La presentación del proyecto de presupuesto público para 2027 ha reabierto en Perú el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas estatales, luego de cinco años de deterioro fiscal y de una sucesión de iniciativas legislativas con efectos permanentes sobre el gasto. El nuevo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), instalado tras el cambio de gobierno de julio, anunció que promoverá demandas de inconstitucionalidad contra cuatro normas que, según sus estimaciones y las del Consejo Fiscal, podrían comprometer el equilibrio de las cuentas públicas durante los próximos años.
La decisión sitúa al MEF nuevamente en un papel central dentro de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso: el de custodio de la caja fiscal. El punto de partida es la regla constitucional que limita la iniciativa parlamentaria para crear o aumentar gastos públicos. El artículo 79 de la Constitución establece que los representantes ante el Congreso no pueden hacerlo, excepto respecto de su propio presupuesto. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en 2022 fue interpretada como una flexibilización de ese límite, en un contexto en que el Congreso anterior aprobó más de 250 leyes con potencial impacto presupuestal.
Cuatro normas bajo cuestionamiento
El MEF prevé cuestionar la ley que otorga beneficios a trabajadores contratados bajo el régimen CAS y otra que modifica los incentivos del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) para funcionarios públicos en las regiones. De acuerdo con el Consejo Fiscal, estas dos medidas supondrían gastos anuales de alrededor de S/ 3.000 millones y S/ 2.600 millones, respectivamente.
El paquete de acciones también incluiría demandas impulsadas por el Colegio de Economistas de Lima contra normas relacionadas con las pensiones de maestros jubilados y del personal militar y policial. Solo la primera de estas leyes agregaría, según las estimaciones citadas, cerca de S/ 8.000 millones al gasto anual. En conjunto, tres de las disposiciones mencionadas representarían una presión aproximada de S/ 13.000 millones cada año sobre el presupuesto nacional.
Las demandas de inconstitucionalidad permiten que el Tribunal Constitucional evalúe si una ley contradice la Carta Magna y, de ser así, la deje sin efecto. El debate, por tanto, no se limita a la conveniencia de los beneficios reconocidos por las normas. También alcanza la competencia de cada poder del Estado para decidir sobre obligaciones que deberán financiarse con recursos públicos presentes y futuros.
El problema de financiar compromisos permanentes
La magnitud de los montos proyectados ilustra el principal desafío. Un nuevo gasto permanente exige ingresos permanentes, recortes equivalentes en otras partidas o el uso de reservas fiscales. Ninguna de esas opciones es neutral. De acuerdo con los cálculos expuestos en torno a estas iniciativas, cubrir S/ 13.000 millones adicionales mediante mayor recaudación requeriría elevar la tasa general del impuesto general a las ventas (IGV) de 18% a 21%, o duplicar la carga para los contribuyentes del Régimen MYPE Tributario.
Ambas alternativas tendrían consecuencias políticas y económicas relevantes. Un aumento del IGV afectaría el consumo y enfrentaría una alta resistencia social y parlamentaria. Una mayor carga sobre las pequeñas y medianas empresas podría debilitar la formalización tributaria, uno de los problemas estructurales de la economía peruana. La otra vía, recortar el gasto, supondría ajustes de gran dimensión: la comparación planteada es que se necesitaría prescindir de un presupuesto equivalente al de todo el sector Salud para compensar el costo anual de esas leyes.
Recurrir a los ahorros acumulados por el Tesoro tampoco resolvería el problema de fondo. Bajo esa hipótesis, las reservas podrían agotarse en unos siete años. El uso de fondos de contingencia puede ser razonable ante emergencias, desastres naturales o caídas transitorias de ingresos, pero financiar con ellos obligaciones recurrentes traslada el ajuste a administraciones futuras y reduce la capacidad de respuesta del Estado frente a nuevas crisis.
Un cambio de postura tras años de inestabilidad
La actuación del MEF ocurre después de un periodo de marcada inestabilidad institucional. Entre julio de 2021 y julio de 2026, diez personas estuvieron a cargo del manejo del Tesoro Público. Esa rotación afectó la continuidad de una política fiscal capaz de ordenar prioridades, defender límites de gasto y sostener la credibilidad técnica del ministerio frente a otras entidades del Estado.
El reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional también modifica el escenario. El organismo corrigió su postura y estableció una regla más clara: el Congreso no puede aprobar gastos sin participación del Ejecutivo. El criterio refuerza el principio de que la representación política no puede separarse de la responsabilidad de identificar cómo se financian las decisiones públicas. Aun así, la regla dependerá de su aplicación efectiva frente a futuras iniciativas legislativas.
El riesgo permanece. Según una encuesta del Instituto Peruano de Economía, siete de cada diez economistas consideran poco o nada probable que el nuevo Congreso deje de presentar proyectos con impacto presupuestal. Esa percepción responde a un incentivo persistente: aprobar beneficios sectoriales puede ofrecer rendimientos políticos inmediatos, mientras que sus costos se distribuyen en el tiempo entre contribuyentes, servicios públicos y futuras administraciones.
La recuperación fiscal exige prioridades verificables
La defensa judicial de estas leyes es solo un primer paso. La recuperación del orden fiscal requerirá que el Ejecutivo mantenga una posición consistente durante la discusión del presupuesto, fortalezca la evaluación técnica de proyectos de ley y haga cumplir las reglas fiscales vigentes. También implicará decidir dónde concentrar recursos limitados, en un contexto de demandas crecientes por seguridad ciudadana, infraestructura y medidas de prevención y respuesta ante el Fenómeno El Niño Costero.
La discusión plantea un equilibrio complejo. Las demandas de trabajadores públicos, pensionistas, docentes y miembros de las fuerzas del orden responden a necesidades reales y a brechas acumuladas. Pero una política pública sostenible debe definir beneficiarios, costos, fuentes de financiamiento y plazos de implementación antes de generar derechos exigibles. Sin esos elementos, una medida socialmente atractiva puede derivar en recortes a otros servicios o en mayor presión tributaria.
El presupuesto de 2027 será una primera prueba de esa orientación. La nueva gestión del MEF ha señalado que busca restablecer la disciplina sobre el gasto y recuperar capacidad de influencia en las decisiones estatales. Su resultado dependerá tanto de las resoluciones del Tribunal Constitucional como de la disposición del Congreso y del Ejecutivo para aceptar que la expansión de beneficios públicos solo es sostenible cuando está respaldada por ingresos, prioridades claras y responsabilidad institucional.
