El Órgano de Administración Judicial (OAJ) ordenó reorganizar juzgados de Distrito y tribunales Colegiados de todo el país para corregir el desequilibrio en las cargas de trabajo y reducir el rezago en la resolución de expedientes. La medida contempla redistribuir asuntos, extinguir algunos órganos, modificar su competencia o especialización y reasignar personal conforme a las necesidades de cada circuito.
Una estrategia basada en diagnóstico nacional
El acuerdo general AG-POAJ-013/2026 se publicó después de un estudio técnico iniciado en noviembre de 2025. El análisis detectó diferencias significativas entre los órganos jurisdiccionales en materia de ingresos, expedientes pendientes y asuntos sin sentencia. Para el OAJ, esas asimetrías afectan directamente la productividad y prolongan los tiempos de respuesta judicial, por lo que la reorganización buscará concentrar recursos donde exista mayor acumulación.
Los primeros órganos llamados a absorber el excedente serán los 10 tribunales Colegiados auxiliares y los 17 juzgados de Distrito auxiliares que operan en el país. Estos recibirán expedientes de otros órganos para continuar su trámite, emitir sentencias y supervisar el cumplimiento de resoluciones de amparo. El OAJ también creó un grupo de trabajo coordinado por su presidente, Néstor Vargas, que deberá presentar informes semestrales sobre los avances y resultados.
La aplicación de las medidas tendrá un impacto particular en secretarios y actuarios, debido a que podrán ser cambiados de adscripción o designados temporalmente para cubrir plazas vacantes de jueces y magistrados. La Comisión de Adscripción deberá proponer reubicaciones, readscripciones y nuevas designaciones derivadas de la reorganización.
Advertencia por derechos laborales
El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal expresó preocupación por el acuerdo. Advirtió que elevar metas y cargas sin una revisión precisa ni la participación del personal podría traducirse en jornadas excesivas, presión laboral y afectaciones a la salud. El punto central será determinar si la redistribución corrige realmente las desigualdades detectadas o si traslada el rezago y el costo operativo a trabajadores que ya enfrentan condiciones de alta demanda.
