El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un objetivo de déficit público del 1,8 % del PIB para 2027, una cifra que coincide con la senda establecida en el plan fiscal y estructural 2025-2029. El ministro de Hacienda, Arcadi España, adelantó la medida tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se discutió la distribución de los márgenes presupuestarios entre las distintas administraciones.
La decisión se enmarca en el proceso de actualización de las metas de estabilidad presupuestaria que el Ejecutivo debe presentar cada año. Según el ministro, esta senda mantiene la coherencia con los compromisos adquiridos ante la Comisión Europea y busca equilibrar la necesidad de consolidación fiscal con el sostenimiento de los servicios públicos.
Distribución por niveles de administración
La mayor parte del déficit previsto recaerá sobre la Administración central, que asumirá un 1,5 % del PIB. De ese porcentaje, 1,2 puntos corresponden a transferencias destinadas a la Seguridad Social, mientras que una décima se vincula a la recaudación del impuesto a la banca que se cede a las comunidades autónomas. La Seguridad Social registrará un déficit del 0,2 % del PIB, las comunidades autónomas un 0,1 % y las entidades locales alcanzarán el equilibrio presupuestario.
El reparto refleja la estructura actual de las finanzas públicas españolas, donde la Administración central concentra la mayor parte de los gastos de carácter estructural y las transferencias interadministrativas. Las comunidades, por su parte, han visto aprobado su objetivo la jornada anterior en el propio CPFF, lo que completa el marco de estabilidad para el próximo ejercicio.
Negociación parlamentaria y posiciones de los grupos
Arcadi España ha indicado que el Gobierno iniciará contactos con todos los grupos parlamentarios para lograr la aprobación de la senda en el Congreso. Sin embargo, Junts ya ha anunciado su intención de votar en contra si se mantiene el mismo margen de déficit autonómico que el aprobado el año anterior. Esta postura añade incertidumbre al trámite, ya que la mayoría necesaria depende de apoyos que no están garantizados.
La negociación se produce en un contexto de fragmentación parlamentaria donde cada formación prioriza distintos aspectos de la política fiscal. El Ejecutivo busca evitar que el rechazo de la senda complique la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027.
Contexto económico y compromisos europeos
El objetivo de déficit del 1,8 % se sitúa dentro de los márgenes que España ha comprometido con Bruselas en el marco del plan de recuperación y resiliencia. Tras los años de elevada deuda acumulada por la pandemia, las autoridades fiscales han optado por una senda de reducción gradual que permita mantener el gasto en sanidad, educación y pensiones sin generar tensiones adicionales en los mercados de deuda.
El ministro ha subrayado que la propuesta respeta tanto el límite del 3 % establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento como las recomendaciones específicas para España derivadas del semestre europeo. La evolución de los ingresos tributarios y el comportamiento del gasto en prestaciones sociales serán los factores que determinen si se cumplen estas proyecciones.
La aprobación final de la senda en el Congreso marcará el punto de partida para la elaboración de los presupuestos autonómicos y locales del próximo año, así como para la actualización de las previsiones macroeconómicas que el Gobierno remitirá a las instituciones europeas.
