El Fondo de Compensación para las Víctimas del 11 de septiembre ha pagado 18.560 millones de dólares desde su reapertura en 2011, pero su actividad está lejos de haber terminado. La administradora del programa, Allison Turkel, informó este miércoles de que el organismo continúa recibiendo una media de 25 nuevas solicitudes diarias, unas 750 al mes, casi 25 años después de los atentados terroristas que derribaron las Torres Gemelas de Nueva York.
El balance refleja la magnitud prolongada de una tragedia que no se limitó a las muertes y lesiones registradas el 11 de septiembre de 2001. De las aproximadamente 112.000 reclamaciones recibidas desde 2011, más de 77.000 han sido indemnizadas. La diferencia entre ambas cifras muestra que el proceso sigue abierto, sujeto a verificaciones médicas, administrativas y legales que pueden prolongarse durante años.
Una puerta que todavía recibe nuevos casos
Turkel pidió que las personas afectadas, así como quienes conozcan a posibles beneficiarios, se pongan en contacto con el Fondo si estuvieron presentes durante el periodo establecido en las zonas expuestas a contaminantes. El llamamiento incluye el área de Nueva York, el entorno del Pentágono y el lugar de Pensilvania donde se estrelló el vuelo 93 de United Airlines.
La petición tiene una importancia concreta: muchas personas que vivían, trabajaban, estudiaban o simplemente visitaban el área cercana a la Zona Cero pudieron no haber relacionado inicialmente sus problemas de salud con la exposición a las toxinas liberadas tras el colapso de los edificios. Según las estimaciones citadas por Turkel, más de 400.000 personas pudieron haber estado expuestas en Nueva York. Algunas enfermedades aparecen o se agravan con el paso del tiempo, lo que explica que sigan llegando reclamaciones décadas después.
El Fondo no funciona como una ayuda automática para cualquier persona que se encontrara en Manhattan después de los ataques. Cada expediente es revisado individualmente por especialistas, y el solicitante debe demostrar una afección física certificada relacionada con los atentados o con las tareas desarrolladas en las zonas contaminadas. El programa también utiliza la verificación de nombres del FBI para confirmar la identidad y la situación de quienes presentan las reclamaciones.
La compensación cambió cuando aparecieron las enfermedades
El programa original fue creado poco después de los atentados y operó bajo un plazo limitado y con un presupuesto determinado por la ley de 2001. Antes de cerrar en noviembre de 2004, pagó 7.490 millones de dólares a las familias de 2.880 personas fallecidas y a 2.680 personas heridas durante los ataques o las labores de rescate.
Aquel primer mecanismo respondía principalmente a una emergencia inmediata: compensar a las familias de las víctimas mortales y a quienes habían sufrido daños directos. Sin embargo, con el tiempo miles de trabajadores de emergencia, residentes, empleados, estudiantes y visitantes comenzaron a desarrollar enfermedades asociadas con la exposición a los contaminantes de la llamada Zona Cero. El problema dejó de ser únicamente cómo reparar el daño causado en un día concreto y pasó a ser cómo atender consecuencias médicas que se manifestaban de manera desigual y tardía.
La aprobación de la Ley de Salud y Compensación James Zadroga, durante la presidencia de Barack Obama, permitió reabrir el Fondo en 2011. Desde entonces, el programa amplió su alcance y consolidó una función distinta: ofrecer apoyo económico a personas cuya relación con los atentados no siempre fue visible de inmediato, pero que pueden acreditar una enfermedad vinculada a aquella exposición.
Un compromiso financiero que se extiende hasta 2090
Turkel señaló que el Fondo está autorizado para continuar emitiendo pagos hasta 2090. La duración prevista no es un detalle administrativo menor. Indica que el Gobierno estadounidense reconoce que los efectos sanitarios de la exposición pueden continuar apareciendo durante varias generaciones laborales y que el cierre de las operaciones de rescate no significó el final de sus consecuencias.
También revela una tensión permanente entre dos necesidades. Por un lado, el programa debe facilitar el acceso a quienes realmente padecen afecciones relacionadas con el 11-S. Por otro, tiene que proteger los recursos públicos frente a reclamaciones falsas o no suficientemente acreditadas. Turkel sostuvo que el fraude resulta difícil porque el solicitante debe estar enfermo y presentar una condición física certificada, además de superar la revisión individual del expediente.
La creación de una red informal de embajadores para difundir información busca responder a otra dificultad: el desconocimiento. Que todavía se reciban 25 solicitudes al día sugiere que el universo de posibles afectados no está completamente identificado o que parte de ellos aún no sabe que puede iniciar el procedimiento. En ese sentido, informar no es solo una tarea de comunicación pública; también es una forma de corregir una desigualdad derivada del tiempo, la distancia y la falta de reconocimiento temprano de los síntomas.
La huella del 11-S no termina en el aniversario
Los ataques coordinados contra cuatro aviones causaron la muerte de 2.977 personas de 90 países: 2.753 en Nueva York, incluidos civiles, bomberos y policías; 184 en el Pentágono; y 40 a bordo del avión que cayó en Pensilvania. Esa cifra define la dimensión inmediata de la tragedia, pero los datos del Fondo muestran otra escala menos visible: decenas de miles de personas que han tenido que demostrar, años después, que su salud quedó afectada por las labores de rescate, la permanencia en las zonas contaminadas o la exposición a sus residuos.
Con el 25 aniversario cerca, la continuidad del programa desplaza el foco desde la conmemoración hacia la responsabilidad sostenida. Los 18.560 millones de dólares pagados no representan únicamente una suma acumulada, sino el resultado de una obligación que se ha ampliado a medida que la evidencia médica y las experiencias de los afectados hicieron visible el alcance real del desastre. Mientras sigan apareciendo nuevas enfermedades y solicitudes, el 11-S seguirá siendo también un asunto de salud pública, justicia administrativa y memoria activa.
