La decisión del Gobierno de Javier Milei de flexibilizar el crédito en dólares para empresas no generadoras de divisas no es una corrección técnica menor: redefine una pieza sensible del sistema financiero argentino. Con el DNU 736/2026, la administración habilitó que depósitos en moneda extranjera puedan constituirse en cuentas a la vista y a plazo, y que esos fondos financien tanto a prestatarios con ingresos ligados al comercio exterior como a otras personas jurídicas bajo la normativa que fije el Banco Central. En términos prácticos, se amplía el universo de empresas potencialmente alcanzadas por una fuente de fondeo históricamente restringida.
La medida aparece en un momento en que el equipo económico busca algo más que crédito: busca dólares circulando dentro del circuito formal, más actividad y una señal de normalización hacia bancos, exportadores e inversores. El problema es que la expansión del crédito en moneda dura no resuelve por sí sola la fragilidad macroeconómica argentina; apenas la administra. Si la economía no logra sostener una trayectoria clara de acumulación de reservas y desinflación, el mayor acceso a financiamiento puede convertirse en una apuesta más sobre el tipo de cambio que sobre la inversión productiva.
El punto más relevante es que el Gobierno está intentando desarmar un tabú que nació de una experiencia concreta: prestar en dólares a firmas sin generación de divisas suele ser un negocio razonable solo en economías con moneda estable y mercados cambiarios profundos. En Argentina, ese antecedente está marcado por episodios donde la deuda en dólares terminó golpeando balances empresariales cuando el peso se devaluó de forma abrupta. El recuerdo de 2001, pero también el de las sucesivas crisis devaluatorias posteriores, explica por qué el sistema bancario y las compañías no miran esta apertura con entusiasmo automático. La historia enseña que cuando el ingreso está en pesos y la deuda en dólares, el riesgo de descalce no es teórico: se materializa rápido.
Hay, sin embargo, una lógica económica detrás del cambio. El Gobierno apuesta a que empresas con actividad doméstica pero cierta capacidad indirecta de acceso a divisas, o con cadenas de valor vinculadas al comercio exterior, puedan usar financiamiento en dólares para capital de trabajo, importaciones de insumos o proyectos de expansión. En un país donde una parte relevante de la estructura productiva depende de bienes intermedios importados, esta apertura podría aliviar cuellos de botella y acelerar decisiones postergadas. Para sectores como industria alimentaria, energía, química, maquinaria o logística, el acceso a crédito más barato en moneda dura puede resultar útil si el fondeo llega con plazos y condiciones compatibles con sus ciclos de negocio.
El primer efecto tangible será competitivo. Las empresas que sí puedan calzar ingresos en dólares tendrán una ventaja sobre aquellas que dependen casi exclusivamente del mercado interno. Esto puede profundizar una segmentación ya visible en la economía argentina: exportadores y firmas vinculadas a cadenas globales con mejores posibilidades de financiarse, frente a compañías puramente locales más expuestas al costo del dinero en pesos. Ese diferencial no es menor. Cuando el crédito en moneda dura se vuelve más accesible, la frontera entre sectores “bancables” y sectores “riesgosos” se ensancha, y el sistema tiende a privilegiar a las empresas con más capacidad de cobertura cambiaria.
Una segunda consecuencia se juega en los bancos. La nueva reglamentación les ofrece la posibilidad de intermediar depósitos en dólares con mayor flexibilidad, algo valioso en una plaza donde la liquidez en moneda extranjera suele estar condicionada por la prudencia regulatoria. Para el sistema financiero, la medida puede abrir margen de rentabilidad y ampliar el negocio de préstamos corporativos. Pero también eleva la necesidad de control prudencial. No alcanza con que haya depósitos en dólares; hace falta que los prestatarios tengan flujos suficientemente previsibles para repagar sin depender de una devaluación salvadora o de un rollover permanente. Si el Banco Central endurece demasiado los requisitos, la flexibilización quedará como una señal política sin tracción real. Si afloja en exceso, aumentará la exposición a un nuevo foco de vulnerabilidad.
El Gobierno, en este punto, ensaya una apuesta política además de financiera. Milei y Caputo intentan mostrar que la estabilización no implica congelar la actividad, sino crear condiciones para que el crédito vuelva a circular. Esa narrativa es importante porque el ajuste fiscal y monetario, por definición, comprime demanda y frena inversión en el corto plazo. Al habilitar financiamiento en dólares para más empresas, el oficialismo busca compensar parte del costo recesivo con una señal de confianza hacia el sector privado. El cálculo es claro: si el mercado cree que el régimen cambiario y monetario será más previsible, el crédito puede anticipar crecimiento. Si no lo cree, la apertura solo ampliará el apetito por cobertura sin transformar la producción.
La discusión entre empresarios no será uniforme. Para una firma exportadora, la medida puede ser una vía lógica de capitalización. Para una pyme con ventas en el mercado interno, el anuncio suena más lejano que práctico, porque asumir deuda en dólares sin ingresos dolarizados equivale a trasladar el riesgo cambiario al balance. En sectores con márgenes estrechos, una variación brusca del tipo de cambio puede borrar la utilidad de varios trimestres. Tampoco los sindicatos observarán la medida con neutralidad: si la flexibilización termina favoreciendo solo a compañías grandes o vinculadas al comercio exterior, la creación de empleo podría concentrarse en segmentos ya relativamente sólidos, sin derrame amplio sobre el mercado laboral.
Hay un argumento adicional que conviene no perder de vista. La apertura del crédito en dólares puede ayudar a descomprimir la escasez de capital de trabajo, pero no corrige el problema de fondo de la economía argentina: la falta de una moneda confiable. Mientras los contratos de largo plazo sigan requiriendo cobertura en divisas, el crédito en dólares funcionará como sustituto de una arquitectura monetaria todavía incompleta. Esa es la razón por la que la medida puede ser útil en el corto plazo y, al mismo tiempo, insuficiente en el mediano. Sin una reducción sostenida del riesgo país, una normalización del mercado cambiario y una acumulación estable de reservas, el crédito en dólares seguirá siendo una herramienta parcial, no una solución estructural.
El escenario más probable es una adopción cautelosa. Los bancos no van a expandir masivamente el fondeo si perciben ambigüedad regulatoria o si el contexto macro vuelve a tensionarse. Las empresas, por su parte, tenderán a probar primero con montos acotados y destinos específicos, especialmente donde el ingreso en divisas pueda verificarse de manera indirecta. Si la economía mantiene la desaceleración inflacionaria y el Gobierno conserva disciplina fiscal, la medida puede ganar profundidad durante 2026 y convertirse en un instrumento de financiamiento corporativo más estable. Si reaparecen dudas sobre el tipo de cambio o sobre la consistencia del programa, la demanda se moverá hacia cobertura, no hacia inversión.
El riesgo político también es real. Una flexibilización como esta puede ser leída por parte de la oposición y de analistas críticos como una transferencia de beneficios al sector corporativo dolarizado, sin una mejora equivalente para el tejido productivo más débil. Esa crítica no es descartable. El éxito de la medida dependerá de si logra algo más que ampliar un instrumento financiero: tiene que demostrar que no favorece únicamente a quienes ya están mejor posicionados para operar en moneda dura. Si el crédito en dólares termina concentrándose en pocos sectores y sin derrame sobre empleo, exportaciones o inversión, el Gobierno habrá ganado una herramienta, pero no una transformación.
