El mensaje de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá llega en un momento preciso del calendario político. El 1 de julio de 2026 marcó el inicio del tercer año del gobierno de José Raúl Mulino, un punto de inflexión habitual en las administraciones de cinco años donde las promesas iniciales deben traducirse en resultados tangibles. El gremio empresarial no se limita a reiterar demandas clásicas; propone una hoja de ruta concreta que prioriza la activación simultánea de cuatro sectores con alto multiplicador de empleo: construcción, turismo, agroindustria y comercio interno. Esta lista responde a la estructura productiva real del país y no a aspiraciones genéricas.
Panamá atraviesa una fase de recuperación desigual tras la crisis de los últimos años. El Canal y los puertos mantienen flujo de divisas, pero el empleo formal en el interior del país sigue rezagado. Los datos del mercado laboral muestran que los sectores mencionados por la Cámara generan entre el 35 % y el 40 % de los puestos de trabajo formales fuera de la capital. Por ello, cualquier retraso en la ejecución de obras públicas o en la simplificación de trámites afecta directamente a miles de hogares que dependen de la construcción y el turismo estacional.
Antecedentes: del segundo al tercer año de gobierno
Durante los primeros veinticuatro meses, la administración Mulino concentró esfuerzos en estabilizar las finanzas públicas y retomar proyectos de infraestructura detenidos. Sin embargo, la coordinación entre Ejecutivo y Legislativo resultó irregular, sobre todo en la aprobación de reformas que facilitan la inversión privada. La elección de Shirley Castañedas como presidenta de la Asamblea Nacional al inicio del tercer año abre una ventana de oportunidad para alinear agendas. La Cámara señala que sin esa alineación los grandes contratos de infraestructura previstos para 2027 llegarán tarde y sin mano de obra calificada local.
El reclamo de programas acelerados de capacitación técnica no es nuevo, pero adquiere urgencia ante el calendario. Proyectos de ampliación portuaria, mantenimiento del Canal y posibles obras de energía renovable demandarán soldadores, operadores de maquinaria y técnicos en logística. Si la formación no comienza en 2026, Panamá repetirá el patrón de años anteriores: importar mano de obra calificada mientras el desempleo juvenil permanece elevado en provincias como Chiriquí y Veraguas.
Impacto en la competitividad logística
La Cámara insiste en integrar Canal, puertos, registro marítimo, zonas francas y bunkering verde como una sola plataforma. Esta visión va más allá de la retórica. Cuando los tiempos de trámite aduanero y los costos de energía se mantienen altos, la ventaja geográfica del istmo se erosiona frente a puertos competidores en el Caribe y el Pacífico. Un estudio reciente de la CEPAL muestra que cada día adicional de demora en trámites reduce la competitividad del comercio regional en un 0,8 %. Simplificar esos procesos, como pide el gremio, tendría efecto multiplicador sobre el empleo en logística y servicios conexos.
El concepto de bunkering verde, mencionado explícitamente por la Cámara, apunta a una transición energética que podría posicionar a Panamá como proveedor regional de combustibles alternativos. Si se concreta, atraería inversión extranjera directa y generaría empleos técnicos de mayor valor agregado que los tradicionales puestos de carga y descarga. Sin embargo, esa transición requiere marcos regulatorios claros y coordinación entre la Autoridad del Canal y el Ministerio de Ambiente, algo que hasta ahora ha avanzado lentamente.
Efectos sociales y territoriales
La reactivación de la construcción y el agro no solo genera empleo; modifica la dinámica migratoria interna. Históricamente, la falta de oportunidades en el interior ha impulsado el éxodo hacia la ciudad de Panamá, saturando servicios públicos y elevando el déficit habitacional. Al potenciar proyectos de riego, turismo rural y obras viales regionales, se crea un contrapeso que permite a las familias permanecer en sus provincias. Ese efecto territorial suele subestimarse en los análisis macroeconómicos, pero resulta decisivo para la cohesión social a mediano plazo.
La formalización laboral, otro punto mencionado por los empresarios, tiene implicaciones fiscales y de protección social. Cada trabajador que pasa de la informalidad al régimen de seguridad social incrementa la base contributiva y reduce la presión futura sobre el sistema de pensiones. En un país donde la informalidad supera el 40 %, cualquier política que combine capacitación con incentivos a la formalización produce dividendos que se miden en décadas, no en trimestres.
Riesgos de una ejecución fragmentada
El principal riesgo identificado por la Cámara es la falta de sentido de urgencia. Si el Ejecutivo y el Legislativo no logran acuerdos puntuales sobre licitaciones y reformas, los proyectos de 2027 se solaparán con el período electoral de 2029, momento en que las decisiones suelen paralizarse. Esa secuencia ya se observó entre 2018 y 2019, cuando varias obras quedaron inconclusas. La lección es clara: la ventana de ejecución efectiva en el tercer año es más estrecha de lo que aparenta.
Otro riesgo radica en la calidad de la capacitación. Programas acelerados mal diseñados pueden generar certificaciones sin demanda real en el mercado. La experiencia de otros países latinoamericanos muestra que la articulación entre institutos técnicos, empresas y ministerios de obra pública es indispensable para evitar ese desfase. Panamá cuenta con instituciones como el INADEH, pero su presupuesto y vinculación con el sector privado aún requieren fortalecimiento.
La propuesta empresarial también plantea un desafío institucional. Al insistir en el respeto a la separación de poderes, la Cámara reconoce que cualquier intento de presión excesiva podría erosionar la legitimidad del diálogo. El equilibrio consiste en presentar datos y propuestas técnicas que el Legislativo pueda debatir sin percibirlos como imposiciones del Ejecutivo o del sector privado.
En síntesis, el mensaje de la Cámara de Comercio trasciende una lista de peticiones sectoriales. Representa una lectura del momento político que identifica el tercer año como la última oportunidad real de convertir la infraestructura planificada en empleo sostenido y en mayor competitividad logística. Si el gobierno logra traducir esas recomendaciones en acciones coordinadas durante los próximos dieciocho meses, el país podría sentar bases más sólidas para la siguiente década. De lo contrario, el rezago en formación técnica y en simplificación de trámites se convertirá en un lastre estructural difícil de revertir antes de 2030.
