La persistencia del dinero en efectivo en México no puede explicarse únicamente por la falta de teléfonos inteligentes, conectividad o acceso a los servicios financieros. Un estudio de México Evalúa, publicado por El Universal bajo el título Digitalizar para crecer. El reto de transformar los pagos en México, muestra una contradicción central: 86% de la población utiliza internet, 97% de los internautas se conecta mediante un teléfono inteligente y 77% de los adultos posee al menos un producto financiero formal, pero 95% declara que usa efectivo habitualmente para sus gastos cotidianos.
La brecha entre disponibilidad tecnológica y comportamiento de pago se vuelve más evidente cuando se observa el tamaño de las compras. El efectivo es utilizado por 85% de las personas en operaciones menores a 500 pesos y todavía concentra 74% de las transacciones que superan ese monto. La cifra descarta la idea de que los billetes y las monedas sobreviven únicamente en pagos pequeños o entre personas alejadas del sistema financiero. El efectivo también domina compras de mayor valor, incluso en hogares que cuentan con conexión a internet y algún vínculo con la banca formal.
La paradoja no está en el acceso, sino en la utilidad percibida
El dato más revelador del estudio no es la proporción de usuarios de internet, sino la razón por la que muchos consumidores siguen eligiendo el dinero físico. El 95% afirma estar plenamente acostumbrado al efectivo y 52% considera que pagar con billetes es más rápido y práctico. Otro 13% percibe que ofrece mayor seguridad que los medios digitales. En otras palabras, la resistencia no se origina necesariamente en el desconocimiento de la tecnología, sino en una comparación cotidiana de costos, tiempos, confianza y control.
Para un consumidor que compra en una tienda de barrio, paga un transporte o adquiere mercancía en un mercado, la operación en efectivo suele ser directa: entrega el dinero, recibe el cambio y termina la transacción. El pago digital, en cambio, depende de que el comercio tenga una terminal o un código QR funcional, de que exista señal, de que el cliente recuerde sus credenciales y de que la operación sea aprobada. Una falla de conectividad o una comisión inesperada convierte una herramienta supuestamente moderna en una experiencia más lenta e incierta.
Esta comparación explica por qué la simple expansión de teléfonos inteligentes no garantiza la digitalización de los pagos. El dispositivo puede estar presente, pero la infraestructura de aceptación debe funcionar en el punto exacto de la compra. También debe existir confianza en que el dinero llegará a su destinatario, que la aplicación no sufrirá una interrupción y que cualquier cargo indebido podrá ser reclamado. La inclusión digital, por tanto, no equivale automáticamente a inclusión transaccional.
El comportamiento de los comercios refuerza el círculo. Ocho de cada diez establecimientos aceptan efectivo, mientras que entre los negocios que no ofrecen alternativas electrónicas, 29% señala que sus clientes no las solicitan. La explicación parece sencilla, pero revela una dinámica de dependencia mutua: los consumidores no piden pagos digitales porque no los consideran necesarios y los pequeños comercios no invierten en ellos porque no observan una demanda suficiente.
El pequeño comercio enfrenta una ecuación más compleja que la del consumidor
Para las grandes cadenas, aceptar tarjetas, transferencias o códigos QR forma parte de una estrategia de ventas, trazabilidad y fidelización. Para una tiendita o un puesto ambulante, la decisión puede implicar costos de instalación, renta o mantenimiento de una terminal, comisiones por operación, obligaciones administrativas y exposición a contracargos o fraudes. La diferencia de escala es decisiva: una comisión marginal para una cadena puede representar una reducción significativa del margen para un negocio que opera con ventas diarias limitadas.
El efectivo también ofrece a ciertos comercios una forma de administrar la liquidez de manera inmediata. El dinero recibido puede utilizarse para reponer inventario o cubrir gastos del mismo día sin depender de los tiempos de liquidación de una plataforma. Esa ventaja operativa ayuda a explicar su presencia en mercados, transporte público y ventas informales, aunque al mismo tiempo limita la generación de registros que podrían facilitar el acceso a crédito, seguros y otros servicios.
