La actividad realizada por madres y mujeres buscadoras de Baja California en el muro fronterizo de Playas de Tijuana representa mucho más que una acción simbólica. Al colocar la desaparición de sus familiares en un espacio visible y cargado de significado político, las participantes trasladaron una crisis persistente desde los expedientes institucionales y los terrenos de búsqueda hacia un escenario público, binacional y difícil de ignorar. Acompañadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, buscaron llamar la atención sobre las consecuencias humanas de las desapariciones y sobre las condiciones de riesgo que enfrentan quienes mantienen activa la búsqueda.
El acto se inscribe en una campaña derivada del informe “Desaparecer otra vez”, presentado el año pasado, cuyo enfoque apunta a una dimensión frecuentemente relegada: el impacto específico que la desaparición de una persona produce en las mujeres que se convierten en buscadoras. En muchos casos, son madres, esposas, hermanas o hijas quienes asumen las tareas de rastrear información, acudir a fiscalías, revisar archivos, recorrer zonas y exigir respuestas. Esa carga modifica su vida familiar, económica y emocional, y puede prolongarse durante años sin que exista una resolución clara.
Según Adriana Sánchez, subdirectora de programas de Amnistía Internacional, en Baja California hay más de 5 mil personas desaparecidas y más de 13 mil restos humanos sin identificar. Las cifras permiten dimensionar la escala del problema, aunque también requieren una lectura cautelosa: los registros pueden cambiar según la metodología, las denuncias acumuladas, los casos localizados y la capacidad de las autoridades para actualizar sus bases de datos. La diferencia entre una persona reportada como desaparecida y un resto pendiente de identificación revela, además, dos problemas conectados pero distintos: localizar a quienes siguen ausentes y establecer científicamente la identidad de quienes ya fueron encontrados.
Visibilidad que puede modificar prioridades
El principal efecto inmediato de la intervención pública es aumentar la presión social sobre las instituciones responsables. Una acción en el muro fronterizo puede atraer cobertura periodística, atención de organismos internacionales y solidaridad de comunidades a ambos lados de la frontera. Esa exposición puede contribuir a que la desaparición deje de tratarse como una suma de casos aislados y sea reconocida como una emergencia con efectos colectivos. También puede favorecer que las autoridades expliquen qué recursos destinan a la búsqueda, qué avances existen en identificación forense y cómo se mide el cumplimiento de sus obligaciones.
La visibilidad ofrece una segunda posibilidad: fortalecer las redes entre colectivos de búsqueda, organizaciones civiles, especialistas forenses y familias. En un contexto donde la información suele estar fragmentada, la cooperación puede facilitar el intercambio de datos, la documentación de patrones y la identificación de necesidades comunes. La presencia de organizaciones de derechos humanos aporta herramientas para registrar agresiones, acompañar denuncias y formular exigencias con base en estándares nacionales e internacionales. Si ese vínculo se mantiene después de la actividad, la protesta podría transformarse en una plataforma de seguimiento y no quedar reducida a una imagen de impacto.
El carácter fronterizo del lugar también puede abrir una conversación binacional. Tijuana forma parte de una zona de movilidad intensa, con familias divididas, rutas de tránsito y posibles conexiones entre desapariciones ocurridas en distintos territorios. Aunque la actividad no demuestra por sí misma una relación directa entre cada caso y la frontera, el espacio permite plantear la necesidad de mejorar la cooperación para compartir información, revisar registros y atender a familiares que viven fuera de Baja California. Cualquier avance en esa dirección dependería de acuerdos concretos, protocolos compatibles y autoridades dispuestas a intercambiar información de manera verificable.
La protesta no sustituye una investigación
El riesgo aparece cuando la atención pública se concentra en el acto y no en los resultados que deben seguirlo. Una campaña puede generar cobertura durante algunos días, pero la localización de una persona desaparecida exige investigaciones individualizadas, análisis de contexto, capacidades periciales y comunicación constante con las familias. Si las instituciones responden únicamente con declaraciones generales o reuniones sin metas comprobables, la visibilidad puede producir frustración adicional. Para evitarlo, las autoridades tendrían que vincular sus respuestas con plazos, responsables, indicadores y avances documentados.
También existe el peligro de que las cifras sean utilizadas de forma política sin una depuración suficiente de los registros. Presentar números elevados puede ayudar a mostrar la gravedad de la crisis, pero si las bases contienen duplicidades, casos con información incompleta o categorías que no son comparables, la discusión pública puede desviarse hacia una disputa estadística. Eso no reduce la responsabilidad institucional, pero sí demuestra la importancia de contar con un registro confiable, actualizado y accesible para las familias. La transparencia metodológica resulta indispensable para que las organizaciones puedan evaluar avances y señalar retrocesos.
