Javier Milei llegó al poder con una promesa clara: frenar la inflación, ordenar las cuentas públicas y devolverle previsibilidad a una economía acostumbrada a los sobresaltos. Dos años después, puede exhibir avances en los dos primeros frentes, pero enfrenta un costo político cada vez más difícil de ocultar: la destrucción de empleo formal. En la Argentina de Milei, la macro empieza a estabilizarse mientras el mercado de trabajo sigue empeorando para quienes dependen de un salario registrado, aportes previsionales y cobertura médica. Esa combinación explica por qué la discusión dejó de girar solo en torno a los precios y pasó a centrarse en la capacidad real de la economía para sostener ingresos y ocupación.
El dato central es contundente. Desde que asumió, el país perdió 241.000 empleos asalariados privados, una caída del 4% del total, y el sector público recortó otros 73.000 puestos. Al mismo tiempo, el número de empleadores privados bajó a 482.000, el nivel más bajo desde 2007. No se trata solo de una recesión coyuntural: la base empresarial también se está achicando. Cuando menos firmas sobreviven, la destrucción de empleo deja de ser un efecto secundario y pasa a describir un problema de estructura productiva, con consecuencias más persistentes para la inversión, la recaudación y la movilidad social.
La lectura más importante quizá no sea que la economía crece sin crear empleo, sino que ese crecimiento está concentrado en sectores con poca capacidad de arrastre. La provincia de Neuquén, impulsada por energía, es la única que sumó empresas durante el mandato de Milei, según Equilibra. Eso revela una economía partida: polos dinámicos que avanzan por factores muy específicos y una extensa periferia que no logra reconvertirse. La promesa de que los trabajadores saldrían de actividades rezagadas para entrar en sectores más competitivos no se está cumpliendo. La transición no falla por falta de diagnóstico, sino por la velocidad y la profundidad del ajuste, que destruyen capacidad instalada antes de que aparezcan empleos alternativos.
Esa tensión se ve con nitidez en las empresas medianas y tecnológicas. Patricio Pagani, dueño de The Black Puma, duplicó su plantilla hasta unos 40 empleados desde la pandemia, pero ahora enfrenta una ecuación distinta: salarios en dólares que se duplicaron desde la llegada de Milei y márgenes más estrechos. Su respuesta no es despedir de inmediato, sino mirar hacia afuera: contratar en Brasil y expandirse a Colombia. Ese movimiento tiene implicancias más amplias. Cuando una firma que todavía crece decide buscar empleo fuera de Argentina, la pérdida no es solo local; también se fuga capacidad de aprendizaje, redes de proveedores y oportunidades de carrera para perfiles calificados.
La economía formal ya muestra una tasa de desempleo del 7,8%, pero el número más elocuente es otro: la informalidad representa el 44% de la fuerza laboral. Ese mercado paralelo amortigua el golpe social, aunque lo hace degradando calidad del empleo. La informalidad no equivale a dinamismo, sino a supervivencia. En términos prácticos, cada punto que migra desde el empleo registrado hacia el no registrado reduce aportes, debilita la protección social y empuja a millones a vivir con ingresos más irregulares. El sistema gana flexibilidad aparente, pero pierde densidad institucional y capacidad de crecimiento sostenible.
Hay aquí una segunda conclusión que conviene subrayar: el problema no es solo cuánto empleo se destruye, sino qué tipo de empleo se pierde. La salida de puestos formales tiene un efecto multiplicador negativo porque golpea el consumo, el crédito y el tejido de proveedores. La construcción cae por menos obra pública y tarifas más altas; el comercio siente menor ingreso disponible; la industria tradicional enfrenta competencia externa en un contexto de apertura rápida; y hasta sectores que el gobierno considera ganadores, como petróleo, minería y tecnología, muestran contrataciones estancadas o en retroceso. Es decir, el ajuste mejora precios relativos, pero todavía no logra convertir esa mejora en un ciclo robusto de contratación privada.
El deterioro ya reordenó la agenda política. Durante un año, el desempleo superó a la inflación como principal preocupación económica de los votantes, y la aprobación de Milei ronda el 37%, cerca de su piso. La comparación con Carlos Menem es útil pero limitada: Menem fue reelegido en 1995 con desempleo alto, sí, pero con inflación casi extinguida. Hoy los economistas proyectan cerca de 20% para el próximo año. Milei todavía carga con una economía que, aunque más ordenada, no ofrece una sensación clara de prosperidad cotidiana. Y para el votante medio la estabilidad estadística no reemplaza la ansiedad de no llegar a fin de mes.
Ahí aparece una tercera lectura, menos visible pero decisiva: el gobierno está corriendo el riesgo de ganar la batalla antiinflacionaria y perder la legitimidad social necesaria para sostenerla. La política económica de Milei necesita tiempo para que la inversión privada tome el relevo del gasto público, pero ese tiempo es políticamente escaso. Cuando el salario formal se achica, la promesa de futuro se vuelve abstracta y el electorado empieza a medir la gestión por su impacto inmediato en trabajo, consumo y seguridad material. En otras palabras, la inflación deja de ser el único termómetro porque el empleo se convierte en la prueba concreta de si la estabilización sirve para algo más que para ordenar balances.
Los testimonios recogidos en el mercado laboral refuerzan esa tensión. Sergio Moreno, desde un programa de formación en oficios, recibió más de 3.500 solicitudes para 700 plazas, un salto del 40% interanual. Rubén Barboza, desempleado desde que cerró la fábrica donde trabajaba, encarna la otra cara del ajuste: capacitación repetida, 30 búsquedas sin respuesta y una dependencia creciente del ingreso de su esposa. Son casos distintos, pero convergen en un mismo patrón: la población está activando estrategias de emergencia para sostenerse mientras el mercado formal no absorbe ni a trabajadores industriales ni a perfiles intermedios. Cuando hasta la formación laboral se satura de demanda, el problema deja de ser individual y pasa a ser sistémico.
La disputa entre el gobierno y sus críticos no gira solo en torno a si el ajuste era necesario. La pregunta de fondo es qué tipo de transición productiva está construyendo. Los defensores de Milei sostienen que sin orden fiscal y monetario no habrá inversión ni empleo genuino; los detractores responden que el costo social está siendo tan alto que la futura recuperación nacerá debilitada. Ambas visiones contienen parte de la verdad. La reducción del déficit y la baja de la inflación sí eran condiciones imprescindibles. Pero si la corrección se apoya demasiado tiempo en compresión de demanda, menor obra pública y atraso en la creación de nuevos puestos, el reequilibrio puede terminar consolidando una economía más estable y, al mismo tiempo, más pequeña.
Los próximos meses serán decisivos por una razón concreta: la recuperación del empleo formal requiere más que estabilidad de precios. Exige crédito, reglas previsibles, inversión sectorial y un tipo de cambio que no castigue a las actividades intensivas en trabajo ni empuje a las empresas medianas a mirar fuera del país. Si esos motores no aparecen, la informalidad seguirá creciendo como refugio y la política perderá margen para sostener el relato de éxito macroeconómico. El riesgo para Milei no es solo electoral. Es que el país termine con menos inflación, sí, pero también con menos empresas, menos asalariados registrados y una base social más frágil para cualquier reforma futura.
