El gobierno federal presentará este martes 8 de septiembre el Paquete Económico 2027 ante el Congreso de la Unión, en un momento marcado por la desaceleración de la economía mexicana, el bajo crecimiento de los ingresos y una presión cada vez mayor sobre las finanzas públicas. La entrega estará a cargo de Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda, en San Lázaro, durante un acto encabezado por Raúl Bolaños Cacho, presidente de la Cámara de Diputados.
La presentación está prevista para las 18:00 horas y pondrá sobre la mesa las estimaciones de crecimiento, inflación, tipo de cambio, ingresos y gasto que servirán de base para la política económica del próximo año. Más que un trámite presupuestario, el documento definirá el margen de maniobra con el que contará la administración de Claudia Sheinbaum para atender sus compromisos sociales y, al mismo tiempo, contener el déficit.
La primera señal: ajustes fiscales sin nuevos impuestos
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la estrategia buscará una consolidación fiscal gradual. De acuerdo con esa orientación, el gobierno pretende reducir los desequilibrios de las finanzas públicas sin aumentar impuestos y sin recortar el gasto destinado a bienestar, salud, educación e inversión pública. La mandataria tampoco descartó ampliar algunos programas sociales.
El planteamiento implica resolver una tensión central: si los ingresos crecen poco, mantener o ampliar el gasto prioritario exige encontrar ahorros, elevar la eficiencia recaudatoria o recurrir a un mayor endeudamiento. La primera opción puede ser políticamente compleja; la segunda requiere resultados verificables; y la tercera reduciría el espacio fiscal disponible en los siguientes años.
En ese contexto, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, anticipó que el paquete incluirá medidas adicionales contra la evasión y la elusión fiscal. También se reforzará el combate a las empresas dedicadas a la facturación falsa, una práctica que reduce la recaudación y distorsiona la competencia entre contribuyentes.
El crecimiento será la variable que determine el margen real
Las proyecciones económicas muestran por qué la elaboración del paquete será especialmente delicada. Janneth Quiroz, directora de análisis de Monex, estima que la economía mexicana crecerá apenas 1.8 por ciento en 2027, mientras que Hacienda podría utilizar una previsión de 2.4 por ciento. La diferencia no es menor: una estimación oficial más optimista puede traducirse en mayores ingresos presupuestarios esperados, pero también eleva el riesgo de que las metas fiscales se incumplan si la actividad económica queda por debajo de lo previsto.
La inflación constituye otro punto de posible divergencia. Quiroz calcula un rango de entre 3.5 y 4.0 por ciento para el próximo año, frente al 3.0 por ciento que Hacienda podría establecer como supuesto oficial. Una inflación más alta encarece bienes, servicios y proyectos de infraestructura, además de limitar el poder adquisitivo de los hogares. También puede mantener elevada la presión sobre las tasas de interés y, con ello, el costo financiero de la deuda pública.
En materia cambiaria, la especialista proyecta que el peso cierre 2027 entre 17.85 y 17.90 unidades por dólar. Esa previsión se encuentra por debajo de los 18.60 pesos considerados en los Precriterios. Un tipo de cambio más fuerte puede abaratar algunas importaciones y contener parte de las presiones inflacionarias, aunque también reduce el valor en pesos de ciertos ingresos vinculados con el exterior.
Ingresos estancados y un gasto que tendría que ajustarse
Judith Senyacen Méndez, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, anticipa que los ingresos presupuestarios prácticamente permanecerán estancados en 22.5 por ciento del producto interno bruto. Al mismo tiempo, el gasto público bajaría de 26.1 a 25.4 por ciento del PIB entre 2026 y 2027.
La reducción de siete décimas del PIB puede parecer acotada, pero representa un ajuste relevante cuando las necesidades de gasto siguen creciendo. Reducirlo sin afectar los servicios públicos ni la inversión dependerá de qué partidas se modifiquen, de la capacidad para contener el gasto corriente y de la eficiencia con la que se ejecuten los recursos.
El principal riesgo señalado por los especialistas es que la consolidación fiscal termine recayendo nuevamente sobre la inversión pública. Ese mecanismo puede facilitar el cumplimiento de las metas en el corto plazo, pero debilita la capacidad productiva y limita las fuentes de crecimiento futuro. En otras palabras, un ajuste basado en posponer infraestructura puede mejorar temporalmente las cuentas públicas mientras deteriora las condiciones que permitirían aumentar los ingresos más adelante.
La decisión clave estará en la calidad del ajuste
El Banco de México, según la previsión de Quiroz, mantendría su tasa de referencia en 6.50 por ciento durante 2027, sin recortes adicionales. Esta expectativa refleja un escenario en el que la inflación todavía exigiría cautela monetaria y en el que el costo del crédito seguiría siendo un factor de presión para empresas, hogares y gobierno.
Por ello, el debate sobre el Paquete Económico 2027 no se limitará a saber cuánto gastará el Estado, sino a determinar qué tipo de ajuste propone. La estrategia será más sólida si combina una recaudación eficaz contra prácticas ilegales, una revisión cuidadosa del gasto corriente y protección efectiva para la inversión productiva y los programas sociales.
El documento deberá demostrar que la reducción del déficit puede avanzar sin trasladar todo el costo a la infraestructura ni depender de supuestos económicos demasiado favorables. La diferencia entre un ajuste contable y una consolidación fiscal sostenible estará en preservar las condiciones de crecimiento mientras se ordenan las finanzas públicas. Ese será el criterio con el que el Congreso y los mercados evaluarán las cifras presentadas en San Lázaro.
