La segunda evaluación impuesta por la UNAM tras detectar irregularidades en su examen en línea convirtió el traslado a una sede de control en una nueva barrera de acceso. En Tijuana, familias procedentes de Coahuila, Tamaulipas y Ciudad de México relataron viajes de hasta 12 horas, conexiones aéreas y gastos que superaron los 15 mil o 22 mil pesos para que sus hijos pudieran presentar la prueba.
Una exclusión económica
Juan Antonio viajó desde Torreón con su hijo, aspirante a Física, después de que la institución notificara una nueva evaluación cuando ya tenían previstos otros arreglos en Ciudad de México. Además del transporte y hospedaje, el proceso implicó ausencias laborales, alimentación y la reorganización del cuidado familiar. Para muchos hogares, el examen no sólo exigió preparación académica: exigió liquidez inmediata.
El contraste entre los registros y la asistencia ilustra el alcance del problema. De 518 estudiantes previstos en Tijuana, una de las cuatro sedes habilitadas, sólo 69 acudieron al primer turno. Aunque esa cifra no determina por sí sola cuántos desistieron exclusivamente por razones económicas, las familias coinciden en que la asignación de sedes lejanas trasladó a los aspirantes un costo que no todos podían asumir.
Padres como Alejandro, llegado desde Tampico con su hija, aspirante a Ingeniería Aeroespacial, cuestionan que las decisiones centralizadas hayan ignorado las distancias y desigualdades territoriales. El caso revela una tensión de fondo: una medida diseñada para proteger la integridad de la admisión puede debilitar la equidad si no incorpora apoyos de traslado, alternativas regionales o mecanismos de evaluación accesibles.
Para quienes no lograron llegar, la exclusión no derivó necesariamente de un resultado académico. La ausencia de recursos para cubrir vuelos, estancia y tiempo fuera del trabajo pudo cerrar la puerta antes del examen. La UNAM enfrenta así el reto de corregir irregularidades sin convertir la verificación en un filtro económico adicional.
