La Fiscalía General de la República ejecutó una orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel en Ensenada. La medida responde a una investigación federal que lo vincula con una red dedicada al contrabando de combustibles y a la delincuencia organizada. Las autoridades señalan que el político panista utilizó la empresa Ingemar S.A. de C.V. para introducir volúmenes masivos de gasolina y diésel sin declarar la totalidad de las importaciones.
El operativo y la orden judicial
El cumplimiento de la orden se realizó en la ciudad de Ensenada durante la mañana del 16 de julio de 2026. Elementos federales localizaron al exmandatario en un domicilio particular y lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía en Baja California. El Ministerio Público Federal solicitó la prisión preventiva obligatoria al considerar que existe riesgo de fuga y que los delitos imputados forman parte del catálogo que amerita esa medida.
Las indagatorias comenzaron tras el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible en Coahuila en julio de 2025. Los investigadores lograron establecer una cadena logística que conecta los ferrotanques decomisados con operaciones de importación realizadas a través de Ingemar. Según los expedientes, la empresa reportaba cifras inferiores a las realmente ingresadas al país, lo que generó una evasión fiscal estimada en miles de millones de pesos.
El esquema de importación irregular
La modalidad conocida como “huachicol fiscal” consiste en registrar volúmenes parciales ante la aduana mientras el producto restante ingresa por vías alternas o se comercializa sin el pago de impuestos correspondientes. La Fiscalía sostiene que Ruffo Appel, en su calidad de fundador y socio de Ingemar, participó en la planeación y ejecución de estos movimientos. Los documentos recabados incluyen correos electrónicos, contratos de transporte y registros de pagos que, según el Ministerio Público, demuestran su intervención directa.
El caso no se limita a una sola operación. Las carpetas de investigación abarcan varios años de actividad y múltiples embarques. Las autoridades federales han identificado una red de proveedores, transportistas y distribuidores que operaban de manera coordinada en al menos tres estados del norte del país. La conexión con el mega-aseguramiento de Coahuila permitió avanzar en la identificación de los responsables de mayor jerarquía.
La postura del exgobernador
Ernesto Ruffo Appel ha declarado a través de sus abogados que su empresa únicamente realizaba trámites documentales de importación y que desconocía cualquier irregularidad en los volúmenes declarados. La defensa sostiene que los registros aduanales fueron presentados de buena fe y que cualquier discrepancia debe atribuirse a errores de terceros. Hasta el momento no ha comparecido públicamente ni ha emitido declaraciones personales sobre el proceso penal.
El Ministerio Público Federal ha respondido que cuenta con elementos probatorios suficientes para sostener la acusación, entre ellos testimonios de empleados y socios comerciales, así como información financiera que vincula movimientos bancarios con las operaciones de importación. La audiencia inicial determinará si las pruebas son admisibles y si procede la prisión preventiva.
Contexto del contrabando de combustibles
El fenómeno del huachicol fiscal ha sido objeto de atención de las autoridades mexicanas desde hace varios años. Diferentes administraciones han implementado operativos para detectar importaciones subdeclaradas y han modificado la regulación aduanera con el fin de cerrar espacios a la evasión. El decomiso de Coahuila representó uno de los mayores aseguramientos de combustible de procedencia ilícita en la historia reciente y permitió abrir líneas de investigación que ahora alcanzan a figuras públicas.
El impacto económico de estas prácticas afecta tanto la recaudación fiscal como la competencia leal en el sector energético. Las empresas que operan dentro del marco legal enfrentan desventajas frente a quienes evitan el pago de impuestos. Organismos especializados estiman que las pérdidas anuales por este concepto superan los 20 mil millones de pesos, aunque las cifras varían según la fuente y el periodo analizado.
Próximos pasos del proceso
La situación jurídica de Ruffo Appel depende de las resoluciones que se tomen en las próximas audiencias. El juez de control evaluará la solicitud de prisión preventiva y la pertinencia de las medidas cautelares. La defensa tiene derecho a presentar argumentos y pruebas que desvirtúen los cargos. El caso podría extenderse varios meses antes de llegar a una resolución definitiva, dado el volumen de información y el número de personas involucradas en la red investigada.
Las autoridades han señalado que continuarán las pesquisas para identificar a otros posibles integrantes de la organización. El aseguramiento de Coahuila sigue siendo analizado para establecer el origen exacto de cada litro decomisado y su ruta de distribución. Mientras tanto, el expediente contra el exgobernador panista avanza en los tribunales federales.
