual conectividad, la falta de confianza y el costo que para un pequeño negocio tiene aceptar pagos digitales.
Para una tiendita, una terminal no es sólo el aparato colocado junto a la caja. Puede implicar una cuenta bancaria, conectividad estable, comisiones por operación, conciliación de depósitos, atención a contracargos y obligaciones administrativas. En zonas con baja calidad de internet, un pago rechazado puede significar la pérdida de una venta. Si el margen del negocio es reducido, asumir todos esos costos puede ser más difícil que continuar con efectivo.
El efecto social de esta barrera es desigual. Un consumidor bancarizado, con saldo suficiente y acceso a una aplicación, puede utilizar CoDi o una transferencia. Otro usuario puede depender de una tarjeta de nómina, no portar efectivo o no tener un teléfono inteligente con conexión constante. Para el primero, la política de Tiendas 3B puede ser una molestia menor; para el segundo, puede limitar el acceso a una cadena que precisamente creció en zonas donde los precios bajos son determinantes.
CoDi ofrece una salida, pero no sustituye todo
El uso de CoDi permite a los comercios recibir transferencias sin enfrentar necesariamente la misma comisión asociada a una compra con tarjeta. En teoría, esto puede beneficiar al negocio y conservar un precio bajo para el comprador. También fortalece la competencia entre redes de pago, porque reduce la dependencia de las terminales tradicionales y aprovecha la infraestructura de las transferencias bancarias.
Pero CoDi no elimina todas las barreras. Requiere que el comprador tenga una cuenta compatible, un teléfono con la aplicación correspondiente y conectividad para autorizar la operación. Además, la experiencia puede ser menos inmediata que acercar una tarjeta o un dispositivo a una terminal. En una tienda con filas largas, cada paso adicional —abrir la aplicación, escanear un código y confirmar el monto— puede afectar la velocidad de atención.
La elección entre efectivo, tarjeta y transferencia tampoco es neutral para el comercio. El efectivo requiere contar, almacenar y trasladar dinero, además de enfrentar riesgos de robo y errores de caja. La tarjeta reduce parte de esos riesgos y deja un registro de las ventas, aunque introduce comisiones y posibles contracargos. CoDi puede reducir el costo de aceptación, pero exige que el ecosistema digital funcione de forma confiable. La decisión empresarial, por tanto, no debería medirse sólo por el porcentaje cobrado por cada operación, sino por el costo total de administrar cada forma de pago.
La presión sobre bancos y reguladores
Si más comercios adoptan la estrategia de Tiendas 3B, la discusión podría trasladarse de los consumidores a la estructura del mercado de pagos. Las instituciones financieras tendrían incentivos para ofrecer tarifas más competitivas a pequeños negocios, simplificar contratos y explicar con mayor claridad cuánto cuesta cada servicio. Una terminal que cobra una comisión elevada puede ser razonable para ciertos establecimientos por la seguridad y la rapidez que ofrece, pero resultar inviable para una tienda con tickets pequeños.
La competencia también dependerá de que las alternativas digitales no se conviertan en nuevos espacios de concentración. Si los comercios abandonan las tarjetas y se agrupan alrededor de unas cuantas plataformas de transferencia, el ahorro inicial podría compensarse después con dependencia tecnológica, fallas operativas o nuevas tarifas. El reto regulatorio consiste en promover opciones de bajo costo sin imponer a las empresas un sistema que desconozca sus necesidades operativas.
Para Profeco y las autoridades financieras, el caso refuerza la necesidad de vigilar dos frentes al mismo tiempo. El primero es que los consumidores no sean sorprendidos con recargos por pagar con tarjeta. El segundo es que las reglas de aceptación no terminen expulsando a las pequeñas empresas del sistema digital. Sancionar el cobro indebido es necesario, pero no suficiente si las condiciones económicas hacen que cada vez más comercios prefieran rechazar los pagos electrónicos.
Una disputa que definirá el comercio cotidiano
El consumidor conserva una herramienta inmediata: cancelar la compra cuando se le imponga un recargo y reportar el establecimiento ante el banco que opera la terminal o ante las autoridades correspondientes. Guardar el comprobante, fotografiar el aviso y registrar el monto cobrado puede ayudar a documentar la reclamación. No obstante, la responsabilidad no puede descansar exclusivamente en que cada persona conozca y defienda sus derechos en la caja.
La controversia de Tiendas 3B anticipa una etapa en la que los precios y los medios de pago estarán cada vez más vinculados. Si las tarjetas continúan encareciendo las operaciones de bajo monto, el efectivo conservará su dominio y la inclusión digital avanzará de forma desigual. Si los bancos, las plataformas y los reguladores consiguen reducir esos costos, los comercios podrán aceptar más opciones sin trasladar cargos ilegales al público.
El verdadero impacto de la medida no se medirá sólo por cuántos clientes paguen en efectivo o mediante CoDi. Se verá en la capacidad del mercado para ofrecer precios bajos sin excluir a quienes necesitan pagar electrónicamente, y en si la digitalización logra convertirse en una herramienta de eficiencia compartida, no en un costo que cada participante intenta pasar al siguiente.
