El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,9 billones, llegó al Congreso acompañado de una advertencia que puede afectar tanto su discusión técnica como su viabilidad política: varios anexos macroeconómicos presentan proyecciones distintas de inflación y el texto no identifica con precisión la fuente de los recursos anunciados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, especialmente en el Eje Cafetero.
El representante a la Cámara por Risaralda, Durguez Espinosa, del Centro Democrático, pidió al Gobierno explicar las diferencias antes de que avance el primer debate. Su preocupación no se limita a una inconsistencia formal. En un presupuesto de cientos de billones de pesos, modificar la variable de inflación puede alterar las estimaciones de ingresos, gastos, apropiaciones y necesidades de financiación, además de cambiar la lectura sobre el margen real que tendría el Estado para atender la emergencia.
Una diferencia porcentual con efectos fiscales
Según la información divulgada sobre el proyecto, en distintos apartados aparecen cálculos de inflación de 6,0 %, 6,6 % y 6,8 %. Espinosa sostiene que, si los $634,9 billones fueron construidos con una referencia de 6 %, el monto equivalente subiría aproximadamente a $638,5 billones con una inflación de 6,6 % y a $639,6 billones con una de 6,8 %.
La comparación no significa necesariamente que el presupuesto deba aumentar de manera automática en esas proporciones. Su importancia está en mostrar que la base de cálculo debe ser única, explícita y coherente en todo el expediente. Cuando las variables macroeconómicas no coinciden entre el articulado y sus anexos, el Congreso puede terminar evaluando cifras que no responden al mismo escenario económico.
La inflación proyectada incide, entre otros aspectos, en el valor nominal de los programas públicos, en el costo de las obras, en la capacidad de compra de las entidades y en las obligaciones que el Gobierno tendría que cubrir durante la vigencia fiscal. Una diferencia de varias décimas puede parecer limitada en términos cotidianos, pero adquiere otra dimensión cuando se aplica a contratos de infraestructura, transferencias y partidas nacionales de gran escala.
El Fondo Milagro aún no tiene una ruta visible
La segunda inquietud se refiere al denominado Fondo Milagro, presentado por el Ejecutivo como uno de los instrumentos para financiar la reconstrucción del país. El Gobierno ha mencionado una inversión cercana a $30 billones, pero Espinosa afirma que el proyecto presupuestal no señala de forma directa de dónde provendrán esos recursos.
El representante concentra su reparo en el artículo 2, que establece las apropiaciones presupuestales. Allí, según su revisión, no aparece una partida específica para el fondo, aunque sí existen referencias en los anexos. Esa diferencia abre una pregunta operativa: si el dinero se obtendrá mediante traslados entre entidades públicas, si será ejecutado directamente por los ministerios o si se requerirá posteriormente una modificación del presupuesto.
La respuesta es relevante porque el anuncio de una suma global no equivale todavía a una asignación ejecutable. Para que los recursos lleguen a las comunidades afectadas se necesitan responsables institucionales, cronogramas, fuentes identificables y reglas de seguimiento. Sin esa trazabilidad, el monto anunciado puede quedar como una promesa financiera difícil de contrastar con los avances físicos de las obras.
La reconstrucción pone a prueba la coordinación estatal
El terremoto obliga a ordenar prioridades en vivienda, transporte, infraestructura educativa, servicios básicos y recuperación de redes productivas. No todos los proyectos pueden ejecutarse al mismo tiempo ni con la misma urgencia. Por eso, la discusión presupuestal también definirá qué entidades asumirán la reconstrucción, cómo se coordinarán los ministerios y qué criterios se utilizarán para distribuir los recursos entre departamentos y municipios.
En este punto, la transparencia presupuestal tiene una dimensión territorial. Las regiones afectadas necesitan conocer no solo cuánto dinero se anuncia, sino qué obras están financiadas, en qué etapa se encuentran y qué entidad responderá por su ejecución. Una apropiación dispersa en distintos ministerios puede ser legal y, sin embargo, dificultar el control ciudadano y parlamentario si no existe un mapa consolidado de inversiones.
Risaralda reclama mayor detalle regional
La revisión de Espinosa también señala una baja participación de Risaralda en las partidas regionalizadas. El anexo del mensaje presidencial registra $49.000 millones destinados exclusivamente al sector transporte, en particular a la Troncal del Eje Cafetero. Ese valor representa alrededor del 0,2 % de los $16,9 billones previstos para inversión sectorial nacional.
La cifra, por sí sola, no permite concluir que el departamento haya sido excluido de toda la inversión pública, porque otros recursos podrían aparecer distribuidos en programas nacionales o en anexos aún no publicados de manera ampliada. Precisamente por eso, el congresista pidió divulgar de inmediato la información regionalizada completa. Sin ese detalle es difícil establecer si existen proyectos adicionales para Risaralda y el Eje Cafetero o si la reconstrucción quedará concentrada en decisiones posteriores.
El debate del presupuesto de 2027 queda así condicionado por dos exigencias que se refuerzan entre sí: consistencia en los supuestos económicos y claridad sobre la ejecución territorial. El Gobierno deberá precisar cuál proyección de inflación sustenta el proyecto y cómo se incorporará el Fondo Milagro dentro de la arquitectura fiscal. El Congreso, por su parte, tendrá que determinar si las partidas anunciadas ofrecen respaldo suficiente para una reconstrucción verificable, con prioridades definidas y recursos que puedan ser rastreados desde la asignación hasta la obra terminada.
