Entre enero y mayo de 2026, 16.931 trabajadores españoles pasaron por un expediente de regulación de empleo, un 15,6% más que un año antes. La cifra no solo confirma que los despidos colectivos siguen siendo una herramienta activa de ajuste empresarial; también revela que el mapa del empleo se está reordenando con una intensidad desigual. Servicios, industria y telecomunicaciones concentran la mayor presión, mientras Cataluña y Madrid absorben buena parte del impacto. La fotografía de estos cinco meses es clara: la destrucción de empleo no responde a un único shock, sino a una suma de tensiones que van desde la caída de ingresos hasta la reconversión tecnológica y el cierre de centros productivos.
La lectura más importante no está en el dato bruto, sino en su composición. Siete de cada diez afectados pertenecen al sector servicios, con 12.205 personas, un 16,2% más que en el mismo tramo de 2025. Ese patrón importa porque rompe con la idea de que los ERE son ya un fenómeno básicamente industrial o ligado a grandes fábricas. Hoy aparecen con fuerza en telecomunicaciones, consultoría, programación, comercio y logística, es decir, en actividades que hasta hace poco se consideraban más flexibles, más escalables y, en teoría, menos expuestas a ajustes traumáticos. La digitalización, lejos de eliminar la reestructuración, la ha desplazado hacia áreas donde el empleo parecía más estable.
La concentración en marzo, con 5.303 trabajadores afectados, refuerza esa idea de una economía sometida a episodios de corrección rápida. En ese mes coincidieron varios procesos relevantes y el salto interanual fue del 60,9%. No se trata solo de una mala racha estadística: cuando los ajustes se agrupan en ventanas cortas, el coste social se multiplica. Los trabajadores no encuentran una transición ordenada, las administraciones reciben de golpe más presión sobre recolocación y prestaciones, y las empresas ganan velocidad a costa de una mayor fricción reputacional y sindical.
Cataluña ya no lidera por volumen, sino por persistencia
Cataluña fue la comunidad más castigada en términos absolutos, con 4.461 afectados, aunque el dato es un 17,6% inferior al de un año antes. Esa aparente contradicción merece atención: la región no lidera por un pico excepcional, sino por una sucesión constante de expedientes en varios frentes. Nissan, Nestlé, Ficosa o Quality Espresso conviven con ajustes en Limak, Capgemini, Glovo o Avis. Es decir, la base del problema es mixta: industria tradicional, servicios empresariales, plataformas y actividades vinculadas a la movilidad. Cataluña refleja mejor que ninguna otra comunidad cómo la reestructuración ya no se concentra en una sola cadena de valor, sino que atraviesa todo el ecosistema productivo.
Madrid, con 4.091 afectados y un alza del 55,3%, presenta un perfil distinto. Allí pesa menos el cierre industrial y más la exposición a servicios corporativos, telecomunicaciones y funciones centrales de grandes grupos. La Comunidad Valenciana, con 1.993 personas, casi duplicó su registro, mientras Aragón multiplicó por casi siete los afectados hasta 840, en gran parte por el ERE de Majorel en Zaragoza. El caso aragonés es especialmente revelador: una sola decisión empresarial puede alterar por completo la estadística regional cuando se concentra en un centro de trabajo grande. Eso demuestra que el mapa del empleo español sigue dependiendo de unas pocas instalaciones de gran tamaño cuya reconfiguración tiene efectos en cadena sobre consumo, renta local y recaudación.
Qué está detrás de los ajustes
El Ministerio de Trabajo atribuye la mayor parte de los ERE a causas económicas, sobre todo pérdidas o caída de ingresos. Esa explicación es cierta, pero incompleta. En los datos de 2026 aparecen al menos tres motores distintos. El primero es el deterioro de márgenes en negocios intensivos en costes laborales, donde la demanda ya no crece al ritmo esperado. El segundo es la transición tecnológica, que no destruye empleo de golpe, pero sí reduce plantillas en funciones administrativas, comerciales y de soporte. El tercero es la reorganización territorial de la producción, que afecta especialmente a sectores como automoción, telecomunicaciones y manufactura avanzada.
