El Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum dejó en Sonora una lectura compartida, aunque no uniforme: distintos sectores reconocen avances en programas sociales, salario mínimo, infraestructura y reducción de homicidios dolosos, pero advierten que esos indicadores aún no resuelven problemas cotidianos de seguridad, salud y crecimiento económico. La discusión no gira sólo en torno a las cifras anunciadas en Palacio Nacional, sino sobre su capacidad de traducirse en bienestar verificable para las familias, los negocios y las comunidades.
Durante su mensaje del 1 de septiembre de 2026, la Presidenta informó que el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 51% desde el inicio de su administración, lo que, de acuerdo con el balance federal, equivale a 44 casos menos por día. También señaló que los Programas para el Bienestar cerrarían el año con 42 millones 860 mil 296 derechohabientes y presentó proyectos en materia de trenes, carreteras, agua, vivienda, salud y energía. Para los actores sonorenses, esas cifras constituyen un punto de partida, no una conclusión.
Los reconocimientos se concentran en ingresos y obra pública
El empresariado reconoció elementos que pueden fortalecer la actividad económica si mantienen continuidad: una mayor afiliación al IMSS, aumentos en los salarios reales, exportaciones que han resistido presiones externas y la permanencia de los apoyos sociales. Martín Zalazar Zazueta, presidente de Fecanaco, incluyó esos puntos entre los resultados favorables. En una entidad fronteriza y exportadora como Sonora, la estabilidad de la relación comercial con Estados Unidos y la capacidad de sostener el consumo interno tienen efectos directos sobre comercios, empleo y cadenas de suministro.
La infraestructura aparece como otra coincidencia relevante. Santiago René Gluyas Ozuna, presidente de la CMIC, valoró que el Gobierno federal mantenga como prioridad los proyectos ferroviarios, carreteros, de vivienda, agua, energía, salud y movilidad. Morena en Sonora destacó, a su vez, la expectativa de un tren de pasajeros y la construcción de más de 2 millones de viviendas durante los próximos cuatro años. El Partido Verde puso atención en la inversión anunciada para reforzar la transmisión y distribución eléctrica, mientras PT y PES subrayaron obras y proyectos vinculados con Hermosillo.
Sin embargo, el reconocimiento no equivale a una validación automática de los resultados. El señalamiento recurrente es que un anuncio de inversión sólo genera impacto cuando se convierte en presupuesto asignado, licitación concluida, obra terminada y servicio funcional. Esa secuencia importa especialmente en Sonora, donde la presión sobre agua, electricidad, transporte y vivienda crece al mismo ritmo que la población y la actividad industrial. La infraestructura puede impulsar desarrollo, pero sus beneficios se diluyen cuando la ejecución es lenta, opaca o desconectada de las necesidades locales.
La baja de homicidios no cierra la discusión sobre seguridad
La reducción oficial de homicidios dolosos fue reconocida por representantes empresariales y políticos de distintas corrientes. No obstante, comerciantes, colectivos de búsqueda y partidos de oposición coincidieron en que la percepción de inseguridad no depende únicamente de ese indicador. Las desapariciones, las extorsiones, el cobro de piso, la presencia del crimen organizado y episodios de violencia visible mantienen una sensación de riesgo que afecta decisiones familiares y empresariales.
Silvia Núñez Esquer, del Observatorio Nacional de Feminicidio en Sonora, cuestionó que las reducciones reportadas en homicidios y feminicidios convivan con un incremento en las desapariciones y con hechos violentos de alto impacto. Cecilia Delgado Grijalva, fundadora de Buscadoras por la Paz Sonora, sostuvo que las familias siguen enfrentando desapariciones e inseguridad. El PRI pidió ampliar el balance de seguridad para incorporar extorsiones, personas desaparecidas y territorios bajo influencia criminal. El punto de fondo es que una disminución estadística puede ser relevante, pero no sustituye la obligación de localizar personas, investigar delitos y garantizar justicia.
Para el sector productivo, la seguridad también es una condición económica. Manuel Lira Valenzuela, consejero nacional de Canirac, señaló que las extorsiones y la criminalidad persisten en buena parte del país. Cuando un negocio enfrenta cobros ilegales, interrupciones logísticas o riesgos para trabajadores y clientes, la inversión deja de depender sólo de tasas, salarios o incentivos fiscales. La seguridad pública se vuelve entonces un factor de competitividad: protege a las personas, pero también determina si una empresa abre, se expande o decide retirarse.
Salud y crecimiento exhiben la distancia entre los anuncios y la experiencia diaria
La atención médica concentra otra de las principales exigencias. Fecanaco, Canirac, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y PT mencionaron problemas de desabasto de medicamentos, capacidad hospitalaria y calidad de los servicios. René García Rojo, diputado del PT, reconoció la inversión federal en salud, pero admitió que el tema sigue afectando a los sonorenses. La diferencia entre recursos anunciados y atención recibida es decisiva: un sistema de salud se evalúa no sólo por el monto invertido, sino por la disponibilidad oportuna de consultas, tratamientos y medicamentos.
En materia económica, las posturas empresariales y opositoras describieron un crecimiento bajo o poco perceptible, así como incertidumbre para la inversión privada y el empleo formal. Canirac propuso una reforma fiscal que facilite la incorporación de trabajadores y negocios informales, atraiga capital y ayude a financiar necesidades públicas. PAN y PRD añadieron preocupaciones sobre deuda, costo de la canasta básica, empleo, transparencia y rendición de cuentas. Aunque difieren en el diagnóstico político, sus posiciones convergen en una realidad concreta: los indicadores macroeconómicos sólo ganan legitimidad social cuando se reflejan en ingresos suficientes, servicios confiables y condiciones estables para trabajar.
El reto será medir resultados con una visión más amplia
Las reacciones al informe muestran que existe reconocimiento transversal a los programas sociales, al aumento salarial y a la inversión pública, pero también una demanda de evaluación más completa. Morena defiende la consolidación del proyecto federal y sus políticas de vivienda, movilidad y bienestar; PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano plantean críticas sobre salud, contrapesos, corrupción, campo, apagones y seguridad. Los colectivos introducen una dimensión indispensable: la participación ciudadana y la respuesta institucional ante la desaparición de personas.
La diferencia entre las voces no elimina los puntos de encuentro. Seguridad, salud, inversión, infraestructura funcional y transparencia aparecen como condiciones para que los anuncios federales produzcan resultados duraderos en Sonora. El siguiente tramo del gobierno será observado menos por la amplitud de sus promesas que por la capacidad de convertir sus cifras en cambios medibles: hospitales abastecidos, obras terminadas, energía confiable, oportunidades de empleo y una reducción de la violencia que incluya la búsqueda, la prevención y la justicia para las víctimas.
