Entre 2019 y 2025 la producción agropecuaria de El Salvador experimentó una contracción sostenida que se refleja en la pérdida de 109.000 cabezas de ganado vacuno y en reducciones notables de los principales cultivos de granos básicos. El economista César Villalona detalló estas cifras durante una entrevista en el programa Enfoque, basándose en datos del censo agropecuario más reciente. La magnitud del descenso obliga a examinar tanto los factores internos de costos como los cambios en las políticas públicas que han modificado el panorama del sector rural.
Caída simultánea en ganadería y granos básicos
La reducción del hato ganadero constituye uno de los indicadores más visibles. En seis años el país pasó de contar con un volumen significativamente mayor de vacas a registrar 109.000 animales menos. Paralelamente, la cosecha de arroz descendió de más de 600.000 quintales a poco más de 70.000. El maíz, por su parte, pasó de 19 millones de quintales en el ciclo 2019-2020 a 11 millones en 2024-2025. El frijol muestra un déficit aún más pronunciado: frente a un consumo nacional de 2,4 millones de quintales, la producción apenas superó el millón en la última cosecha. Estos números configuran un escenario en el que la oferta local de alimentos básicos se ha estrechado de manera consistente.
Incremento de importaciones y presión sobre los costos
Villalona vinculó la menor producción con el avance de las importaciones de alimentos, que han ocupado progresivamente el espacio dejado por la oferta nacional. Al mismo tiempo, los insumos agrícolas registraron alzas pronunciadas: el precio de la urea aumentó más de 150 % entre 2019 y 2025, mientras que el sulfato de amonio siguió una trayectoria similar. El alquiler de tierras subió 42 %, con incrementos superiores en predios con acceso a riego. Estas variaciones elevan el umbral de rentabilidad para los productores y reducen los márgenes que antes permitían mantener niveles de inversión más altos.
Modificaciones en los programas de apoyo estatal
El economista señaló que cinco iniciativas dirigidas al sector agropecuario dejaron de aplicarse en los últimos años: Agricultura Familiar, Acuicultura Familiar, Desarrollo Rural, Amanecer Rural y Desarrollo Agropecuario. Además, el paquete agrícola que antes entregaba insumos por un valor de 150 dólares ahora se limita a 75 dólares, a pesar del encarecimiento de semillas y fertilizantes. El acceso al crédito bancario permanece restringido: solo el 1 % del financiamiento total se destina al sector agropecuario, lo que equivale a un dólar de cada cien prestados por el sistema financiero. Esta proporción limita la capacidad de los productores para renovar maquinaria o incorporar tecnologías que podrían compensar parte de las pérdidas de productividad.
Relevo generacional y dinámica laboral rural
La escasez de mano de obra se agrava por la falta de relevo generacional. Muchos jóvenes optan por trasladarse a zonas urbanas o emigrar al extranjero ante salarios reducidos, jornadas extensas y escasas perspectivas de mejora. Las condiciones de pobreza más severas se concentran en el ámbito rural, lo que refuerza el éxodo. Aproximadamente 200.000 personas trabajan actualmente bajo la modalidad de arrendamiento de tierras, una situación que incrementa su vulnerabilidad ante fluctuaciones de precios y costos. Las mujeres rurales, por su parte, suelen desempeñar funciones de menor jerarquía y enfrentan una doble jornada laboral, lo que añade complejidad a la organización del trabajo en el campo.
Dependencia de remesas y perspectivas del sector
La migración rural ha incrementado la importancia de las remesas como fuente de ingreso para muchas familias. Estos recursos sostienen el consumo local, pero no sustituyen la producción ni generan dinamismo productivo dentro del sector agropecuario. Sin políticas que mejoren el acceso al financiamiento, reduzcan la volatilidad de los insumos y ofrezcan condiciones más atractivas para las nuevas generaciones, la actividad agrícola continúa perdiendo atractivo. El análisis de Villalona muestra un conjunto de variables interconectadas —costos, programas públicos, crédito y demografía— que configuran un panorama estructural más que coyuntural para la agricultura salvadoreña.
