El modelo de recaudación basado en la fiscalización enfrenta una señal de agotamiento que ya no puede explicarse únicamente por variaciones administrativas. Durante el primer semestre de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó 28,830 actos de fiscalización y obtuvo 580,782 millones de pesos. Aunque ejecutó 5,598 revisiones más que en el mismo periodo de 2025, los ingresos asociados descendieron 1.05%.
La cifra más reveladora no es solamente la caída del monto total, sino el rendimiento de cada revisión. En promedio, cada acto generó 20.1 millones de pesos, el nivel más bajo para un primer semestre desde 2021. Frente al máximo registrado en la primera mitad de 2024, la recuperación por auditoría disminuyó 49.3%. El SAT está revisando más contribuyentes, pero cada expediente produce, en términos relativos, menos recursos.
El dato que cambia la lectura: más volumen, menor productividad
El aumento en el número de actos podría parecer, a primera vista, una señal de mayor capacidad institucional. Sin embargo, cuando el volumen de auditorías crece y la recaudación se estanca o retrocede, la conclusión es distinta: la autoridad está desplazándose hacia casos de menor tamaño, menor capacidad de pago o mayor complejidad probatoria.
La evolución reciente confirma un cambio de ciclo. Después de 2020, los cobros derivados de la fiscalización aumentaron de manera continua y alcanzaron máximos en 2024. Ese crecimiento estuvo vinculado a la estrategia iniciada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que eliminó la condonación de impuestos a grandes empresas y orientó al SAT hacia la revisión de ejercicios fiscales anteriores, particularmente de corporativos con adeudos o discrepancias significativas.
La administración de Claudia Sheinbaum mantuvo la fiscalización como una herramienta central, pero con un énfasis más amplio: detectar empresas factureras, revisar sectores completos y utilizar tasas efectivas de tributación como referencia para identificar posibles incumplimientos. Esa ampliación puede elevar la cobertura, aunque no necesariamente la recaudación inmediata. Una auditoría a una compañía mediana requiere horas de especialistas, cruces de información y eventualmente litigios, aun cuando el impuesto recuperable sea mucho menor que el de una gran corporación.
La Secretaría de Hacienda reporta que la rentabilidad de la fiscalización también se redujo: por cada peso invertido, el gobierno recuperó 315 pesos en el primer semestre de 2024, 246 en 2025 y 250.5 en 2026. El ligero repunte de este último año no revierte la pérdida frente a 2024. La diferencia entre el rendimiento por peso invertido y el ingreso promedio por acto muestra dos dimensiones distintas del problema: el SAT conserva una operación rentable, pero cada vez depende más de una cantidad creciente de revisiones para sostenerla.
La era de los grandes cobros difícilmente volverá igual
Allen Saracho Carrillo, integrante de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, identifica el límite principal: los contribuyentes grandes y fácilmente localizables que podían generar pagos extraordinarios son un universo finito. Después de varios años de revisiones agresivas, es razonable esperar que buena parte de los corporativos con mayores contingencias ya haya sido auditada, regularizada o haya adoptado mecanismos defensivos para reducir futuras exposiciones.
Esta es la primera conclusión de fondo: la desaceleración no implica necesariamente que el SAT haya perdido capacidad de vigilancia, sino que el rendimiento excepcional de la primera etapa era difícil de repetir. Los llamados “peces gordos” funcionaron como una fuente extraordinaria de ingresos, pero no como una base permanente. Cuando una administración obtiene pagos millonarios de un grupo reducido de empresas, el resultado mejora rápidamente; cuando intenta convertir ese mecanismo en una fuente recurrente, aparecen los límites estadísticos y económicos.
El problema fiscal consiste ahora en transformar una estrategia de regularización extraordinaria en un sistema estable de cumplimiento. La diferencia es crucial. Los cobros únicos pueden aliviar las finanzas públicas en un año determinado, pero no sustituyen ingresos recurrentes provenientes de una base amplia, formal y predecible. Si el presupuesto depende de repetir grandes liquidaciones, cada ejercicio comienza con una expectativa más difícil de cumplir.
Las tasas efectivas abren una nueva zona de conflicto
Desde comienzos de 2026, el SAT ha difundido tasas efectivas para actividades como comercio mayorista y minorista, construcción, electricidad, minería y servicios financieros. La intención es inducir la autocorrección de quienes reporten tasas inferiores y orientar las revisiones hacia empresas que se aparten de esos parámetros.
La herramienta puede mejorar la selección de auditorías, pero también introduce una controversia relevante. Una tasa efectiva sectorial es un indicador estadístico, no una prueba automática de evasión. Dos empresas del mismo ramo pueden enfrentar estructuras de costos, ciclos de inversión, niveles de endeudamiento, pérdidas acumuladas o condiciones regionales completamente distintas. Una compañía constructora que atraviesa un periodo de inversión intensa puede declarar una tasa menor sin que exista una operación simulada; una empresa con una tasa cercana al promedio puede, en cambio, ocultar ingresos mediante mecanismos más sofisticados.
El segundo hallazgo es que la fiscalización basada en promedios puede aumentar el número de revisiones sin elevar proporcionalmente la calidad de los resultados. Si las tasas se utilizan como señales de riesgo y no como condenas anticipadas, pueden ayudar a concentrar recursos. Pero si se convierten en metas implícitas de recaudación, el incentivo para que las empresas se ajusten artificialmente al parámetro será mayor que el incentivo para mejorar la transparencia de sus operaciones.
