El Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzó un acuerdo preliminar con El Salvador para liberar cerca de 140 millones de dólares, en un avance que depende de la aprobación de su Directorio Ejecutivo y del cumplimiento de varias medidas previamente pactadas. El entendimiento técnico corresponde a la segunda y tercera revisiones combinadas del programa de préstamo a 40 meses suscrito con el país.
El anuncio representa un paso relevante para el Gobierno de Nayib Bukele, pero no equivale todavía al desembolso definitivo. Antes de que los recursos estén disponibles, las autoridades salvadoreñas deberán completar las llamadas acciones previas, mientras que el organismo con sede en Washington tendrá que validar formalmente la evaluación del programa. La liberación de los fondos está vinculada a la continuidad de las reformas fiscales y a los compromisos asumidos en materia monetaria y financiera.
El bitcoin vuelve a ocupar el centro del acuerdo
La principal condición política y económica del entendimiento está relacionada con la estrategia de bitcoin adoptada por El Salvador. Desde que Bukele convirtió a la criptomoneda en moneda de curso legal, en 2021, el experimento ha sido observado por los mercados internacionales como una señal de ruptura con las políticas financieras tradicionales. También se convirtió en uno de los puntos de mayor tensión durante la negociación del crédito de 1,400 millones de dólares con el FMI.
El organismo señaló que el Gobierno demostró que las compras recientes de bitcoin se financiaron con donaciones privadas y no con recursos públicos. Aun así, el comunicado establece que no se prevé una acumulación adicional de la criptomoneda más allá de las donaciones documentadas. La precisión es importante: aunque permite al Gobierno mantener una exposición limitada al activo digital, restringe el uso de fondos estatales y reduce el riesgo de que una caída de su precio afecte directamente las cuentas públicas.
El acuerdo, por tanto, no supone una validación plena del modelo salvadoreño de bitcoin. Más bien refleja un compromiso entre la voluntad del Ejecutivo de conservar el proyecto y la exigencia del FMI de limitar sus posibles costos fiscales. La diferencia entre financiar compras con donaciones privadas y utilizar el presupuesto nacional será determinante para evaluar la exposición del Estado, especialmente en un mercado caracterizado por fuertes variaciones de precio y limitada previsibilidad.
Una economía con mejores indicadores, pero bajo presión social
El FMI mantuvo una valoración positiva sobre la evolución reciente de la economía salvadoreña. El organismo indicó que el crecimiento superó sus previsiones el año pasado y proyectó una expansión de 4.5% para 2026. Entre los factores que sostendrían ese desempeño mencionó la inversión, el consumo, las remesas, el turismo y los flujos de capital.
La mejora en la seguridad y el aumento de la confianza de los inversionistas también fueron señalados como elementos favorables. La reducción de la violencia, una de las principales políticas del Gobierno de Bukele, ha contribuido a modificar la percepción internacional del país y puede favorecer actividades como el turismo, el comercio y la inversión inmobiliaria. Sin embargo, un mejor clima de negocios no elimina las vulnerabilidades estructurales de una economía que durante años registró algunas de las tasas de crecimiento más bajas de Centroamérica.
El organismo afirmó además que el programa está contribuyendo a una reducción significativa de la pobreza. La afirmación ocurre en un país donde alrededor de 30% de la población vive todavía en esa condición, por lo que el comportamiento de los indicadores macroeconómicos no ofrece por sí solo una imagen completa del bienestar de los hogares. El crecimiento deberá traducirse en empleos formales, ingresos más estables y mayor capacidad de acceso a servicios para consolidar ese avance.
El costo de la austeridad recae sobre el empleo público
La otra cara del programa es el impacto de las medidas de austeridad. El ajuste ha afectado especialmente a los trabajadores del sector público, en un contexto de reducción del gasto y búsqueda de mayor sostenibilidad fiscal. Economistas estiman que desde 2024 se han eliminado alrededor de 15,000 puestos públicos, mientras que organizaciones sindicales calculan que la pérdida acumulada alcanza 47,000 empleos desde la llegada de Bukele a la presidencia en 2019.
Las cifras difieren porque no existe una única medición pública que abarque despidos, renuncias, contratos no renovados y reestructuraciones administrativas. La discrepancia también muestra que el impacto laboral del ajuste sigue siendo objeto de disputa. Para el Gobierno y sus acreedores, la contención de la masa salarial puede ayudar a corregir desequilibrios presupuestarios; para los sindicatos, en cambio, implica una reducción de ingresos en hogares que dependen de la administración pública y una menor capacidad de prestación de servicios estatales.
El próximo desafío será convertir el acuerdo en estabilidad
La aprobación del desembolso dará a El Salvador liquidez adicional y una señal de respaldo internacional en un momento en que el país necesita reducir las presiones sobre sus finanzas. El apoyo del FMI puede facilitar el acceso a otros recursos y mejorar las condiciones de financiamiento, porque los inversionistas suelen interpretar la supervisión del organismo como un mecanismo de disciplina económica.
Pero el acuerdo también elevará el nivel de vigilancia sobre el cumplimiento de las metas. La restricción de las compras de bitcoin, la evolución de la deuda, el control del gasto y el efecto social de la austeridad serán aspectos centrales de las próximas revisiones. El reto del Gobierno consistirá en demostrar que la recuperación económica no depende únicamente de remesas, turismo o confianza financiera, sino que puede sostenerse sin ampliar los riesgos fiscales ni profundizar el costo social del ajuste.
