El Instituto Nacional Electoral (INE) transferiría 10,872 millones 653,927 pesos a los partidos políticos nacionales durante 2027, año en el que se renovarán las 500 curules de la Cámara de Diputados. La propuesta de financiamiento público, validada por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, deberá ser conocida y aprobada por el Consejo General del organismo y posteriormente incorporada al presupuesto que deberá autorizar la Cámara de Diputados.
Los recursos cubrirían tanto las actividades ordinarias de las fuerzas políticas como sus gastos de campaña. También contemplan una bolsa para las candidaturas independientes que, eventualmente, obtengan el registro correspondiente. El reparto se realizará entre los ocho partidos con registro vigente y las dos organizaciones que competirán bajo registro condicionado: PAZ y Somos MX.
Un presupuesto electoral con varios frentes
El anteproyecto de presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2027 asciende a 36,168 millones de pesos. De acuerdo con la distribución presentada por el instituto, 14,036 millones se destinarían a las actividades ordinarias del órgano electoral, mientras que otro 37% se canalizaría a la organización de los procesos electorales y 23% correspondería a las prerrogativas de los partidos políticos.
El desglose ocurre en un año de elevada carga institucional. Además de la elección federal de diputaciones, el INE deberá prepararse para la elección del Poder Judicial, prevista dos meses después, y brindar apoyo dentro del Sistema Nacional Electoral a procesos locales concurrentes en los que estarán en disputa 17 gubernaturas. La presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, sostuvo que el anteproyecto responde a esos tres compromisos y que no se encuentra por encima ni por debajo de las necesidades previstas para su organización.
La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, entregó el anteproyecto a Taddei en la víspera de la sesión del Consejo General. En esa reunión también se prevé revisar el financiamiento público de los partidos y el proyecto presupuestario del organismo, antes de que ambos documentos sigan el trámite legislativo correspondiente.
Morena concentrará la mayor proporción
Para actividades ordinarias, el monto global asciende a 7,879 millones 331,706 pesos. Morena recibiría 2,685 millones 383,581 pesos, con una asignación cercana al doble de la prevista para el Partido Acción Nacional (PAN), que accedería a 1,332 millones 399,415 pesos.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtendría alrededor de 1,008 millones de pesos, seguido por Movimiento Ciudadano (MC), con 995 millones; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 854 millones, y el Partido del Trabajo (PT), con 688 millones. PAZ y Somos MX recibirían 157 millones de pesos cada uno, conforme al esquema aplicable a las fuerzas de reciente incorporación o con registro condicionado.
La distribución se calcula con base en la fórmula prevista en el artículo 51, numeral 1, inciso b), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos. El mecanismo combina elementos legales vinculados con el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral y con la distribución igualitaria establecida para los partidos, por lo que la fuerza electoral de cada organización influye directamente en el monto que recibe.
Campañas: 2,363 millones en disputa
El financiamiento para actividades electorales suma 2,363 millones 799,512 pesos. Morena recibiría 805 millones; el PAN, 399 millones; el PRI, 302 millones; MC, 298 millones; el PVEM, 256 millones, y el PT, 206 millones. PAZ y Somos MX contarían con 47.2 millones cada uno.
La misma cantidad, 47.2 millones de pesos, quedaría reservada para el conjunto de candidaturas independientes que logre obtener el registro. La cifra no representa una asignación automática para aspirantes individuales: su disponibilidad dependerá de que existan candidaturas reconocidas por la autoridad electoral y de las reglas aplicables para distribuir el financiamiento.
El componente electoral adquiere especial relevancia porque la renovación de la Cámara de Diputados implica campañas en los 300 distritos de mayoría relativa y la competencia por las 200 diputaciones de representación proporcional. La magnitud de la contienda, junto con los procesos locales concurrentes, explica que el presupuesto partidista incluya recursos adicionales a los destinados al funcionamiento permanente de las organizaciones.
Conteos rápidos y presión sobre el gasto público
Taddei señaló que el INE también contempla realizar conteos rápidos el mismo día de la elección en las 17 gubernaturas y en la elección federal de diputaciones, mediante sus facultades de atracción y coordinación electoral. Esa responsabilidad supone gastos técnicos y operativos adicionales, incluidos los relacionados con capacitación, instalación de casillas, sistemas de resultados y mecanismos de cómputo.
La propuesta aún no constituye un gasto definitivo. El Consejo General deberá aprobar el anteproyecto y la Cámara de Diputados tendrá la última palabra sobre el presupuesto federal. En ese proceso pueden modificarse las partidas solicitadas, aunque cualquier reducción deberá valorarse frente al calendario electoral y a las obligaciones simultáneas que el instituto prevé atender.
Compromisos pendientes en Oaxaca
En otro asunto de impacto presupuestario, la audiencia presidencial con representantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación permitió garantizar la apertura del ciclo escolar en Oaxaca, pero dejó compromisos financieros que deberán ser absorbidos por la Federación.
Entre ellos se encuentra una deuda de 120 millones de pesos del Instituto de Educación estatal con la Comisión Federal de Electricidad. El adeudo provocó la suspensión del servicio eléctrico en parte de la red escolar oaxaqueña. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de conducir las gestiones para resolver el problema y definir la cobertura de los compromisos adquiridos.
Asimismo, Mónica Aralí Soto Fregoso dejará en dos semanas su lugar en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunque su mandato se había extendido hasta 2028, la magistrada decidió concluir un periodo de nueve años y 10 meses. Su salida dejará al Pleno con cinco integrantes y modificará la composición del máximo órgano jurisdiccional electoral del país.