El costo de esta situación se distribuye de manera desigual. El consumidor obtiene rapidez y una percepción de control, pero pierde herramientas como el historial automatizado de gastos, la posibilidad de disputar una operación o el acceso a productos financieros basados en sus movimientos. El comercio evita costos y complejidad inmediatos, pero permanece fuera de circuitos formales que podrían ayudarlo a crecer. La economía, por su parte, conserva grandes volúmenes de operaciones difíciles de medir y gravar, lo que reduce la capacidad de diseñar políticas públicas con información precisa.
Digitalizar por obligación podría aumentar la exclusión
El primer punto de análisis es que una transición acelerada y obligatoria podría producir el efecto contrario al buscado. Si una autoridad o una cadena comercial restringiera el efectivo sin asegurar conectividad, infraestructura de aceptación y mecanismos de reclamación, los más afectados serían precisamente quienes operan en los márgenes del sistema financiero: personas con ingresos variables, adultos mayores, habitantes de zonas con servicio irregular y trabajadores que utilizan cuentas básicas o no disponen de ellas.
El efectivo tiene defectos evidentes. Puede perderse, facilita ciertos delitos, dificulta la trazabilidad y no construye por sí mismo un historial financiero. Sin embargo, sigue siendo un instrumento universal, no requiere batería ni contraseña y permite liquidar una deuda sin exponer datos personales a una plataforma. El debate serio no consiste en idealizarlo, sino en reconocer que sus funciones no han sido sustituidas de manera equivalente por las opciones digitales.
La experiencia de algunos países que han reducido drásticamente el uso de billetes muestra que la transformación depende de condiciones institucionales específicas: sistemas interoperables, alta confianza en los bancos, conectividad estable, protección eficaz al usuario y costos reducidos. Trasladar ese modelo a México sin atender las diferencias regionales y sociales supondría confundir una meta estadística con una solución de inclusión.
La seguridad puede convertirse en el principal freno
El 13% que percibe mayor seguridad en el efectivo representa una minoría frente al grupo que valora su rapidez, pero su importancia puede crecer si aumentan los fraudes digitales. Una transferencia equivocada, el robo de credenciales, una suplantación de identidad o un cargo no reconocido pueden generar daños difíciles de resolver para usuarios con poca experiencia financiera. La percepción de seguridad no depende solo de la tecnología de cifrado: depende de la respuesta del banco, de la claridad de los procedimientos y de la posibilidad real de recuperar el dinero.
Existe aquí una tensión entre trazabilidad y privacidad. Para las autoridades, más pagos digitales pueden ayudar a detectar operaciones ilícitas, mejorar la recaudación y reducir la economía informal. Para los usuarios, cada transacción registrada puede representar una exposición adicional de sus hábitos de consumo y de sus datos. Si el proceso de digitalización se comunica únicamente como una herramienta de vigilancia o control fiscal, puede profundizar la desconfianza, sobre todo entre pequeños negocios que ya asocian la formalidad con mayores cargas.
La seguridad también tiene una dimensión técnica. Multiplicar aplicaciones, terminales y códigos QR sin estándares comunes puede crear un ecosistema fragmentado, difícil de entender y vulnerable a engaños. Un código alterado en un establecimiento o una liga enviada por un supuesto vendedor puede desviar un pago en segundos. La expansión cuantitativa de los medios digitales, sin educación financiera y sin supervisión efectiva, no equivale a un sistema más seguro.
El verdadero reto es construir una red de aceptación confiable
La propuesta de México Evalúa apunta a una estrategia menos coercitiva: reducir los costos operativos para los pequeños negocios, crear plataformas interoperables y sencillas, reforzar la ciberseguridad, ampliar la conectividad y diseñar incentivos claros para comerciantes y usuarios. La lógica es consistente. El consumidor cambia de hábito cuando la nueva opción resuelve mejor una necesidad concreta; no cuando se le informa que existe.