La exposición pública puede incrementar, asimismo, la vulnerabilidad de las buscadoras. Amnistía Internacional señaló la falta de un mecanismo estatal específico para atender las situaciones de riesgo que enfrentan quienes participan en labores de búsqueda. Esa carencia es relevante porque las mujeres no solo realizan una actividad de denuncia; en ocasiones se internan en zonas inseguras, manejan información sensible y confrontan estructuras capaces de reaccionar con amenazas. Una mayor visibilidad, sin medidas de protección proporcionales, puede convertir a las participantes en objetivos más identificables.
La protección no debería limitarse a escoltas asignadas después de una agresión. Debe incluir evaluaciones individuales y colectivas de riesgo, canales de emergencia, acompañamiento jurídico, atención psicológica, protocolos para búsquedas en campo y coordinación entre fiscalías, policías y comisiones de búsqueda. También es necesario que las medidas respeten la autonomía de los colectivos. Imponer restricciones excesivas o condicionar el apoyo a la aceptación de decisiones oficiales podría desalentar la participación y debilitar precisamente a quienes han contribuido a localizar personas y restos.
El costo de una respuesta fragmentada
La magnitud de los restos humanos sin identificar plantea un desafío que rebasa la capacidad de una sola dependencia. La identificación requiere recuperar y preservar adecuadamente los restos, realizar análisis antropológicos y genéticos, comparar perfiles y mantener comunicación ordenada con las familias. Cuando los laboratorios carecen de personal, equipo o bases de datos interoperables, la acumulación de restos se convierte en una forma prolongada de incertidumbre. Cada expediente sin conclusión mantiene a una familia en espera y dificulta conocer si existen patrones territoriales o criminales.
La falta de coordinación puede generar daños adicionales. Una familia puede entregar muestras genéticas a distintas instituciones, repetir declaraciones o recibir información contradictoria. Los cambios de funcionarios y la rotación de agentes pueden obligar a reiniciar procesos que ya habían avanzado. Además, las diferencias entre registros municipales, estatales y federales pueden impedir que una coincidencia sea detectada con rapidez. La respuesta institucional tendría que considerar la búsqueda y la identificación como partes de un mismo sistema, con trazabilidad de cada caso y comunicación comprensible para las personas afectadas.
Otro reto consiste en evitar la normalización de la violencia. Cuando las cifras crecen y las desapariciones se presentan como un fenómeno permanente, existe el riesgo de que la sociedad desarrolle una percepción de inevitabilidad. La actividad en Playas de Tijuana puede contrarrestar esa tendencia al devolver rostros, nombres y demandas concretas a un problema estadístico. Sin embargo, la atención mediática debe proteger la dignidad de las familias: la cobertura centrada únicamente en imágenes conmovedoras puede explotar el dolor sin explicar las fallas de investigación, los obstáculos forenses o las obligaciones de las autoridades.
Entre la presión pública y los resultados verificables
El impacto futuro de esta acción dependerá de lo que ocurra después. Un escenario favorable sería que la campaña impulse una mesa de trabajo con participación efectiva de colectivos, organismos de derechos humanos y autoridades, con compromisos públicos sobre protección, búsqueda e identificación. Para que tenga credibilidad, esa mesa tendría que publicar avances periódicos, explicar los límites operativos y permitir que las familias cuestionen las decisiones. La participación no debe convertirse en un trámite consultivo, sino en una forma de incorporar la experiencia de quienes conocen directamente las fallas del sistema.
En materia de seguridad, la ausencia de un mecanismo estatal específico debería abrir una discusión sobre criterios claros para activar medidas de protección. Es importante distinguir entre una amenaza genérica y un riesgo documentado, pero también evitar que la falta de una denuncia formal impida actuar cuando existen señales verificables de peligro. Las evaluaciones deberían actualizarse con frecuencia y contemplar riesgos vinculados con la búsqueda en campo, la exposición en redes sociales, la relación con autoridades locales y la posible presencia de grupos criminales.
La cooperación binacional puede ser útil, aunque no debe presentarse como una solución automática. Compartir información exige garantías de privacidad, procedimientos para validar datos y claridad sobre qué institución responde ante cada caso. La frontera puede facilitar la visibilidad de las familias, pero también expone la complejidad de las jurisdicciones, los distintos estándares de investigación y los límites legales para intercambiar información personal. Sin reglas precisas, la dimensión internacional podría generar expectativas que no se traduzcan en acciones concretas.
La intervención de las mujeres buscadoras tiene el potencial de influir en la agenda pública porque combina denuncia, memoria y exigencia de resultados. Su legitimidad proviene de una experiencia directa que no puede reemplazarse con estadísticas, pero esa legitimidad no debe ser utilizada para trasladarles responsabilidades que corresponden al Estado. La búsqueda ciudadana puede aportar conocimiento y presión social; no debe convertirse en una sustitución permanente de las fiscalías, las comisiones de búsqueda ni los servicios forenses. El indicador decisivo será que las familias enfrenten menos riesgos, reciban información confiable y obtengan respuestas verificables sobre el paradero o la identidad de sus seres queridos.
