El Salvador ocupa ya el segundo lugar en Centroamérica por su dependencia de importaciones alimentarias, solo detrás de Panamá. Esta condición, señalada por Adalberto Blanco de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, deriva de un modelo que favorece sistemáticamente la compra externa frente al fortalecimiento de la producción nacional. El resultado es una pérdida progresiva de control sobre los precios internos y una exposición directa a choques globales.
El censo agropecuario 2025 confirma la magnitud del retroceso: la producción de maíz cayó de casi 17 millones a poco más de 11 millones de quintales, y la de frijol pasó de más de 2,5 millones a menos de un millón. Solo la caña de azúcar amplió su superficie. El fenómeno de El Niño ha agravado esta tendencia al retrasar la siembra y amenazar con pérdidas superiores al 50 % en varios cultivos.
Vulnerabilidad estructural
La agricultura salvadoreña depende casi por completo de las lluvias: apenas el 3 % de los cultivos cuenta con riego. La migración rural ha reducido la mano de obra disponible, mientras el aumento de costos de insumos y la sustitución del paquete agrícola por bonos han debilitado los incentivos a los productores. Los alimentos importados, a menudo subsidiados en origen, compiten en condiciones desventajosas con la producción local.
Consecuencias y riesgos
Más de 732 000 personas ya enfrentan inseguridad alimentaria. La combinación de menor cosecha, precios elevados y reservas insuficientes obliga a muchas familias a reducir comidas o vender activos. Sin una política que recupere capacidad productiva, la dependencia de importaciones seguirá aumentando y la vulnerabilidad ante sequías o crisis internacionales se volverá estructural.
