La erupción del volcán de Fuego terminó después de aproximadamente 50 horas de actividad, pero la emergencia guatemalteca está lejos de haber concluido. El Instituto Nacional de Vulcanología, Meteorología e Hidrología informó que cesó el proceso eruptivo que comenzó el lunes y alcanzó su mayor intensidad durante la noche, con expulsión de lava, gases y columnas de ceniza. La disminución visible de la actividad llevó a las autoridades a autorizar el retorno de más de 1.700 personas evacuadas de comunidades situadas en las laderas del macizo.
La decisión no equivale a una declaración de normalidad. El propio instituto advirtió sobre posibles avalanchas de material volcánico y la persistencia de ceniza, dos amenazas capaces de afectar a poblaciones, carreteras, cultivos y operaciones aéreas aun cuando la lava ya no sea visible. El episodio deja así una pregunta más compleja que la de si el volcán “se apagó”: ¿cómo se administra el regreso cuando el peligro cambia de forma, pero no desaparece?
Cincuenta horas que pusieron a prueba la respuesta pública
El volcán de Fuego, de 3.763 metros de altura y ubicado a unos 35 kilómetros de la capital, es el más activo de Centroamérica y uno de los tres volcanes activos de Guatemala, junto con el Pacaya y el Santiaguito. Las autoridades declararon el martes la alerta máxima en tres departamentos cercanos, mientras trasladaban a los residentes de aldeas asentadas en las faldas del coloso hacia albergues, entre ellos instalaciones habilitadas en Escuintla y San Juan Alotenango.
Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños estructurales. Ese balance es relevante, pero debe interpretarse con cautela: la ausencia de pérdidas durante una fase eruptiva no prueba que el sistema de protección sea suficiente para futuras crisis. En este caso, la evacuación preventiva redujo la exposición inmediata, aunque su eficacia también dependió de que las comunidades aceptaran abandonar sus viviendas y de que las rutas permanecieran transitables.
La actividad reciente incluyó expulsiones de lava y grandes columnas de gases y ceniza. Incluso después del anuncio oficial de finalización, un periodista observó leves emisiones desde Escuintla. Esa continuidad visualmente modesta es precisamente uno de los elementos que complican la comunicación de riesgos: para una población que busca una señal inequívoca de seguridad, una emisión menor puede parecer inofensiva, aunque el comportamiento volcánico no se mida únicamente por la intensidad visible en un momento determinado.
El regreso revela una tensión difícil de resolver
Claudinne Ogaldes, jefa de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, consideró seguro el retorno debido a la disminución de la actividad. Sin embargo, varias familias ya habían regresado voluntariamente antes del anuncio oficial. En el albergue de Alotenango, más de 360 personas procedentes de dos aldeas vecinas abandonaron las instalaciones por decisión propia, según un funcionario municipal.
Este comportamiento no debe reducirse a indisciplina o desconfianza. Permanecer evacuado tiene costos concretos: pérdida de jornadas de trabajo, interrupción de la escolaridad, separación de animales, riesgo de saqueo y falta de privacidad. Para campesinos que viven de sus cultivos, cada día fuera de la parcela puede traducirse en ingresos perdidos o cosechas descuidadas. Las autoridades, por tanto, enfrentan una disyuntiva entre prolongar una evacuación que puede salvar vidas y mantenerla cuando sus costos comienzan a erosionar la cooperación comunitaria.
La primera conclusión de este episodio es que una orden de retorno solo será sostenible si se acompaña de condiciones verificables. No basta con afirmar que la actividad disminuyó. Los habitantes necesitan conocer qué indicadores fueron evaluados, qué rutas están abiertas, qué zonas siguen restringidas y bajo qué señales deben volver a evacuar. Sin esa información, el retorno puede convertirse en una decisión individual basada en la necesidad económica, no en una evaluación compartida del riesgo.
