El Congreso de Estados Unidos estudia dos iniciativas que podrían ampliar de forma significativa la capacidad del presidente Donald Trump para imponer aranceles a otros países. Los proyectos, impulsados por senadores republicanos, buscan dar una base legislativa más explícita a medidas comerciales que la Administración ha utilizado como herramienta de presión económica y diplomática. Su avance se produce después de que la Corte Suprema limitara este año parte de las facultades empleadas por la Casa Blanca para aplicar gravámenes generalizados.
La discusión no se limita a la política comercial. También plantea un debate sobre el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso, el uso de los aranceles como instrumento de seguridad nacional y los posibles costes para empresas y consumidores estadounidenses. Aunque los promotores presentan las propuestas como una respuesta a déficits comerciales persistentes y a la financiación energética de Rusia, sus críticos advierten de que podrían abrir la puerta a represalias y a nuevas tensiones con algunos de los principales socios comerciales de Washington.
Una autorización basada en los déficits comerciales
Una de las propuestas fue presentada por el senador republicano Rick Scott, de Florida, aliado de Trump. Denominada Ley de Eliminación del Déficit Comercial, establecería un marco para que el presidente pueda imponer aranceles a países con los que Estados Unidos mantenga déficits comerciales considerados dañinos para la seguridad nacional, la política exterior o los intereses económicos del país.
El texto prevé además una lista anual de vigilancia elaborada por el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. Esa relación identificaría a las economías cuyos superávits en el intercambio bilateral con Estados Unidos sean vistos por Washington como un problema. La iniciativa no convierte automáticamente cada déficit en un arancel, pero sí daría al Ejecutivo un procedimiento político y jurídico para vincular el saldo comercial con decisiones de gravamen.
Scott ha defendido la propuesta como una manera de preservar la posición económica de Estados Unidos. En declaraciones a Fox News, sostuvo que las generaciones anteriores construyeron una superpotencia económica y que corresponde a los actuales responsables políticos dejar un país en mejores condiciones a las siguientes generaciones. El argumento parte de que los déficits prolongados reflejan desventajas estructurales para la industria estadounidense, una interpretación cuestionada por economistas que recuerdan que el saldo comercial también depende del consumo interno, la inversión y el valor del dólar.
El antecedente de los aranceles globales
La presentación del proyecto llegó un día después de que la Administración Trump devolviera cerca de 100.000 millones de dólares recaudados mediante los aranceles anunciados durante el llamado Día de la Liberación. Aquella política aplicó gravámenes a importaciones de buena parte del mundo y se convirtió en uno de los pilares de la estrategia comercial de la Casa Blanca.
Trump volvió a defender esta semana su enfoque durante un acto en Las Vegas. El presidente acusó a México, Canadá, China, Japón, Corea del Sur y Alemania de haber aprovechado durante años los aranceles impuestos a productos estadounidenses. Su mensaje fue que la nueva política había invertido esa relación. Sin embargo, la devolución de fondos muestra que la sostenibilidad de esos gravámenes depende no solo de la voluntad presidencial, sino también de la solidez de la autoridad legal utilizada para establecerlos.
La limitación impuesta por la Corte Suprema elevó precisamente la importancia de la vía legislativa. Una ley aprobada por el Congreso podría reducir la vulnerabilidad de futuras medidas frente a demandas judiciales, al definir de manera expresa cuándo y bajo qué criterios el presidente puede actuar. A la vez, una autorización amplia trasladaría al Ejecutivo un margen considerable para decidir qué déficits o prácticas comerciales justifican una respuesta arancelaria.
Las sanciones a Rusia como segunda vía
La otra iniciativa con posibilidades de avanzar antes está encabezada por el senador Lindsey Graham y se presenta como un proyecto de nuevas sanciones contra Rusia. En su primera votación recibió el apoyo de 86 senadores, una señal de respaldo bipartidista poco habitual en un Congreso dividido. En su redacción actual, la norma permitiría al representante comercial de Estados Unidos fijar aranceles de entre el 0 % y el 100 % sobre importaciones procedentes de los cinco mayores compradores de petróleo o gas natural ruso, medidos por volumen.
La medida afectaría potencialmente a grandes economías, entre ellas China, India y la Unión Europea, según su posición en las compras de energía rusa. Para sus partidarios, el objetivo es aumentar el coste de mantener relaciones energéticas con Moscú y reducir los ingresos que Rusia obtiene de sus exportaciones de hidrocarburos. La propuesta también ofrece a Trump una facultad arancelaria más flexible que las herramientas disponibles bajo la legislación vigente.
La investigadora Jennifer Kavanagh, directora de análisis militar de Defense Priorities, ha señalado que el impacto sobre los ingresos rusos podría ser limitado. A su juicio, la economía rusa ya opera bajo presión, pero puede absorber costes moderados sin abandonar su esfuerzo bélico. Kavanagh sostiene que el objetivo efectivo de la cláusula arancelaria sería China, principal comprador de petróleo ruso, aunque advierte de que castigar a Pekín con gravámenes masivos podría generar consecuencias negativas para la propia Administración estadounidense.
Riesgo de represalias y costes internos
El debate refleja una tensión central de la política comercial de Trump. Los aranceles pueden servir para negociar concesiones, proteger sectores concretos o presionar a gobiernos rivales, pero también elevan el coste de insumos y bienes importados para compañías estadounidenses. Cuando los socios afectados responden con sus propios gravámenes, las exportaciones agrícolas, manufactureras y tecnológicas de Estados Unidos pueden quedar expuestas a pérdidas de mercado.
Ese riesgo ya se hizo visible en 2025, cuando Trump impuso aranceles del 100 % a productos chinos y posteriormente tuvo que dar marcha atrás. El episodio refuerza la cautela de quienes consideran que las restricciones comerciales son más eficaces cuando se aplican con objetivos precisos y coordinación internacional, en lugar de utilizarse como una herramienta generalizada. La decisión del Senado determinará ahora si esas facultades quedan acotadas por criterios específicos o si Washington entrega a la Casa Blanca un nuevo instrumento de presión de alcance global.
