El muro de Trump abre otro frente tribal

Un juez federal de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a avanzar con la construcción de aproximadamente 100 kilómetros de muro fronterizo entre Arizona y Sonora, en un tramo colindante con la reserva de la Nación Tohono O’odham. La decisión permite levantar una barrera doble de acero y concreto, de al menos nueve metros de altura, dentro del corredor de la Reserva Roosevelt.

La resolución, emitida el 14 de agosto por el juez Richard Leon, rechazó la petición tribal para suspender las obras, pero no resolvió un problema operativo decisivo: cómo ingresarán trabajadores, contratistas, vehículos y maquinaria a los puntos de construcción cuando deban atravesar terrenos situados fuera de la franja federal.

El acceso será el nuevo campo de disputa

El corredor Roosevelt tiene 60 pies de ancho y fue reservado para uso federal en 1907. El fallo permite construir dentro de ese espacio, pero no concede autorización general para circular por el resto de la reserva, utilizar caminos tribales, almacenar materiales o instalar áreas de trabajo en tierras administradas por la Nación Tohono O’odham.

Las autoridades tribales exigen permisos y licencias para cualquier ingreso fuera del corredor. También han colocado avisos de “Prohibido el paso” y pidieron reportar actividades sospechosas a la Policía Tohono O’odham, evitando confrontaciones directas. Estas restricciones no necesariamente detienen el proyecto, pero pueden obligar a rediseñar rutas, negociar accesos o abrir nuevos litigios sobre daños y jurisdicción.

La controversia tiene una dimensión que excede la infraestructura. El territorio Tohono O’odham se extiende a ambos lados de la frontera y sostiene vínculos familiares, culturales y religiosos entre Arizona y Sonora. La Nación advierte que el muro podría afectar caminos tradicionales, sitios sagrados y peregrinaciones como la caminata de la sal hacia Caborca.

La demanda principal continúa, mientras la Nación analiza nuevas acciones legales. El conflicto entra así en una fase más compleja: la autorización para construir dentro del corredor federal no garantiza el acceso logístico a las obras ni resuelve el choque entre las facultades federales y la soberanía tribal.

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