El expediente de Tubos Reunidos en el País Vasco lo resume bien: 285 empleados afectados por el cierre de la acería de Amurrio, con 71 millones de euros en pérdidas, menos pedidos, aranceles y costes altos. Aquí el ERE no es un mero recorte financiero, sino la manifestación visible de una cadena de presión internacional. La empresa no ajusta solo porque quiera reducir tamaño; lo hace porque cambia el entorno competitivo. Por eso la discusión pública suele quedarse corta cuando reduce cada expediente a una decisión aislada del consejo de administración. En realidad, muchas veces se trata de la última parada de una pérdida de competitividad acumulada durante varios años.
Lo que ganan las empresas y lo que pierden los trabajadores
Para las compañías, el ERE sigue siendo un mecanismo de supervivencia y, en algunos casos, de reposicionamiento. Permite adaptar estructuras, corregir costes y proteger liquidez. En el corto plazo, eso puede evitar cierres mayores. Para los trabajadores, en cambio, la medida supone una ruptura brusca del ingreso, de la trayectoria profesional y, en sectores especializados, de la identidad laboral. La diferencia entre ambas visiones explica buena parte de la tensión sindical: la empresa habla de viabilidad; la plantilla, de pérdida de proyecto.
Hay además un aspecto menos visible. Muchos de los sectores afectados no destruyen solo puestos, sino también conocimiento acumulado. Cuando un centro de llamadas, una planta industrial o una división tecnológica se cierra o se reduce, no desaparece únicamente empleo. Se pierde experiencia, coordinación interna y una red de proveedores que tarda años en reconstruirse. Por eso los ERE de gran escala tienen una huella territorial más profunda que la que sugieren las cifras oficiales. Un expediente de 300 o 500 personas en un municipio industrial puede alterar el comercio local, la vivienda y la base fiscal con una intensidad muy superior a la que se percibe desde fuera.
La herencia de los grandes ajustes de la última década
Los casos de CaixaBank, Telefónica, Santander, BBVA, El Corte Inglés, Vodafone, Nissan o Ford Almussafes permiten leer el presente con algo más de perspectiva. En banca, los recortes estuvieron ligados a la digitalización y a la reordenación de redes físicas. En telecomunicaciones, a la presión competitiva y al cambio de modelo de negocio. En automoción, a la transición hacia el vehículo eléctrico y a la deslocalización de capacidades. El punto común no es el sector, sino la velocidad con que cambian los incentivos empresariales. España ha entrado en una fase en la que grandes plantillas ya no garantizan estabilidad, y la corrección se concentra en compañías que, hasta hace poco, parecían demasiado grandes para ajustarse de forma drástica.
Eso abre una disputa de fondo. Los sindicatos reclaman más anticipación, más negociación y más obligación de explorar alternativas a la salida directa. Las empresas piden margen para reaccionar antes de que el deterioro sea irreversible. La administración intenta arbitrar, pero suele llegar cuando la decisión estratégica ya está tomada. Ahí reside una de las debilidades del sistema: el marco legal ordena el despido colectivo, pero no siempre obliga a construir una transición productiva creíble. Y cuando la transición falla, el coste se reparte de manera desigual entre territorios y generaciones.
La próxima ola no será idéntica a la anterior
Si la tendencia actual se mantiene, el resto de 2026 podría cerrar con un nivel de ERE superior al de 2025, sobre todo si continúan los ajustes en servicios tecnológicos, comercio y automoción. La incógnita no es tanto si habrá más expedientes, sino dónde aparecerán y con qué intensidad. Las empresas medianas de servicios empresariales, las plataformas con operaciones intensivas en mano de obra y las cadenas industriales sometidas a competencia internacional son las más expuestas. También lo son las filiales españolas de grupos multinacionales que revisan sus huellas en Europa con criterios de rentabilidad global, no local.
El mayor riesgo es que estos ajustes se normalicen como un mecanismo habitual de gestión, sin que exista una política suficientemente potente de recolocación, formación y reindustrialización. Si eso ocurre, España podría entrar en una dinámica de empleo más inestable, con más rotación, más brechas territoriales y mayor dependencia de decisiones tomadas fuera del país. Los 16.931 afectados de este arranque de año no son solo una estadística de destrucción laboral: son el aviso de que la economía española sigue creciendo con bases frágiles en varios de sus sectores más visibles.
