El salario digno aún no alcanzaMéxico logró en tres años un cambio que, en cualquier país, merecería una lectura prudente pero seria: casi borró los salarios de pobreza entre los trabajadores formales afiliados al IMSS. La caída de 40% a 2% en ese estrato indica que el piso salarial dejó de ser una zona de emergencia para una parte relevante del empleo registrado. El problema es que esa mejora no cerró la brecha principal del mercado laboral mexicano. Simplemente desplazó a millones de personas hacia una franja intermedia que ACFP llama “supervivencia”: ingresos superiores a dos canastas básicas, pero todavía lejos de los 14,400 pesos mensuales libres que la organización toma como referencia de salario digno.Ese desplazamiento importa porque cambia la naturaleza del debate. Ya no se trata solo de evitar que el salario no alcance para comer. El reto ahora es si el empleo formal puede sostener una vida con margen mínimo de estabilidad: vivienda, transporte, cuidado, salud, ahorro y capacidad de absorber imprevistos. La cifra de 48% de trabajadores formales por encima del umbral digno revela un mercado laboral que avanzó en la base, pero que sigue partido en dos en la mitad superior.De la pobreza salarial al umbral de vida dignaLa primera lectura del Termómetro Salarial es favorable: el salario mínimo y la presión pública lograron elevar a muchos trabajadores por encima del umbral más bajo. Pero ese avance no debe confundirse con movilidad real. Cuando 50% del empleo formal queda en supervivencia, el sistema está funcionando como una escalera de peldaños muy cortos. Se sale de la urgencia extrema, pero no se llega a un ingreso que permita planear la vida con cierta normalidad.La diferencia entre ambos estadios es sustantiva. Un salario de pobreza describe precariedad inmediata; un salario de supervivencia describe una aparente formalidad con fragilidad persistente. En términos de política pública, eso obliga a cambiar el foco: el éxito ya no puede medirse solo por la reducción del número de trabajadores bajo dos canastas básicas, sino por la velocidad con la que ese segmento intermedio puede ascender. Si esa transición se estanca, el país corre el riesgo de celebrar una corrección contable mientras conserva la misma vulnerabilidad social.El tamaño de la empresa ya es una variable salarialLa brecha entre grandes firmas y micronegocios es el dato más útil para entender por qué el debate sobre salarios no puede resolverse con una sola palanca. En empresas con más de mil trabajadores, 70% supera el ingreso digno; en negocios de entre 6 y 50 empleados, la proporción baja a 27%; en micronegocios, apenas 12% llega a ese nivel. Esto no es solo una desigualdad de remuneración: es una desigualdad de productividad, acceso a financiamiento, escala comercial y capacidad de cumplimiento regulatorio.Mi primera conclusión es que el salario digno en México ya no depende únicamente de voluntad patronal o de ajustes legales, sino de la estructura empresarial del país. Un mercado dominado por unidades pequeñas tiende a pagar menos porque opera con márgenes reducidos, menor formalización administrativa y baja capacidad para absorber aumentos de costo. Por eso, exigir el mismo ritmo salarial en toda la economía sin distinguir tamaño y productividad sería políticamente atractivo, pero económicamente ineficaz. La brecha no se corrige con un mandato uniforme; se corrige con incentivos diferenciados, simplificación fiscal y mecanismos que eleven la productividad de los negocios pequeños.Lo que piden las empresas y lo que pide el ingresoACFP propone tres rutas: aumentos diferenciados del salario mínimo, exención de ISR para salarios bajos y un régimen unificado de ISR e IMSS con subsidios decrecientes para micronegocios, inspirado en esquemas como el monotributo uruguayo. Cada una ataca un punto distinto del problema. La primera evita que el salario mínimo pierda capacidad de arrastre. La segunda busca que el aumento nominal no se diluya en impuestos. La tercera intenta resolver el gran bloqueo de la formalidad: para muchos autoempleados y negocios familiares, entrar al sistema sigue siendo demasiado costoso o complejo.La discusión de fondo es quién absorbe el costo de la mejora salarial. Las empresas suelen advertir que un aumento acelerado puede presionar empleo y márgenes. Los trabajadores responden que un salario formal que no alcanza no es un salario digno, sino un subsidio implícito a la precariedad. El gobierno, por su parte, se coloca en medio: necesita sostener el poder de compra, preservar el empleo y no desalentar la formalidad. Ninguna de esas posiciones es ilegítima. El problema es que el acuerdo político suele quedarse en el punto donde todas ceden un poco, pero nadie cambia la estructura.Mi segundo punto es que la exención de impuestos a los salarios más bajos tendría más sentido si se diseña como una política focalizada y temporal, no como una renuncia fiscal permanente. En el corto plazo puede traducirse en ingreso neto más alto y en una señal clara para formalizar. Pero si no se acompaña de incentivos a la productividad, puede convertirse en un alivio transitorio que no modifica la capacidad de pago real de las empresas. El riesgo no está en usar el sistema tributario para premiar el salario digno; el riesgo está en creer que el alivio fiscal por sí solo sustituye el salto productivo que el país necesita.El límite de la formalidad mexicanaEl dato más incómodo del reporte es que la mejora salarial se observa dentro del empleo formal, no en todo el mercado laboral. Eso significa que el país puede exhibir un avance relevante en su zona más visible y aun así mantener intacta una masa grande de informalidad con ingresos menores, sin seguridad social y con menor poder de negociación. ACFP habla de un universo donde 80% de los trabajos informales se concentran en personas por cuenta propia o en negocios familiares; ahí está el verdadero cuello de botella.La transición hacia un régimen simplificado de incorporación puede ser una de las reformas más importantes si quiere ampliarse la cobertura contributiva. Pero también es una de las más difíciles. Formalizar no solo implica pagar cuotas; implica registrar operaciones, aceptar supervisión y convivir con costos de cumplimiento. Si el esquema nuevo no reduce de verdad la carga administrativa, el resultado será modesto. Si la reduce demasiado, puede vaciar de contenido la protección social. El equilibrio es delicado y exige una ingeniería institucional que México suele anunciar con rapidez y ejecutar con lentitud.Lo que puede venir despuésLa tendencia más probable es una segunda fase del debate salarial, menos centrada en el salario mínimo y más en la distribución interna de los ingresos formales. El foco se moverá hacia el ingreso digno, la retención de talento en empresas pequeñas y los mecanismos de compensación fiscal. También crecerá la presión sobre sectores donde el margen de productividad es bajo y la rotación alta, porque ahí el salario se vuelve la variable más visible del conflicto laboral.El principal riesgo es que la mejora reciente alimente una sensación de tarea cumplida. No lo está. El país redujo con fuerza la pobreza salarial, pero todavía no construyó una base amplia de ingresos suficientes. Si el crecimiento económico se desacelera, esa mitad en supervivencia quedará expuesta con rapidez: menos margen para negociar, menos capacidad de consumo y más propensión a abandonar o simular la formalidad. El desafío ya no es impedir que el salario caiga al piso. Es empujar a millones de trabajadores por encima de una línea que les permita vivir, no solo resistir.