Las micro, pequeñas y medianas empresas de Honduras enfrentan una combinación de costos y riesgos que está debilitando su capacidad para operar: facturas eléctricas elevadas, interrupciones del servicio y cobros de extorsión. Representantes del sector aseguran que algunos emprendedores han cerrado locales, reducido sus actividades o trasladado sus negocios a sus viviendas para disminuir gastos fijos y limitar su exposición a las amenazas.
José Castañeda, representante de las Mipymes, advirtió que la presión es especialmente fuerte para los establecimientos que dependen de la refrigeración permanente, entre ellos restaurantes, comedores, carnicerías y pequeños comercios de alimentos. En estos negocios, un corte de energía no implica únicamente detener las ventas durante varias horas: también puede provocar la pérdida inmediata de productos perecederos.
Cuando un apagón se convierte en pérdida
La interrupción del suministro afecta directamente la cadena de frío. Carnes, lácteos y otros alimentos pueden deteriorarse si permanecen demasiado tiempo fuera de las condiciones adecuadas de conservación. El comerciante debe asumir entonces el costo del inventario perdido, además de mantener compromisos como alquileres, salarios, impuestos, transporte y servicios básicos.
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica estableció para el tercer trimestre de 2026 una tarifa de 6,4693 lempiras por kilovatio hora para el servicio general en baja tensión, categoría en la que se encuentran distintos establecimientos comerciales. El monto final que paga cada negocio depende de su consumo y de otros componentes de la facturación, pero para una empresa con márgenes reducidos incluso un aumento moderado puede alterar su equilibrio financiero.
Castañeda sostiene que algunos propietarios terminan cubriendo la planilla y los gastos de operación sin obtener prácticamente utilidad. La situación resulta más delicada cuando el consumo eléctrico es estructuralmente alto, como ocurre con los negocios que deben mantener refrigeradores, congeladores, vitrinas o equipos de cocina en funcionamiento continuo.
La tarifa no explica toda la crisis energética
El debate sobre la electricidad no se limita al precio por kilovatio hora. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica continúa enfrentando elevados niveles de pérdidas, un problema que deteriora sus finanzas y limita su capacidad para garantizar un servicio estable. En su revisión de 2026, el Fondo Monetario Internacional señaló que las pérdidas eléctricas seguían siendo uno de los principales factores detrás de las dificultades financieras de la empresa estatal y situó en 33,2% la meta prevista para junio.
Para las Mipymes, las consecuencias de esa fragilidad se expresan en tres frentes relacionados: incertidumbre sobre el costo de la energía, interrupciones que pueden afectar las ventas y una calidad del suministro que obliga a algunos negocios a considerar equipos de respaldo. Sin embargo, adquirir un generador, instalarlo y asumir el combustible o el mantenimiento suele estar fuera del alcance de una microempresa. La posibilidad de proteger la operación frente a los apagones queda así condicionada por el tamaño y el capital disponible.
El sector empresarial espera que las reformas energéticas discutidas en el Congreso permitan reducir costos y mejorar la continuidad del servicio. Las diferencias políticas, no obstante, han retrasado una decisión definitiva. Mientras no haya medidas con efectos verificables sobre las pérdidas y la calidad del suministro, las empresas pequeñas seguirán absorbiendo buena parte del impacto de las deficiencias del sistema.
La extorsión añade un costo fuera de los balances
A la factura eléctrica se suma una presión que no aparece en los estados financieros formales: el pago exigido por estructuras dedicadas a la extorsión. Castañeda afirmó que comerciantes continúan cerrando o abandonando sus establecimientos debido a amenazas. No presentó una cifra nacional de cierres y reconoció que no existen estadísticas oficiales que permitan cuantificar con precisión el alcance del fenómeno entre las Mipymes.
Las autoridades, sin embargo, mantienen operativos contra redes que cobran dinero a comerciantes, transportistas y otros sectores. En marzo, la Policía informó sobre la desarticulación de una estructura que utilizaba billeteras electrónicas y operaba en ocho departamentos. Según la institución, la red había obtenido varios millones de lempiras mediante cobros extorsivos.
En julio, el Ministerio Público y la Policía Nacional anunciaron una estrategia conjunta para reforzar las investigaciones, rastrear el movimiento del dinero y enfrentar nuevas modalidades de extorsión. El uso de medios electrónicos para recibir pagos plantea un desafío adicional: permite a las redes diversificar sus mecanismos de cobro y dificulta que las víctimas identifiquen el destino final de los recursos.
Un problema de supervivencia empresarial
La vulnerabilidad de las microempresas está vinculada a su limitada capacidad para absorber imprevistos. Una compañía grande puede distribuir riesgos entre varios locales, contratar seguros, instalar generadores o negociar mejores condiciones con proveedores. Un negocio familiar, en cambio, suele depender de un único punto de venta y operar con un margen estrecho entre ingresos y gastos.
Cuando a una factura elevada se agregan alimentos dañados por un apagón, el alquiler de un local, los salarios y un pago ilegal exigido bajo amenaza, la actividad puede dejar de ser sostenible en poco tiempo. Trasladar el negocio a la vivienda permite eliminar o reducir el alquiler y algunos costos fijos, pero también puede disminuir la visibilidad comercial, el espacio disponible, la formalidad de la operación y las posibilidades de crecimiento.
El impacto tampoco se limita al propietario. El cierre de una pequeña empresa puede traducirse en la pérdida de empleos, una reducción de los ingresos familiares y menos actividad económica en el barrio o la comunidad. La advertencia del sector apunta, por tanto, a una dificultad más amplia: formalizar un negocio no garantiza que pueda mantenerse abierto cuando los costos de operar legalmente aumentan al mismo tiempo que crecen los riesgos asociados a la inseguridad.
Para revertir esa tendencia, las Mipymes necesitan respuestas coordinadas. Mejorar el suministro eléctrico y reducir las pérdidas de la ENEE podría aliviar costos y evitar daños al inventario, mientras que una investigación eficaz de la extorsión permitiría reducir la presión criminal sobre los comerciantes. Sin avances simultáneos en ambos ámbitos, vender más seguirá sin traducirse necesariamente en ganar más, y abrir un negocio continuará siendo más sencillo que sostenerlo en funcionamiento.
