El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, vigente hasta 2036, representa mucho más que un acuerdo comercial: constituye el mecanismo que ha mantenido la subordinación productiva de México a la dinámica estadounidense durante más de cuatro décadas. Desde su origen en la renegociación del antiguo TLCAN hasta las dos actualizaciones gestionadas por la llamada Cuarta Transformación, el instrumento ha reforzado un patrón de mínima inversión estatal y máxima apertura de fronteras sin desarrollar una base industrial propia.
La decisión de Carlos Salinas de Gortari de integrar la economía mexicana al mercado norteamericano respondió a la percepción, compartida por un grupo de tecnócratas formados entre 1979 y 1994, de que el ciclo populista iniciado con Lázaro Cárdenas había agotado sus posibilidades. López Portillo, al expropiar la banca en 1982, cerró sin proponerlo el intento de alianza entre Estado y capital privado que había intentado estabilizarse tras la devaluación de 1954. Los bancos estatizados pasaron entonces a administrarse con criterios burocráticos que derivaron rápidamente en corrupción y pérdida de capacidad de financiamiento productivo.
Uno de los hallazgos centrales del análisis es que el T-MEC no solo liberalizó el comercio, sino que impidió la formación de cadenas de valor nacionales. Las empresas mexicanas que podían haber incorporado componentes locales a las exportaciones carecieron de apoyos estatales y fueron desplazadas por proveedores extranjeros. Este vacío fue ocupado por firmas transnacionales que operan con reglas de origen laxas, lo que explica por qué México sigue dependiendo de concesiones arancelarias de Washington en lugar de competir con plataformas tecnológicas propias.
La subordinación productiva como estrategia de Estado
El segundo elemento estructural es el carácter de mercado de consumo que Estados Unidos asignó a México. Con cien millones de habitantes y sin planta industrial moderna, el país se convirtió en receptor de bienes y servicios estadounidenses a cambio de acceso preferencial para algunos productos agrícolas y manufactureros. Esta asimetría se mantuvo intacta tanto en la administración de Enrique Peña Nieto como en los dos sexenios de Andrés Manuel López Obrador, quienes renegociaron el tratado sin modificar su lógica de mínima intervención estatal.
La ideología que sustenta este modelo privilegia la mínima inversión pública y la máxima rentabilidad privada. Durante el período 1994-2018 el discurso de beneficio social prácticamente desapareció; a partir de 2018 se sustituyó por transferencias directas que consolidaron una base electoral clientelar sin generar empleo productivo. El asistencialismo, lejos de ser una ruptura con el neoliberalismo, funciona como su complemento: mantiene la paz social mientras el sector exportador sigue controlado por capital extranjero.
Perspectivas de los actores involucrados
Desde el punto de vista de los empresarios mexicanos tradicionales, el tratado significó la pérdida de espacios protegidos y la necesidad de competir sin apoyos estatales. Muchos optaron por convertirse en importadores o socios minoritarios de firmas estadounidenses. Los trabajadores del sector manufacturero, por su parte, han experimentado estancamiento salarial real y precarización, mientras que las comunidades rurales enfrentan competencia desleal de productos subsidiados del norte.
Para el gobierno estadounidense el T-MEC representa un instrumento de control geopolítico y de seguridad nacional. La integración económica facilita la coordinación en migración, narcotráfico y cadenas de suministro estratégicas. Washington no ha necesitado invertir recursos significativos porque México mismo financia su propia dependencia al no desarrollar capacidades tecnológicas autónomas.
Riesgos estructurales hacia 2030
El primer riesgo identificable es la sucesión presidencial de 2030 dentro de Morena. Cualquier candidato que intente modificar el modelo económico chocará con las restricciones del tratado, que prohíben políticas industriales activas y limitan el margen de maniobra fiscal. El segundo riesgo radica en la posible reconfiguración de las cadenas globales de valor si Estados Unidos endurece aún más sus requisitos de contenido regional. México podría quedar fuera de nuevos sectores de alta tecnología por carecer de investigación aplicada y formación de ingenieros especializados.
Un tercer riesgo, menos visible pero más profundo, es la erosión de la soberanía regulatoria. Las disputas comerciales se resuelven en paneles internacionales donde las prioridades de seguridad nacional de Washington suelen prevalecer. Esta dinámica reduce la capacidad del Estado mexicano para definir su propia política energética, digital o de competencia.
La renegociación que culminará en 2036 ofrecerá una ventana limitada para introducir cláusulas de desarrollo productivo. Sin embargo, las fuerzas políticas que han gestionado el tratado hasta ahora carecen de un proyecto alternativo que combine apertura comercial con fortalecimiento de la capacidad industrial nacional. El resultado más probable es una renovación que profundice la dependencia actual.
