Más de 1,2 millones de micro, pequeñas y medianas empresas hondureñas enfrentarían serias dificultades para mantenerse activas, según la advertencia del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Karim Qubain. La cifra, que debe interpretarse a la luz de las estadísticas oficiales y de la posible inclusión de negocios informales o unidades de muy distinta escala, revela de todos modos la magnitud de un problema estructural: miles de emprendimientos nacen sin suficientes reservas financieras, conocimientos administrativos ni acceso estable a mercados.
La preocupación no se limita a la supervivencia de cada negocio. Las mipymes constituyen una fuente decisiva de empleo y de ingresos para numerosos hogares, especialmente en actividades como comercio, servicios, agricultura, manufactura, turismo y transporte. Cuando una empresa pequeña cierra, el efecto puede extenderse al propietario, sus trabajadores, proveedores y clientes. En zonas donde existen pocas alternativas laborales formales, la desaparición de estos negocios puede aumentar la informalidad y profundizar la vulnerabilidad económica de las familias.
Un motor económico con bases frágiles
El peso de las mipymes en la economía hondureña produce una paradoja. Su amplia presencia les permite sostener el consumo local y generar oportunidades de trabajo con una inversión inicial relativamente baja, pero esa misma fragmentación limita su capacidad para absorber aumentos de costos, negociar con proveedores o resistir períodos prolongados de ventas débiles. Una empresa grande puede distribuir riesgos entre varias líneas de negocio; un pequeño establecimiento suele depender de un solo local, una reducida cartera de clientes y el ingreso diario.
La advertencia de que muchos emprendimientos no sobreviven más de seis meses o un año apunta a una etapa especialmente delicada. Durante los primeros meses, el negocio todavía está probando su producto, construyendo una clientela y ajustando sus costos. Si en ese período debe afrontar alquileres elevados, tarifas eléctricas crecientes, impuestos, permisos y otros gastos fijos, cualquier caída de ingresos puede agotar rápidamente el capital inicial. El problema no necesariamente es la falta de voluntad empresarial, sino una estructura de costos que deja poco margen para aprender y corregir.
Este escenario también tiene una dimensión territorial. Las empresas de las principales ciudades pueden encontrar más clientes, proveedores e instituciones de apoyo, mientras que los negocios rurales o ubicados en comunidades con menor conectividad enfrentan mercados reducidos y mayores costos logísticos. La brecha entre regiones puede ampliarse si los programas de financiamiento y capacitación se concentran en los centros urbanos y no consideran las características productivas de cada departamento.
El crédito puede impulsar o acelerar el deterioro
El acceso al financiamiento aparece como uno de los principales cuellos de botella. Muchos emprendedores no cuentan con garantías, historial crediticio o documentación contable suficiente para cumplir los requisitos de las instituciones financieras. Otros sí logran obtener recursos, pero bajo condiciones que comprometen una parte excesiva de sus ingresos. En ambos casos, la falta de crédito limita la compra de equipos, la contratación de personal, la renovación de inventarios y la expansión hacia nuevos mercados.
Un sistema financiero más accesible podría producir efectos positivos en cadena. Un préstamo destinado a capital de trabajo puede evitar interrupciones en la operación; una inversión en maquinaria puede elevar la productividad; y un crédito para digitalización puede mejorar la facturación, la gestión de inventarios y la relación con los clientes. Sin embargo, prestar sin evaluar la capacidad real de pago también puede agravar la fragilidad del sector. Si el financiamiento se entrega sin acompañamiento técnico, algunos negocios podrían terminar sobreendeudados, utilizando nuevos préstamos para cubrir gastos anteriores en lugar de generar ingresos adicionales.
La respuesta, por tanto, no debería medirse únicamente por el número de créditos aprobados. También sería necesario observar las tasas de interés, los plazos, los períodos de gracia, las garantías exigidas y la proporción de empresas que logra mantenerse operativa después de recibir apoyo. Los programas públicos o privados que subsidien parte del riesgo podrían facilitar el acceso, pero deben contar con criterios transparentes para evitar favoritismos, desvío de recursos o concentración de beneficios en empresas que ya tienen mayor capacidad de gestión.
Costos, trámites e informalidad forman un círculo difícil
Los gastos de alquiler, electricidad e impuestos reducen directamente el margen de ganancia. Cuando una empresa pequeña no puede trasladar esos aumentos al precio final porque sus clientes tienen un presupuesto limitado, la presión se refleja en menores utilidades, reducción de personal o deterioro de la calidad. Si el propietario decide operar fuera de la formalidad para evitar ciertos costos y trámites, puede reducir sus gastos inmediatos, pero también pierde acceso a crédito, contratos institucionales, seguridad social y mecanismos legales para proteger su actividad.
La burocracia tiene un efecto similar. La formalización puede abrir puertas a mercados más amplios y mejorar la recaudación, pero si los procedimientos son lentos, costosos o poco claros, se convierten en un incentivo para permanecer al margen. El desafío consiste en simplificar los procesos sin eliminar controles básicos sobre seguridad, tributación, condiciones laborales y protección del consumidor. Una reducción indiscriminada de requisitos podría beneficiar a ciertos negocios en el corto plazo, pero también generar competencia desleal y riesgos para trabajadores y clientes.
