Las pérdidas por robo de combustible registradas por Petróleos Mexicanos entre abril y junio de 2026 colocan al gobierno de Claudia Sheinbaum ante una señal incómoda: el huachicol, que durante los primeros años de la llamada Cuarta Transformación pareció retroceder con rapidez, ha recuperado una dimensión financiera comparable con la del último año de Enrique Peña Nieto. Los 9.17 mil millones de pesos reportados en el segundo trimestre prácticamente igualan los 9.13 mil millones del mismo periodo de 2018 y representan un aumento de 963.7% frente a 2019.
El dato no demuestra por sí solo que el robo físico de combustibles haya regresado exactamente a los niveles de hace ocho años. Las cifras de Pemex reflejan pérdidas reconocidas en sus estados financieros y pueden estar influidas por cambios en controles internos, métodos de medición, precios, inventarios y procedimientos contables. Aun con esa cautela, la tendencia es suficientemente marcada para revelar un problema operativo y de seguridad que vuelve a afectar la capacidad de la empresa para ordenar sus finanzas.
Una recuperación que revierte el primer avance
La evolución trimestral muestra una trayectoria con dos etapas claramente diferenciadas. Después del cambio de gobierno de 2018, las pérdidas cayeron 90.6% en el segundo trimestre de 2019, hasta 863 millones de pesos, y descendieron a 601 millones en el mismo periodo de 2020, el nivel más bajo de la serie mencionada. Ese resultado alimentó la expectativa de que el despliegue militar, el cierre temporal de ductos y una vigilancia más intensa podían contener el fenómeno.
La mejoría, sin embargo, no se consolidó. Las pérdidas subieron a 1.7 mil millones de pesos en 2021, a 5.62 mil millones en 2022 y a 5.89 mil millones en 2023. En 2024 disminuyeron ligeramente, pero volvieron a repuntar a 7.65 mil millones en 2025. El salto a 9.17 mil millones en 2026 sugiere que las medidas iniciales redujeron una parte del problema sin desmantelar las redes que lo sostienen.
La principal consecuencia inmediata es fiscal. Cada peso perdido por extracción ilegal, manipulación de inventarios o comercialización clandestina reduce los recursos disponibles para mantenimiento, refinación, transporte y modernización de Pemex. En una compañía con elevados pasivos, necesidades de inversión y dependencia de apoyos públicos, un deterioro de esta magnitud no es un problema aislado: puede elevar la presión sobre el presupuesto federal o traducirse en menor gasto productivo.
El costo rebasa el balance de la petrolera
El robo de combustible también distorsiona la competencia. Los operadores ilegales pueden vender gasolina y diésel por debajo de los precios de las estaciones formales porque no absorben impuestos, transporte regulado, almacenamiento, seguros ni costos de cumplimiento. Esa ventaja artificial golpea a distribuidores que sí pagan sus obligaciones y puede incentivar prácticas de evasión en zonas donde el mercado clandestino adquiere una presencia sostenida.
Para los consumidores, el efecto es contradictorio. En el corto plazo, el combustible ilícito puede parecer una alternativa más barata, especialmente para transportistas, agricultores o pequeños negocios con márgenes reducidos. Pero esa aparente ventaja se acompaña de riesgos: producto adulterado, daños a motores, ausencia de garantías y exposición a redes criminales. Si la distribución irregular gana escala, la calidad del suministro se vuelve menos predecible y aumentan los costos que finalmente recaen sobre usuarios y empresas.
La dimensión ambiental y de protección civil tampoco es menor. Las perforaciones clandestinas, el almacenamiento improvisado y el traslado en vehículos no diseñados para ese fin incrementan la probabilidad de incendios, explosiones y derrames. Las comunidades cercanas a ductos pueden enfrentar contaminación de suelo y agua, evacuaciones y afectaciones a la salud sin contar siempre con mecanismos eficaces de reparación. Cada incidente grave, además de generar daños directos, obliga al Estado a destinar recursos extraordinarios a limpieza, atención médica y reconstrucción.
La seguridad revela una falla de gobernanza
El repunte plantea una pregunta que no se resuelve con más operativos: ¿por qué una estrategia que produjo una caída inicial no consiguió sostenerla? Una explicación posible es que el combate se concentró en interrumpir el flujo visible del combustible, pero no en desarticular de manera permanente las cadenas financieras, logísticas y comerciales que permiten la reposición de las tomas clandestinas.