La interoperabilidad resulta especialmente importante. Un negocio pequeño no puede asumir que cada cliente utiliza la misma aplicación o que debe contratar múltiples servicios para recibir pagos. Un sistema en el que una cuenta bancaria, una billetera digital y una plataforma de pagos puedan operar entre sí reduciría la fricción y evitaría que la competencia tecnológica se traduzca en barreras para los comercios. La simplicidad de la experiencia debe medirse en el mostrador, no en las presentaciones de los proveedores.
Los incentivos también deben estar bien calibrados. Descuentos temporales, menores comisiones o beneficios fiscales pueden estimular las primeras operaciones, pero no garantizan la permanencia del hábito. Para que un comerciante continúe aceptando pagos digitales, debe percibir que aumentan sus ventas, mejoran su administración o facilitan su acceso al crédito. Para el cliente, la ventaja puede estar en la rapidez, la posibilidad de pagar a distancia o la protección ante una disputa. Los incentivos deben vincularse con esos beneficios verificables y no limitarse a campañas de adopción.
La formalización no llegará automáticamente con un código QR
Un segundo punto de análisis es que la digitalización puede favorecer la formalización, pero no la produce por sí sola. Registrar una venta no resuelve los problemas de renta, permisos, seguridad, acceso a proveedores o falta de capital que enfrentan las mipymes. Si cada pago electrónico genera obligaciones fiscales sin ofrecer servicios equivalentes, el comerciante puede considerar que aceptar efectivo es una forma de supervivencia y no una resistencia al progreso.
La relación entre pagos digitales y crédito sí ofrece una oportunidad relevante. Un historial de ventas, siempre que sea propiedad del negocio y se utilice con reglas claras, podría ayudar a evaluar ingresos reales y abrir productos financieros para empresas que hoy carecen de garantías o estados contables formales. Pero ese beneficio requiere protección de datos, transparencia sobre los criterios de evaluación y tasas razonables. De lo contrario, la información transaccional se convertirá en un activo de las plataformas sin traducirse en mejores condiciones para el comercio.
También deben considerarse los trabajadores y proveedores que reciben pagos en efectivo. La migración hacia cuentas digitales puede facilitar depósitos, comprobantes y acceso a servicios financieros, pero puede ser problemática cuando existen comisiones por retiro, sucursales lejanas o fallas en la apertura de cuentas. La bancarización real incluye la posibilidad de usar el dinero sin pagar costos desproporcionados y de contar con efectivo cuando sea necesario.
Una transición gradual, regional y medible
Las próximas etapas de la política de pagos deberían abandonar los indicadores centrados únicamente en el número de cuentas abiertas o teléfonos conectados. El dato decisivo será cuántas personas pueden completar una operación digital de principio a fin, cuántos comercios la aceptan con costos sostenibles, cuánto tardan las liquidaciones y qué ocurre cuando una transacción falla. Sin esa medición, la expansión de productos financieros puede esconder un uso ocasional o puramente nominal.
Es razonable esperar un crecimiento de las transferencias y los pagos digitales en ciudades, cadenas comerciales y servicios con mayor formalización. Los jóvenes conectados, las compras a distancia y las plataformas de entrega seguirán empujando esa tendencia. Sin embargo, el efectivo conservará una presencia amplia en sectores donde el valor principal sea la inmediatez, el bajo costo y la aceptación universal. La coexistencia de ambos medios será más probable que una sustitución rápida.
El riesgo principal para bancos, fintech y autoridades consiste en interpretar el 95% como una cifra de atraso cultural y no como una señal sobre las deficiencias del mercado. Mientras el efectivo sea más fácil, más conocido y, para muchos, menos riesgoso que una alternativa digital, seguirá ganando la decisión en el punto de venta. México no necesita declarar una guerra a los billetes; necesita hacer que las opciones electrónicas sean confiables, baratas, interoperables y útiles para quienes hoy no encuentran una razón suficiente para cambiar.
