La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a ocho personas por un presunto entramado transnacional de contrabando y lavado de activos vinculado al caso Lili Pink. En los documentos de esa sociedad, revelados por el ente acusador, figura Jonnatan Villamil Soler como “socio fundador”. Pero la fiscal Alejandra Gómez Freidel, adscrita a la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, afirmó que esa misma persona trabajaba como “conductor” dentro de la empresa matriz y que aparecía como único socio con un capital suscrito y pagado de $10 millones. “Realmente ostenta el cargo de conductor al interior de la empresa, como único socio con un capital suscrito y pagado de 10 millones de pesos”, dijo Gómez Freidel.
Los tres anclajes que sostienen la acusación
La investigación se apoya en tres hechos concretos que la Fiscalía presentó durante la audiencia. Primero, la constitución de Pink Life S.A.S. el 26 de octubre de 2015 con un capital mínimo y nombramientos posteriores de personas que ocupaban cargos operativos menores. Segundo, el uso de direcciones compartidas entre sociedades con objetos sociales incompatibles, como Unique International S.A.S., dedicada originalmente a la fabricación de preservativos. Tercero, el registro de movimientos repetidos de cesiones de acciones, cambios de domicilio y aumentos de capital en periodos muy cortos. Estos tres elementos forman el esqueleto documental que, según la acusación, permitió el ingreso irregular de mercancías por 783 mil millones de pesos.
La aparición de Unique International en la segunda fase del caso resulta especialmente reveladora. Aunque su objeto social no guardaba relación con textiles ni accesorios, la empresa compartía sede con otras sociedades del grupo y fue utilizada para generar documentos de exportación desde Panamá y Nicaragua. La Dian había realizado una prevención de mercancía al detectar productos a nombre de esta compañía sin poder establecer un vínculo comercial real, lo que la Fiscalía interpreta como prueba de que la firma formaba parte de la estructura.
La dilución deliberada de la responsabilidad
Uno de los patrones más consistentes señalados por la Fiscalía es la repetición de los mismos nombres en distintas funciones y, en varios casos, dentro de un mismo núcleo familiar. Esta práctica no parece accidental. Al colocar a empleados de bajo nivel como representantes legales o socios fundadores, la red lograba crear capas de separación entre los beneficiarios reales y los documentos oficiales. Jonnatan Villamil Soler, conductor en la empresa matriz, aparece en registros como único socio con capital pagado de diez millones de pesos, una cifra que contrasta con el volumen de operaciones que la acusación atribuye al grupo.
Este mecanismo de dilución tiene consecuencias directas sobre la capacidad de persecución penal. Cuando los verdaderos controladores no figuran en los cargos visibles, las investigaciones deben reconstruir cadenas de propiedad y control que cruzan fronteras y utilizan sociedades de papel en Panamá y Nicaragua. El resultado es un alargamiento de los tiempos procesales y una mayor dificultad para congelar activos o impedir la continuidad de operaciones mientras avanzan los procesos judiciales.
Contraste entre la visión de la Dian y la estrategia fiscal
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales actúa con base en alertas de inconsistencias documentales y verificaciones físicas de mercancía. Su función es principalmente preventiva y recaudatoria. En cambio, la Fiscalía construye una narrativa de organización criminal que requiere demostrar dolo y estructura jerarquizada. La imputación de concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito refleja esa diferencia de enfoque. Mientras la Dian podría limitarse a imponer sanciones aduaneras, la Fiscalía busca desmantelar la red y recuperar activos derivados del presunto lavado.
Los procesados —Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias— enfrentan una acusación que los vincula a distintas capas de la operación. Algunos aparecen como testaferros, otros como gestores operativos y unos pocos como beneficiarios finales. Esta distribución de roles genera tensiones internas que podrían derivar en colaboraciones con la justicia o en disputas por la asignación de responsabilidad.
Implicaciones para el sector textil y aduanero
El caso expone una vulnerabilidad estructural en los controles de importación de productos de bajo valor unitario pero alto volumen, como ropa interior y accesorios. Las empresas de papel creadas en tiempos cortos y con presupuestos mínimos lograron generar una narrativa de exportaciones millonarias desde Asia y Centroamérica que no correspondía con su capacidad financiera real. Esta técnica puede replicarse en otros rubros donde el margen de maniobra documental es amplio y la verificación física resulta costosa.
Los importadores legítimos del sector textil enfrentan ahora un riesgo de mayor escrutinio y posibles retrasos en sus operaciones. Si la Dian endurece los requisitos de verificación de origen y capacidad financiera, las compañías que operan con estructuras simples podrían verse afectadas incluso sin participar en actividades ilícitas. Al mismo tiempo, el caso podría acelerar la adopción de herramientas de análisis de datos que crucen información de sociedades en distintos países.
Riesgos futuros y ajustes regulatorios probables
La experiencia acumulada en esta investigación sugiere que las autoridades colombianas incrementarán el intercambio de información con Panamá y Nicaragua sobre constituciones societarias recientes. También es previsible que se exijan capitales mínimos más altos o requisitos de presencia física para sociedades que declaren operaciones de comercio exterior. Sin embargo, estas medidas pueden generar un efecto de desplazamiento hacia jurisdicciones menos cooperantes o hacia estructuras más sofisticadas que utilicen fideicomisos o fundaciones.
El principal riesgo a mediano plazo no radica en la reaparición de las mismas sociedades, sino en la adaptación del esquema a nuevos sectores donde los controles sean más laxos. El uso de una empresa de preservativos como parte de una red textil demuestra que los operadores no se limitan a un solo rubro. Cualquier sector con alto flujo documental y bajo seguimiento físico podría convertirse en objetivo futuro si no se fortalecen los mecanismos de verificación de capacidad operativa real.