La memoria de 2018 pesa más que los comunicados
La relación de las comunidades con el volcán está marcada por la tragedia del 3 de junio de 2018. Entonces, una avalancha asociada a una erupción arrasó una comunidad y dejó 215 muertos y una cifra similar de desaparecidos. La experiencia explica la diferencia de percepciones observada entre los pobladores: algunos consideran normal que el volcán se active y se calme; otros ven cada emisión como una amenaza existencial para sus familias y sus viviendas.
Bernabé Marroquín, campesino de 61 años, describió esa convivencia como una costumbre y afirmó saber cuándo el volcán está “bravo” o tranquilo. Isabel Pérez, de 69 años, expresó la posición opuesta: pidió un lugar seguro para reasentarse y reconoció que vivir junto al macizo le produce miedo. Ambas voces son legítimas y muestran que el problema no puede gestionarse únicamente desde los mapas técnicos. La experiencia local contiene conocimiento útil para detectar cambios, pero también puede normalizar señales peligrosas después de décadas de exposición.
El segundo hallazgo es que la reducción del riesgo no se resolverá con evacuaciones puntuales. La solicitud de Pérez apunta a una cuestión estructural: hay familias que no quieren regresar a las mismas laderas, pero carecen de alternativas de vivienda y empleo. El reasentamiento, sin embargo, implica costos elevados, disponibilidad de suelo, acceso a servicios y continuidad de los medios de vida. Si se ofrece una reubicación alejada del volcán pero sin trabajo, agua, transporte o tierras productivas, es probable que parte de la población termine regresando a las zonas expuestas.
Una crisis volcánica también golpea la economía local
El impacto sobre la actividad económica puede extenderse mucho más allá de las comunidades evacuadas. La ceniza afecta cultivos, fuentes de agua, maquinaria agrícola y ganado; también puede reducir la visibilidad en carreteras y elevar los costos de limpieza. Las pequeñas empresas de Escuintla y de los municipios cercanos pueden recibir temporalmente a personas desplazadas, pero al mismo tiempo enfrentar interrupciones logísticas y una caída de clientes si se restringe la movilidad.
El tráfico aéreo constituye otro punto sensible. El instituto pidió precauciones debido a la dispersión de ceniza. Las partículas volcánicas pueden comprometer motores y sistemas de navegación, por lo que una erupción localizada tiene capacidad de generar efectos en rutas aéreas regionales. Aunque no se hayan anunciado en este episodio daños para la aviación, la advertencia revela que la gestión de la emergencia debe coordinar a vulcanólogos, protección civil, autoridades municipales, aeropuertos y operadores privados.
El turismo también queda expuesto a una contradicción. El volcán de Fuego es un atractivo de la geografía guatemalteca y su actividad alimenta la observación turística, la fotografía y los servicios de guía. Pero la promoción de una experiencia cercana al volcán puede entrar en conflicto con las restricciones de seguridad. Un aumento de visitantes sin protocolos claros puede complicar una evacuación y añadir personas no familiarizadas con las rutas de escape. La industria turística tendrá que asumir que la seguridad no es un complemento de la oferta, sino una condición básica para su continuidad.
La alerta temprana no termina en la medición
Guatemala dispone de instituciones especializadas y de un sistema nacional de reducción de desastres, pero la calidad de la respuesta depende de cómo la información llega a la última vivienda. Un reporte técnico puede describir avalanchas, ceniza y disminución de actividad; una familia necesita saber si debe salir ahora, por qué camino, con qué pertenencias y dónde reunirse. La distancia entre ambos niveles es uno de los principales riesgos operativos.
El tercer punto de análisis es que la capacidad de evacuación debe medirse no por el número de personas trasladadas en una emergencia, sino por la rapidez y seguridad del ciclo completo: alerta, salida, alojamiento, abastecimiento, comunicación y retorno. En esta ocasión fueron evacuadas más de 1.700 personas, y al menos 360 pasaron por un albergue de Alotenango. Esa experiencia debería permitir identificar cuántos refugios tienen agua, baños, atención médica, espacios para animales y mecanismos de protección de bienes. Sin esa auditoría, cada nueva erupción empezará de nuevo.
