La leve depreciación del peso mexicano observada el 1 de julio de 2026 no constituye un hecho aislado, sino la manifestación de dos procesos de largo aliento que se entrecruzan en el tiempo: la primera revisión formal del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) y la persistente inestabilidad geopolítica en Oriente Medio. Ambos factores operan sobre variables distintas, pero convergen en la percepción de riesgo de los inversionistas institucionales que operan el tipo de cambio.
El TMEC, vigente desde julio de 2020, sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tras una renegociación marcada por exigencias estadounidenses en materia de reglas de origen automotrices y cláusulas laborales. La revisión prevista para 2026 representa el primer mecanismo de ajuste institucional del acuerdo y ocurre en un contexto de cadenas de suministro reconfiguradas tras la pandemia y la guerra en Ucrania. Los mercados anticipan que cualquier endurecimiento de los requisitos de contenido regional o de verificación laboral podría elevar costos para las empresas que operan bajo el esquema de nearshoring en México.
Simultáneamente, los acontecimientos en Oriente Medio mantienen una influencia indirecta pero sostenida sobre el peso a través del precio del petróleo y las primas de riesgo globales. Aunque México ya no depende del crudo como principal fuente de divisas, los movimientos en los mercados energéticos alteran las expectativas de inflación importada y las decisiones de cartera de los fondos que administran activos en pesos. La combinación de estos dos frentes genera un rango de negociación más amplio para el tipo de cambio, tal como lo reflejan las bandas de 17.48 a 17.62 pesos por dólar proyectadas por Banorte para la jornada.
Antecedentes del TMEC y su mecanismo de revisión
El TLCAN, firmado en 1994, transformó la estructura productiva mexicana al integrar sectores como el automotriz y el electrónico a las cadenas norteamericanas. Sin embargo, la distribución de beneficios fue desigual: mientras que las exportaciones manufactureras crecieron, los salarios reales en muchas regiones permanecieron estancados. La renegociación de 2017-2019 introdujo el capítulo laboral más exigente de la historia de los acuerdos comerciales de Estados Unidos, obligando a México a modificar su legislación sindical y a crear mecanismos de verificación. La cláusula de revisión cada seis años, incorporada en el TMEC, permite a cualquiera de las partes solicitar ajustes sin necesidad de denunciar el tratado completo. Esta disposición, poco habitual en tratados comerciales, otorga a los gobiernos un instrumento de presión periódica que los mercados interpretan como fuente de incertidumbre regulatoria.
En 2026, el gobierno estadounidense llega a la mesa con una agenda que incluye mayor contenido regional en baterías para vehículos eléctricos y cumplimiento efectivo de los convenios colectivos en plantas mexicanas. La industria automotriz, responsable de aproximadamente el 30 % de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, observa con atención cualquier modificación en las reglas de origen. Un incremento del umbral del 75 % al 80 % de contenido regional, por ejemplo, obligaría a varias armadoras a reubicar proveedores asiáticos, elevando costos logísticos y presionando márgenes. La experiencia de 2019, cuando el anuncio de aranceles del 5 % sobre exportaciones mexicanas provocó una depreciación inmediata del peso superior al 3 %, ilustra cómo las señales políticas pueden traducirse rápidamente en movimientos cambiarios.
El canal de transmisión de Oriente Medio al peso mexicano
Aunque el vínculo directo entre los conflictos en Oriente Medio y la economía mexicana es limitado, el canal financiero opera con rapidez. Los episodios de escalada en la región suelen elevar la volatilidad del índice VIX y provocar salidas de capital hacia activos de refugio, entre ellos el dólar estadounidense. México, como emisor de deuda en pesos accesible a fondos globales, experimenta salidas de cartera cuando la aversión al riesgo aumenta. Además, el precio del petróleo Brent, que en julio de 2026 oscilaba cerca de los 78 dólares por barril, influye sobre las expectativas de inflación en Estados Unidos y, por tanto, sobre la trayectoria de tasas de la Reserva Federal. Una Fed más restrictiva por más tiempo encarece el carry trade en pesos y amplifica la depreciación.
El caso de 2022 resulta ilustrativo: tras la invasión rusa a Ucrania, el peso mexicano se depreció más de 5 % en dos semanas a pesar de que los fundamentos internos permanecían estables. Los inversionistas vendieron activos emergentes de manera indiscriminada. La misma dinámica, aunque en menor escala, se observa ahora con las tensiones en Gaza y el estrecho de Ormuz. Banorte identifica el nivel de 17.68 pesos como soporte técnico; su ruptura abriría paso a un movimiento más pronunciado hacia 17.85, umbral que coincide con el promedio móvil de 200 días.
Impactos sectoriales y cadenas de valor
La depreciación controlada del peso puede beneficiar a exportadores netos, especialmente en el sector agroindustrial y de autopartes. Sin embargo, las empresas con alta dependencia de insumos importados enfrentan costos elevados. La industria farmacéutica y la de equipo médico, que importan más del 60 % de sus componentes, ya reportan presiones sobre márgenes. Por el lado fiscal, una depreciación sostenida incrementa el servicio de la deuda denominada en dólares del sector público y privado, aunque el nivel actual de reservas internacionales (más de 220 mil millones de dólares) otorga al Banco de México margen de maniobra para intervenir sin agotar reservas.
El nearshoring, presentado como la gran oportunidad de México, depende de la certidumbre regulatoria que ofrezca el TMEC. Si la revisión introduce requisitos adicionales de trazabilidad laboral o ambiental, algunas empresas podrían reconsiderar proyectos de inversión en estados del norte y occidente del país. El caso de la planta de Tesla en Nuevo León, anunciada en 2023 y sujeta a retrasos por cuestiones de agua y energía, muestra cómo factores no arancelarios pueden alterar cronogramas de inversión. Una señal de endurecimiento en la revisión del TMEC podría amplificar estas dudas y reducir el flujo de anuncios de inversión extranjera directa en 2027.
Consecuencias sociales y de mediano plazo
Una depreciación persistente del peso erosiona el poder adquisitivo de los hogares que consumen bienes importados o cuyos salarios no se ajustan con la inflación. El índice de precios al consumidor ya muestra presiones en alimentos y transporte; un tipo de cambio más alto las acentúa. En paralelo, las remesas, que en 2025 superaron los 63 mil millones de dólares, pierden valor en términos reales para las familias receptoras cuando el peso se debilita, aunque el monto en dólares permanezca estable. Esta dinámica afecta de manera desproporcionada a los deciles de ingreso más bajos.
A mediano plazo, la combinación de incertidumbre comercial y volatilidad geopolítica podría empujar al Banco de México a mantener una postura monetaria más restrictiva de lo que sugieren los fundamentos internos. Las tasas reales elevadas encarecen el crédito para pequeñas y medianas empresas, limitando la capacidad de absorber shocks externos. El escenario más probable es una oscilación prolongada del tipo de cambio entre 17.40 y 17.80 pesos durante el segundo semestre de 2026, con episodios de mayor volatilidad coincidiendo con anuncios concretos sobre la revisión del TMEC o escaladas puntuales en Oriente Medio.
La capacidad de México para navegar este entorno dependerá tanto de la solidez de sus reservas como de la calidad de la negociación que emprenda en la revisión del tratado. Una estrategia que priorice la certidumbre regulatoria y la diversificación de mercados podría mitigar los efectos negativos de la depreciación, mientras que una postura confrontacional con los socios comerciales amplificaría la percepción de riesgo y prolongaría la presión sobre el peso.
