La sanción anunciada el 23 de julio por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 39 personas y 16 empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación representa la mayor ofensiva financiera emprendida contra esa organización. Las compañías operaban en sectores aparentemente legales, como gasolineras, tequila, agricultura, ropa, calzado infantil, seguridad privada y suplementos deportivos.
El caso expone una pregunta que sigue sin respuesta: ¿quién diseña las estructuras que permiten al crimen organizado integrarse en la economía formal? Constituir empresas, registrarlas, obtener el RFC, abrir cuentas bancarias y mantener una contabilidad fiscal requiere conocimientos especializados y una red de prestadores de servicios. Ninguna de esas operaciones ocurre por accidente.
Una brecha entre el dinero y las investigaciones
El gobierno estadounidense calcula que el crimen organizado lava en México unos 44,000 millones de dólares al año, equivalentes a aproximadamente 760,000 millones de pesos y cerca de 2.5% del PIB nacional. Mover ese volumen exige muchas más empresas, cuentas y especialistas que los identificados en los expedientes públicos.
Los antecedentes confirman la desproporción. Desde 2014, Estados Unidos ha sancionado a tres abogados mexicanos relacionados con grupos criminales; en 2024 incluyó a tres contadores de Puerto Vallarta vinculados con fraudes de tiempos compartidos del CJNG, y en 2025 un abogado se declaró culpable de lavar más de 52 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa. Son pocos casos frente a cientos de empresas y personas sancionadas y miles de detenidos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional advierte desde hace años sobre la vulnerabilidad de abogados, notarios, banqueros, contadores, agentes inmobiliarios y proveedores corporativos. La alerta no implica que estos profesionales actúen ilegalmente de forma generalizada, sino que su conocimiento resulta clave para ocultar al beneficiario final. Perseguir a los operadores visibles puede interrumpir una red, pero no desmantela el sistema que la reconstruye. Después de 25 años de combate al narcotráfico, la escasez de investigaciones contra quienes diseñan esa arquitectura revela una debilidad estructural: se castiga con mayor frecuencia a quienes administran el dinero que a quienes hacen posible su existencia.