Las organizaciones dedicadas al huachicol suelen adaptarse con rapidez. Pueden cambiar de ducto, utilizar pipas y bodegas pequeñas, mezclar combustible robado con producto legal o venderlo mediante establecimientos que aparentan operar formalmente. Si las detenciones se concentran en personas que extraen el combustible y no avanzan sobre quienes financian, transportan, almacenan y lavan las ganancias, el efecto puede ser temporal. La sustitución de los operadores de menor nivel mantiene intacta la estructura.
También existe un riesgo de fragmentación institucional. Pemex, fuerzas de seguridad, autoridades fiscales, gobiernos estatales, municipios y organismos reguladores poseen información parcial y capacidades distintas. Sin intercambio oportuno de datos sobre volúmenes, rutas, facturación, permisos y movimientos financieros, la persecución se vuelve reactiva. El número de aseguramientos puede aumentar sin que eso se refleje en una reducción sostenida de las pérdidas.
La presión sobre Sheinbaum será financiera y política
Para la administración de Sheinbaum, el indicador tiene una carga política específica. El combate al huachicol fue presentado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como una medida capaz de proteger a Pemex y recuperar recursos públicos. El regreso de las pérdidas a niveles cercanos a 2018 puede ser interpretado como una falla de continuidad, aunque el gobierno argumente que enfrenta redes más sofisticadas o que los registros actuales tienen mayor precisión.
La discusión pública puede desplazarse rápidamente de la eficacia operativa a la rendición de cuentas. La ciudadanía tendrá interés en conocer qué áreas de Pemex detectaron las pérdidas, cuándo fueron identificadas, qué funcionarios supervisaban los puntos vulnerables y cuántas investigaciones terminaron en condenas. Sin información verificable, el riesgo es que las cifras alimenten acusaciones partidistas sin producir una evaluación técnica de las causas.
En los mercados, un deterioro persistente puede reforzar la percepción de que Pemex requiere apoyo gubernamental recurrente. Eso no implica automáticamente una crisis financiera, pero sí puede encarecer la discusión sobre sus necesidades de capital, afectar la confianza de proveedores y limitar el margen para invertir en infraestructura. Si la empresa utiliza recursos adicionales para cubrir pérdidas operativas en lugar de destinarlos a mantenimiento, podría formarse un círculo de deterioro: instalaciones más vulnerables, mayores interrupciones y nuevas pérdidas.
Hay margen para corregir, pero exige datos comparables
El primer paso debería ser transparentar la composición de los 9.17 mil millones de pesos. Es necesario distinguir entre pérdidas por tomas clandestinas, diferencias de inventario, robo en transporte, adulteración, fallas de medición y otros conceptos. Sin esa desagregación, resulta difícil determinar si el aumento se concentra en ductos específicos, regiones determinadas o etapas particulares de la cadena de suministro.
La publicación periódica de mapas de riesgo, indicadores de recuperación de producto y resultados judiciales permitiría evaluar si una operación funciona más allá del número de aseguramientos. También sería útil contar con auditorías independientes sobre medición de volúmenes y trazabilidad, desde la importación o refinación hasta la venta final. La tecnología puede ayudar mediante sensores, análisis de presión, sellos digitales y sistemas de conciliación de inventarios, pero no sustituye los controles humanos ni elimina el riesgo de corrupción.
Una estrategia eficaz tendría que combinar inteligencia financiera con vigilancia física. Seguir transferencias, empresas fachada, facturas y compras atípicas puede conducir a las ganancias del negocio, mientras que la coordinación con fiscalías estatales permitiría investigar redes locales de protección. El objetivo no debería limitarse a recuperar combustible, sino a elevar el costo legal y financiero de operar el mercado clandestino.
El escenario dependerá de la respuesta institucional
Existen elementos que podrían favorecer una corrección. La experiencia acumulada desde 2018 ofrece información sobre rutas, patrones de extracción y mecanismos de distribución; además, una política coordinada puede aprovechar sistemas de control que antes no estaban plenamente integrados. Si el gobierno reconoce el repunte con datos completos y establece metas verificables, el problema podría convertirse en una oportunidad para fortalecer la supervisión de Pemex y profesionalizar la relación entre seguridad y gestión empresarial.
El riesgo mayor aparece si el indicador se normaliza o se responde únicamente con despliegues temporales. La presión sobre las finanzas de Pemex aumentaría, las comunidades expuestas seguirían enfrentando accidentes y contaminación, y los mercados formales perderían terreno frente a redes que prosperan mediante corrupción y violencia. La cifra del segundo trimestre no permite anticipar por sí sola el comportamiento de todo 2026, pero sí marca una tendencia que exige seguimiento trimestral, explicaciones públicas y resultados judiciales comprobables.
