El informe del Cemefi sobre el Sector no Lucrativo 2025 revela un ecosistema de 67 430 organizaciones que sigue expandiéndose de manera desigual. Las cifras no solo reflejan el pulso de la sociedad civil mexicana, sino que exponen las limitaciones de un sistema de registro fragmentado que dificulta cualquier intento de medición precisa. La distinción entre organizaciones de servicio a terceros, asociaciones de auto-beneficio, entidades religiosas y agrupaciones políticas permite observar tendencias distintas que, en conjunto, configuran el mapa de la participación organizada en el país.
Orígenes y marco conceptual del conteo
Desde la creación del Cemefi en 1988, la institución ha intentado ordenar un universo que históricamente se ha regido por lógicas distintas. La Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil de 2004 y la posterior regulación de donatarias autorizadas por el SAT establecieron dos vías principales de reconocimiento oficial. Sin embargo, los sindicatos continúan bajo la órbita de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mientras que las asociaciones religiosas dependen del Registro Público de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación. Esta dispersión institucional explica por qué el propio Cemefi advierte que sus números son un esbozo más que un censo exhaustivo.
El crecimiento del 2.7 % en las OSC de servicio a terceros entre 2023 y 2025 contrasta con la reducción del 7.56 % en los expedientes sindicales. Detrás de esta aparente contradicción se encuentra un fenómeno de doble registro: muchas organizaciones de base han optado por obtener simultáneamente el CLUNI y la autorización como donataria para acceder a recursos fiscales y donaciones deducibles, mientras que los sindicatos enfrentan procesos de depuración administrativa que eliminan expedientes duplicados.
Impacto en la capacidad de incidencia social
El aumento a 49 343 OSC de servicio a terceros tiene consecuencias directas sobre la provisión de servicios en zonas donde el Estado mantiene presencia limitada. Organizaciones dedicadas a salud comunitaria, educación alternativa y defensa de derechos humanos han logrado captar recursos internacionales que compensan la reducción presupuestal de programas federales. No obstante, la concentración de donatarias autorizadas (solo 3 875 de las 49 343) genera una brecha entre entidades grandes con capacidad de cumplimiento fiscal y miles de grupos de base que operan sin incentivos tributarios.
Este desequilibrio afecta la representatividad del sector. Las organizaciones que pierden el estatus de donataria (0.41 % en dos años) suelen ser las más pequeñas y territoriales, lo que reduce la diversidad de voces capaces de incidir en políticas públicas. Al mismo tiempo, el crecimiento de los colegios de profesionistas (8.78 %) indica una mayor profesionalización de ciertos nichos, pero también una posible fragmentación entre gremios que compiten por influencia regulatoria.
Reconfiguración del sindicalismo y sus límites
La advertencia del Cemefi sobre la imposibilidad de conocer el número real de sindicatos por la existencia de expedientes múltiples tiene implicaciones laborales de primer orden. La reforma laboral de 2019 buscó transparentar la vida sindical mediante el voto personal y la rendición de cuentas. Sin embargo, mientras el sistema de registro no depure duplicados, cualquier indicador de densidad sindical seguirá siendo impreciso. Esto debilita la capacidad de negociación colectiva y dificulta el seguimiento de la representatividad real de las centrales obreras.
En estados con alta informalidad, la reducción de expedientes puede reflejar tanto la desaparición de estructuras clientelares como la migración de trabajadores hacia formas de organización no tradicionales. El efecto a mediano plazo podría ser una menor capacidad de los sindicatos para contrarrestar reformas que precarizan condiciones laborales, especialmente en sectores como la maquila y el reparto digital.
Religión, política y financiamiento futuro
El crecimiento sostenido de las asociaciones religiosas (4.43 %) coincide con una mayor visibilidad de iglesias evangélicas y pentecostales en la provisión de servicios sociales en comunidades rurales. Estas organizaciones suelen operar con estructuras más ágiles que las OSC laicas y logran financiamiento a través de redes transnacionales. Su expansión plantea interrogantes sobre la laicidad del Estado y la posible competencia por recursos públicos destinados a asistencia social.
Por su parte, el incremento de agrupaciones políticas (8.73 %) responde principalmente a la creación de partidos locales y agrupaciones que buscan sobrevivir a la reducción del financiamiento público aprobada en 2022. Aunque representan apenas el 0.2 % del total, su proliferación indica una fragmentación del sistema de partidos que podría complicar la gobernabilidad en elecciones locales de 2027 y 2028.
Perspectivas de largo plazo
La dificultad para dimensionar el Tercer Sector completo limita la formulación de políticas públicas coherentes. Sin un registro unificado que cruce información del SAT, la STPS y Gobernación, el Estado carece de herramientas para evaluar el verdadero aporte económico y social de estas organizaciones. Estudios internacionales muestran que países con sistemas de registro integrados logran canalizar recursos de manera más eficiente hacia las causas de mayor impacto social.
En México, la tendencia apunta a una mayor profesionalización de las OSC grandes y una mayor precariedad de las organizaciones de base. Si esta brecha se amplía, el Tercer Sector podría perder parte de su función de contrapeso democrático y convertirse en un actor subordinado a agendas de donantes internacionales o intereses corporativos. La calidad de la democracia mexicana en la siguiente década dependerá, en buena medida, de la capacidad de revertir esta dinámica mediante reformas que simplifiquen el registro y garanticen transparencia sin asfixiar la pluralidad asociativa.
