El Gobierno de Javier Milei combinó en los últimos días anuncios económicos acotados con una ofensiva discursiva cada vez más dura contra críticos, periodistas y propuestas de intervención estatal. El impulso a créditos hipotecarios, una mayor flexibilidad para préstamos en dólares y la difusión de un piso salarial para algunos convenios colectivos exhiben una preocupación por el deterioro de ingresos y la actividad, aunque su alcance práctico aparece limitado. En paralelo, la Casa Rosada busca sostener una polarización electoral que identifica como “populista” cualquier respuesta estatal frente a la morosidad o el endeudamiento de las familias.
La secuencia se desarrolla mientras crece en el Congreso una iniciativa opositora vinculada a las deudas y la situación de los hogares. La Libertad Avanza intenta bloquearla, pero el tema ganó espacio en la agenda pública. El oficialismo rechaza medidas que impliquen intervención estatal y las encuadra bajo la etiqueta de populismo. Esa definición también funciona como advertencia interna ante quienes plantean algún grado de flexibilización económica o reclaman mayor empatía frente a problemas sociales.
En ese contexto, Luis Caputo anunció un esquema para impulsar los créditos hipotecarios mediante fondos de la ANSeS. La medida fue leída, incluso en ámbitos cercanos al oficialismo, más como una señal política hacia sectores que buscan resolver su acceso a la vivienda que por su escala. En el mejor de los escenarios planteados, podría motorizar cerca de 18.000 soluciones habitacionales. La utilización de recursos estatales y la referencia del ministro a la “justicia social” generaron cuestionamientos y contrastaron con las reiteradas críticas de Milei a ese concepto.
También produjo incomodidad en Olivos el uso del verbo “reactivar” para describir el posible efecto de las últimas decisiones sobre la economía. La tensión se profundizó con la difusión de una negociación para que los convenios colectivos más atrasados incorporen un salario básico garantizado de 1.070.000 pesos desde agosto. Luego de los descuentos, el ingreso sería de alrededor de 860.000 pesos. La cifra alcanzaría sólo a los gremios que cierren esos acuerdos y no equivale al salario mínimo, vital y móvil, cuya discusión volvió a fracasar entre el Gobierno y las centrales sindicales.
Las cifras disponibles explican parte de la presión sobre el oficialismo. Según la Secretaría de Trabajo, el salario promedio registrado privado bajó 0,9% en junio, después de una caída de 2,9% en mayo. El INDEC informó que, durante el primer semestre, los salarios registrados privados aumentaron 14,5%, los del sector público nacional 13,7% y los del empleo público provincial 16,4%, por debajo de la inflación acumulada de 16,8% en el período. El panorama de los ingresos informales sigue siendo una incógnita relevante dentro de ese deterioro desigual.
Mientras avanzaban esas señales económicas, Milei intensificó sus descalificaciones contra buena parte del periodismo. El último episodio ocurrió durante su visita a la escuela ORT, donde una exposición titulada “Ética como política de Estado” derivó en expresiones ásperas contra comunicadores. La intervención se sumó a dos semanas de cientos de mensajes en redes sociales dirigidos a periodistas, a quienes sectores oficialistas engloban con acusaciones de corrupción o sobornos.
La estrategia oficial presenta esa confrontación como una decisión de enfrentar a un periodismo cuestionado, aun por encima de las formas utilizadas. Sin embargo, el foco presidencial sobre personas identificadas con nombre y apellido expone una relación desigual de poder. El artículo señala además un eco con prácticas del kirchnerismo: discursos de Cristina Fernández de Kirchner, campañas callejeras y mensajes difundidos desde la TV Pública durante su gestión. Así, los anuncios económicos y la escalada verbal conviven en un momento en que el Gobierno intenta sostener su iniciativa política pese a las fisuras que deja visibles la situación social.