La preocupación por los saqueos, mencionada en el contexto de la evacuación, merece atención específica. Cuando las familias perciben que sus casas quedan desprotegidas, pueden resistirse a abandonar la zona o regresar antes de tiempo. La seguridad pública, la vigilancia comunitaria y los mecanismos de inventario de bienes forman parte de la política de protección civil, aunque con frecuencia queden fuera de los boletines volcánicos. Ignorar ese factor produce una contradicción: la evacuación busca proteger la vida, pero la pérdida de patrimonio puede hacer que los residentes rechacen futuras órdenes.
Entre la prudencia oficial y la autonomía comunitaria
Las autoridades deben justificar por qué autorizan el retorno, pero también aceptar que una población adulta tomará decisiones propias cuando una evacuación se prolongue. El desafío consiste en evitar dos extremos: una administración excesivamente restrictiva, que pierda credibilidad por mantener a las personas fuera de sus hogares sin explicar los criterios, y una comunicación triunfalista, que convierta el fin de la fase eruptiva en una falsa sensación de seguridad.
La controversia puede intensificarse si el volcán vuelve a emitir lava o ceniza pocos días después del regreso. Los volcanes activos no siguen calendarios administrativos; una disminución temporal puede ser parte de una secuencia más amplia. Las fases recientes de febrero y junio de 2025, que obligaron a evacuar a unas 800 personas, muestran que la actividad se repite y que los periodos de calma no eliminan la posibilidad de nuevos episodios.
También existe una dimensión de desigualdad. Quienes disponen de recursos pueden trasladarse a viviendas más seguras, proteger sus bienes o suspender su actividad económica durante varios días. Las familias campesinas, en cambio, dependen de parcelas ubicadas en las laderas y suelen tener menos margen para asumir una evacuación prolongada. La misma alerta produce costos radicalmente distintos según el ingreso, la edad, la propiedad de la tierra y el acceso al transporte.
El próximo desafío será administrar la incertidumbre
La historia geológica del volcán advierte sobre el alcance potencial de sus emisiones. En 1932, una erupción lanzó ceniza hasta El Salvador, situado a 125 kilómetros, y Honduras, a 175 kilómetros. No significa que el episodio actual vaya a repetir esa escala, pero sí confirma que la dispersión de ceniza puede superar ampliamente el entorno inmediato del macizo. La planificación debe contemplar impactos regionales, especialmente para la aviación, la agricultura y la salud respiratoria.
En el corto plazo, es razonable esperar una fase de vigilancia intensiva, con atención a lahares, avalanchas, ceniza remanente y cambios en las emisiones. Las lluvias pueden movilizar depósitos volcánicos y generar flujos peligrosos aun después de terminada la erupción visible. Por ello, el regreso no debería ser uniforme: algunas comunidades pueden reabrirse antes que otras, según su ubicación, las rutas de evacuación y la exposición a barrancos o cauces.
En el mediano plazo, Guatemala enfrenta la necesidad de convertir la experiencia en política permanente. Eso incluye actualizar mapas de amenaza, practicar evacuaciones fuera de los momentos de crisis, mejorar las comunicaciones redundantes y crear refugios que respeten las necesidades reales de las comunidades. También exige discutir el ordenamiento territorial: seguir construyendo o consolidando viviendas en áreas de alta exposición puede abaratar el presente y encarecer dramáticamente cada desastre futuro.
El volcán de Fuego no solo plantea un problema de monitoreo científico. Obliga a decidir cuánto riesgo está dispuesta a aceptar una sociedad, quién paga el costo de reducirlo y qué derechos tienen las personas que viven en territorios peligrosos por necesidad histórica o económica. La erupción de 50 horas terminó, pero sus consecuencias institucionales apenas comienzan. El éxito de la respuesta no se medirá únicamente por la ausencia de víctimas en este episodio, sino por la capacidad de mantener informadas a las comunidades, proteger sus medios de vida y lograr que la próxima evacuación sea más rápida, más confiable y menos traumática.
