Organizaciones empresariales de Estados Unidos, con peso en construcción, agricultura y producción de alimentos, han elevado la presión sobre la Casa Blanca para que ajuste parte de la estrategia migratoria de Donald Trump. Su argumento central es directo: la reducción de trabajadores disponibles está tensando aún más un mercado laboral que ya operaba con escasez, encareciendo procesos de contratación y, en última instancia, amenazando con subir los precios de la vivienda y de los alimentos.
De acuerdo con un reporte de CNN publicado el 8 de agosto, las preocupaciones fueron trasladadas no solo a la Casa Blanca, sino también a los departamentos de Seguridad Nacional, Trabajo y Agricultura. El trasfondo es una combinación de dos factores: la ofensiva migratoria de la administración y la pérdida de protecciones temporales que durante años permitieron a extranjeros residir y trabajar legalmente en el país. CNN estima que las medidas podrían afectar a cerca de 1.3 millones de personas amparadas por distintos mecanismos contra la deportación, aunque el impacto no sería simultáneo porque depende del programa y la nacionalidad de cada beneficiario.
La preocupación empresarial no se limita a un debate político. En sectores con alta rotación y plazos ajustados, como la edificación de viviendas, la salida de trabajadores legalmente empleados puede interrumpir obras, retrasar entregas y presionar costos. Brian Turmail, vicepresidente de la Asociación de Contratistas Generales de América, explicó que una compañía puede verificar que sus empleados están autorizados para trabajar y, días después, descubrir que alguno perdió ese permiso por una decisión gubernamental. Para la industria, el problema no es solo perder personal, sino no contar con una vía rápida para reemplazarlo cuando la demanda sigue alta.
El déficit laboral es particularmente visible en la construcción residencial. Jim Tobin, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas de Estados Unidos, calcula que faltan entre 200 mil y 400 mil trabajadores. Los empleados nacidos fuera del país ya constituyen una porción decisiva del sector: en 2024 representaron 26.3% de toda la fuerza laboral de la construcción, una cifra récord para la industria. En oficios específicos la dependencia es todavía mayor, con 57% de quienes instalan paneles de yeso y techos, 53% de los techadores y 53% de los pintores.
Ese dato ayuda a explicar por qué el sector ve con recelo una política que reduzca aún más la oferta de mano de obra. Tobin advirtió que una presión adicional sobre los trabajadores podría ir en sentido contrario a uno de los objetivos que Trump ha defendido: ampliar la construcción de viviendas y bajar su costo. “Entre más presionemos la mano de obra, más vamos a aumentar los precios de las viviendas”, señaló. La lectura de fondo es que, en un mercado ya restringido por materiales, tasas y financiamiento, el factor laboral puede convertirse en un acelerador adicional de los precios.
El impacto del fin o la cancelación de protecciones temporales es uno de los puntos más sensibles. El Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, permite que ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres u otras condiciones extraordinarias permanezcan de manera provisional en Estados Unidos y obtengan autorización para trabajar. La administración Trump ha impulsado la terminación de protecciones para nacionales de distintos países, lo que ha generado incertidumbre entre empresas que durante años emplearon legalmente a esos trabajadores. Jennie Murray, presidenta y directora ejecutiva del Foro Nacional de Inmigración, dijo que el TPS se ha convertido en una de las principales inquietudes del sector privado.
La preocupación no es homogénea. Trabajadores haitianos tienen presencia relevante en actividades como el cuidado de adultos mayores y la manufactura, mientras que muchos salvadoreños que podrían perder esas protecciones se concentran en la construcción. Esa distribución sectorial hace que cualquier modificación regulatoria tenga efectos distintos según la región y la rama productiva. No se trata solo de una discusión sobre migración, sino de cómo se sostiene el funcionamiento cotidiano de industrias que dependen de esa fuerza laboral para cubrir turnos, cumplir contratos y mantener costos estables.
La agricultura también ha entrado en la conversación. A finales de julio, seis senadores y 12 representantes republicanos pidieron cambios al programa H-2A, diseñado para trabajadores agrícolas temporales, con el fin de ampliar su uso a actividades que requieren empleados todo el año, como la producción lechera, ganadera, avícola y porcina. En el caso de la lechería, el argumento es que sus necesidades no son estacionales, porque las operaciones dependen de personal todos los días. Trey Forsyth, vicepresidente de la Federación Nacional de Productores de Leche, advirtió que una caída repentina de empleados puede afectar desde el cuidado de los animales hasta el suministro y el precio de los lácteos.
La respuesta oficial ha sido defender la línea dura. El Departamento de Seguridad Nacional rechazó que la economía estadounidense dependa necesariamente de trabajadores sin autorización migratoria y sostuvo que quienes quieran laborar en el país deben hacerlo por las vías legales existentes. La Casa Blanca respaldó esa postura. Su portavoz, Lauren Bis, afirmó que existe suficiente mano de obra estadounidense y que Trump seguirá buscando que los distintos sectores cuenten con trabajadores legales al mismo tiempo que mantiene la aplicación de las leyes migratorias. Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional desde marzo de 2026, ha respaldado las deportaciones de personas sin autorización, aunque también ha sugerido reformas a los programas de visas laborales para cubrir empleos con escasez de personal.
La discusión, en el fondo, expone una tensión que la administración no ha resuelto del todo: endurecer el control migratorio sin desordenar cadenas de trabajo que sostienen viviendas, alimentos y servicios básicos. El choque entre ambas prioridades ya no se limita a una advertencia gremial; empieza a reflejarse en la capacidad real de varios sectores para contratar, producir y contener precios en un contexto de demanda persistente.