La elevada informalidad dificulta además conocer con precisión el tamaño y las necesidades del sector. Si las mediciones mezclan empresas registradas, trabajadores por cuenta propia y actividades ocasionales, las políticas pueden diseñarse sobre estimaciones poco comparables. Para distribuir recursos de manera eficiente, Honduras necesita mejorar sus registros empresariales y diferenciar las necesidades de un emprendimiento de subsistencia, una empresa familiar consolidada y una mipyme con potencial de crecimiento.
El acompañamiento puede cambiar la tasa de supervivencia
La capacitación promovida por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés durante la última década representa una vía de apoyo con potencial, sobre todo si combina formación con asesoría personalizada. Muchos cierres tempranos se relacionan con errores en la fijación de precios, falta de control del flujo de caja, compras excesivas de inventario o ausencia de una estrategia comercial. La asistencia técnica puede ayudar a identificar esos problemas antes de que se conviertan en pérdidas irreversibles.
No obstante, los programas de capacitación enfrentan sus propios límites. Un curso general no garantiza que el participante disponga de tiempo, recursos o condiciones de mercado para aplicar lo aprendido. La formación debe adaptarse al nivel educativo, al sector productivo y a la ubicación de cada empresa. También convendría evaluar resultados concretos: aumento de ventas, mejora de productividad, formalización, acceso responsable a financiamiento y permanencia después de uno o dos años. Sin medición, el apoyo corre el riesgo de convertirse en una sucesión de talleres sin impacto verificable.
Las universidades pueden contribuir con asesorías contables, estudios de mercado, innovación tecnológica y prácticas profesionales. La empresa privada, por su parte, puede incorporar a pequeños proveedores en sus cadenas de suministro, siempre que existan reglas claras de pago y estándares alcanzables. Esta conexión sería especialmente relevante porque una mipyme que logra vender a empresas medianas o grandes obtiene una demanda más previsible, aunque también debe mejorar su calidad, puntualidad, facturación y capacidad de cumplimiento.
La política pública deberá evitar soluciones de corto alcance
Ante el deterioro de los márgenes empresariales, el Gobierno podría enfrentar presiones para ofrecer subsidios, exoneraciones o programas de emergencia. Estas medidas pueden ser útiles durante una crisis concreta, pero si se prolongan sin una estrategia de productividad pueden crear dependencia fiscal y beneficiar de manera desigual a los negocios. El apoyo más sostenible combinaría simplificación administrativa, reglas tributarias previsibles, infraestructura confiable, acceso digital y mecanismos de financiamiento adecuados al ciclo de cada actividad.
La energía merece atención particular porque afecta tanto a comercios como a talleres, restaurantes, pequeñas fábricas y empresas agrícolas con sistemas de refrigeración o bombeo. Un aumento sostenido de las tarifas puede encarecer toda la cadena de producción y alimentar la inflación. Al mismo tiempo, mantener precios artificialmente bajos sin resolver los problemas de generación, distribución y pérdidas del sistema puede trasladar el costo al presupuesto público o provocar deterioro del servicio. Cualquier reforma debe considerar la continuidad del suministro y la capacidad de pago de los usuarios productivos.
También existe un riesgo macroeconómico. Si cierran numerosas mipymes, puede caer el empleo, reducirse la recaudación y debilitarse el consumo interno. La respuesta de los hogares podría ser aceptar trabajos más precarios o retirar a jóvenes de la educación para complementar ingresos. Pero el impacto no sería necesariamente uniforme: algunas empresas con modelos digitales, nichos especializados o capacidad de exportación podrían crecer mientras otras desaparecen. Esa reorganización puede elevar la productividad en ciertos sectores, aunque dejaría atrás a quienes no tengan conectividad, capital o formación.
La cifra exige seguimiento y resultados comprobables
La referencia a más de 1,2 millones de mipymes debe ser examinada con datos actualizados, definiciones consistentes y separación entre empresas activas, registradas e informales. Una cifra amplia puede servir para dimensionar la preocupación, pero no basta para establecer cuántas unidades están realmente en riesgo, qué porcentaje enfrenta problemas de liquidez o cuáles son los sectores más afectados. Las decisiones públicas requieren un diagnóstico desagregado por tamaño, región, actividad, género, edad del propietario y nivel de formalización.
El futuro del sector dependerá de que el respaldo anunciado se traduzca en mejores condiciones operativas, no solo en declaraciones o nuevos programas. Una política eficaz debería permitir que una empresa viable sobreviva su etapa inicial, eleve su productividad y avance gradualmente hacia la formalidad. Para ello serán decisivos el crédito responsable, la reducción de trámites, la capacitación vinculada a resultados y una coordinación real entre autoridades, bancos, cámaras empresariales y universidades. Mientras esos elementos no se integren, las mipymes seguirán siendo indispensables para el empleo hondureño, pero también estarán expuestas a que cualquier aumento de costos o caída de la demanda las expulse del mercado.