Para los contribuyentes, el efecto inmediato será un aumento de los costos de cumplimiento. Las compañías deberán documentar con mayor detalle sus márgenes, operaciones intercompañía, deducciones, créditos fiscales y diferencias temporales. Las grandes empresas pueden absorber ese gasto mediante departamentos internos y asesores especializados. Las medianas, en cambio, tendrán que elegir entre invertir en controles, aceptar acuerdos de regularización o enfrentar litigios prolongados. La misma política, por tanto, puede tener efectos distributivos distintos según el tamaño de la empresa.
El sector privado pide certeza; Hacienda busca cerrar brechas
Desde la perspectiva de Hacienda, la fiscalización sigue siendo una de las herramientas más rentables disponibles y permite combatir prácticas que erosionan la base tributaria sin aprobar una reforma fiscal. La persecución de empresas factureras y el cruce de información digital pueden detectar redes de simulación que antes permanecían fragmentadas entre distintas declaraciones. Además, la amenaza creíble de una revisión puede elevar el cumplimiento voluntario incluso cuando no termina en un pago extraordinario.
La posición empresarial es más matizada. Las cámaras y especialistas fiscales no rechazan necesariamente las auditorías, pero cuestionan que la autoridad convierta indicadores generales en referencias rígidas. Una fiscalización impredecible puede afectar decisiones de inversión, elevar el costo financiero de las compañías y fomentar una conducta defensiva: presentar declaraciones diseñadas para evitar alertas, en lugar de reportar con precisión el desempeño económico.
También existe una disputa sobre la calidad de la recaudación. Un pago derivado de una auditoría puede ser legalmente exigible, pero si nace de una interpretación controvertida y termina en tribunales, el ingreso presupuestario puede tardar años en consolidarse. Las estadísticas de cobro inicial no siempre reflejan el costo de los litigios, las devoluciones posteriores o los acuerdos que reducen el monto originalmente determinado.
Para los contadores y despachos fiscales, el nuevo entorno representa una expansión de la demanda, pero también una mayor responsabilidad profesional. La revisión sectorial obliga a construir expedientes más robustos y a anticipar cuestionamientos sobre la sustancia económica de las operaciones. El riesgo reputacional aumenta: una empresa señalada como posible incumplidora puede enfrentar dificultades comerciales aun antes de que exista una resolución definitiva.
La recaudación total confirma que el problema ya es macroeconómico
El debilitamiento de los actos de fiscalización ocurre mientras la recaudación tributaria total registró su crecimiento más bajo desde 2021. En el primer semestre se obtuvieron poco más de 2.9 billones de pesos, con un avance real de apenas 0.4%, de acuerdo con el análisis de México Evalúa.
La relación entre ambos datos es importante. La fiscalización no es un componente aislado: durante los últimos años ayudó a sostener el crecimiento de los ingresos tributarios sin modificar de manera profunda las tasas ni aprobar una reforma integral. Si su aportación pierde dinamismo, el gobierno enfrenta una decisión incómoda. Puede intensificar las auditorías, con rendimientos decrecientes y mayores costos operativos, o buscar nuevas fuentes de ingreso mediante cambios legales, ampliación de la base o reducción de tratamientos preferenciales.
El tercer punto de análisis es que la caída de productividad fiscal puede anticipar una presión presupuestaria más amplia. Un crecimiento real de 0.4% apenas ofrece margen para financiar nuevas obligaciones, especialmente si el gasto público mantiene compromisos elevados y la economía enfrenta menor dinamismo. La fiscalización puede seguir siendo rentable en términos contables, pero ya no necesariamente será suficiente para compensar una expansión débil de la actividad económica.
El siguiente frente será más amplio, pero también más costoso
En los próximos meses es probable que el SAT profundice la revisión de contribuyentes medianos, cadenas de proveedores y sectores que hasta ahora no habían recibido un nivel comparable de escrutinio. La inteligencia artificial, los comprobantes fiscales digitales y los cruces entre declaraciones, nóminas, importaciones y movimientos financieros permitirán seleccionar expedientes con mayor precisión.
Ese avance tecnológico no resolverá por sí solo la pérdida de rendimiento. La automatización puede detectar inconsistencias, pero la determinación de un crédito fiscal requiere interpretación, contacto con el contribuyente y, con frecuencia, defensa jurídica. Si el número de alertas crece más rápido que la capacidad de los auditores y abogados del SAT, se acumularán procedimientos y aumentará el riesgo de resoluciones débiles.
La autoridad también tendrá que demostrar que la lucha contra las factureras produce resultados sostenibles y no únicamente un incremento en expedientes abiertos. Las redes de empresas fantasma pueden reconstituirse con nuevas razones sociales, prestanombres y operaciones transfronterizas. Perseguirlas exige coordinación con procuración de justicia, aduanas, unidades financieras y autoridades estatales. Una estrategia centrada exclusivamente en la revisión administrativa puede recuperar impuestos, pero no necesariamente desmantelar la infraestructura criminal que facilita la simulación.
El principal riesgo para el gobierno es confundir intensidad con eficacia. Más auditorías pueden mejorar la percepción de control durante un periodo corto, pero si el ingreso por acto continúa cayendo, la política perderá legitimidad financiera. El riesgo para las empresas es el contrario: que la presión por recaudar lleve a revisiones estandarizadas, sanciones preventivas o negociaciones costosas para resolver diferencias que no equivalen a evasión deliberada.
La salida más sólida pasa por combinar fiscalización selectiva con certidumbre jurídica, servicios de cumplimiento y una ampliación gradual de la base tributaria. De lo contrario, el SAT puede quedar atrapado en una paradoja: auditar cada vez más para obtener cada vez menos, mientras el presupuesto continúa dependiendo de una fuente extraordinaria que ya muestra señales claras de agotamiento.
