La demanda de la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega por revisar con detalle el origen de los recursos usados en la promoción de aspirantes morenistas surge en un momento de alta actividad política previa a los comicios locales de 2027. En los últimos tres meses, legisladores con licencia de Morena, Verde y PT han invertido más de 2.3 millones de pesos únicamente en anuncios de Facebook e Instagram para posicionarse como coordinadores de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en 17 entidades. Esta cifra, documentada por reportes periodísticos, revela una estrategia de visibilidad temprana que antecede a la definición formal de candidaturas y que ocurre mientras las reglas internas del partido oficialista aún no precisan límites claros sobre gastos de precampaña.
El contexto histórico muestra que procesos similares dentro de Morena, como la selección de coordinadores estatales en 2022 y 2023, ya generaron tensiones por falta de controles sobre financiamiento. En Michoacán, donde Ascencio Ortega busca la coordinación, el partido ha enfrentado acusaciones previas de desvío de recursos públicos en administraciones locales, lo que explica por qué la senadora insiste en verificar que los fondos no provengan de dependencias gubernamentales ni de estructuras vinculadas al crimen organizado. Esta preocupación no es aislada: en estados como Guerrero y Baja California, reportes de fiscalías estatales han documentado casos donde estructuras políticas utilizaron publicidad digital pagada con recursos de origen dudoso durante periodos de transición interna.
Regulación pendiente del Instituto Nacional Electoral
El Instituto Nacional Electoral enfrenta ahora la tarea de determinar si las promociones digitales de aspirantes deben sujetarse a topes de precampaña, aunque formalmente estos procesos internos de partido no constituyen aún una contienda electoral. La experiencia de 2018 y 2024 demuestra que cuando las plataformas digitales operan sin supervisión estricta, los montos invertidos pueden superar los límites establecidos una vez que comienza la etapa oficial de campañas. Ascencio Ortega señala que corresponde al INE evaluar si se requieren nuevas disposiciones para evitar que la publicidad pagada se convierta en un mecanismo de ventaja anticipada que distorsione la equidad entre contendientes.
La ausencia de lineamientos específicos permite que legisladores en licencia destinen cantidades significativas sin rendir cuentas detalladas sobre la procedencia de esos recursos. En el caso de los 2.3 millones de pesos registrados, la mayoría se concentró en entidades con elecciones concurrentes el próximo año, lo que sugiere una coordinación implícita entre aspirantes y equipos de campaña que podría replicarse en ciclos futuros si no se establecen mecanismos de fiscalización oportuna.
Impactos en la confianza institucional
Cuando el origen de los recursos queda sin esclarecer, el daño principal recae sobre la percepción ciudadana de las instituciones. En Michoacán, donde la violencia vinculada al crimen organizado ha afectado procesos electorales anteriores, cualquier indicio de financiamiento ilícito en la promoción de figuras políticas puede profundizar el escepticismo hacia los resultados. Estudios de organismos internacionales sobre financiamiento político en América Latina muestran que la opacidad en etapas tempranas de selección de candidatos suele traducirse en mayor tolerancia a prácticas de clientelismo una vez que los aspirantes alcanzan cargos públicos.
La posición de Ascencio Ortega de extender la revisión a todos los partidos y no solo a Morena busca evitar que la medida se perciba como selectiva. Sin embargo, la implementación práctica enfrenta obstáculos: el INE cuenta con recursos limitados para auditar publicidad digital en tiempo real, y las plataformas como Meta proporcionan datos agregados que dificultan rastrear el flujo exacto de dinero hacia cuentas de anunciantes vinculados a políticos. Esta brecha técnica puede generar que casos de financiamiento irregular pasen inadvertidos hasta después de las elecciones, reduciendo la efectividad de cualquier sanción posterior.
Consecuencias para el sistema de partidos
La falta de controles sobre gastos de promoción interna puede alterar el equilibrio de poder dentro de Morena. Aspirantes con acceso a recursos privados o redes de financiamiento informal obtienen ventaja sobre aquellos que dependen exclusivamente de estructuras partidistas, lo que a largo plazo favorece la concentración de influencias en manos de grupos con mayor capacidad económica. En entidades como Sinaloa y Tamaulipas, donde el crimen organizado ha intentado infiltrar procesos políticos locales, la ausencia de filtros estrictos sobre el origen del dinero incrementa el riesgo de que figuras vinculadas a esas redes utilicen publicidad digital para posicionarse sin dejar rastro claro de sus patrocinadores.
Además, la decisión del INE de fortalecer o no la regulación influirá en cómo otros partidos estructuren sus procesos internos. Si no se establecen criterios claros para publicidad digital previa a campañas, es probable que la práctica se generalice, elevando los costos de participación política y reduciendo el espacio para contendientes sin respaldo financiero significativo. Este escenario podría consolidar una dinámica donde solo quienes cuentan con redes de apoyo económico logran avanzar en las estructuras partidistas, limitando la renovación de liderazgos.
El llamado de la senadora michoacana refleja una tensión estructural entre la necesidad de transparencia y las limitaciones operativas de los órganos electorales. Mientras no se definan protocolos específicos para rastrear fondos en etapas de promoción interna, el riesgo de que recursos de origen cuestionable influyan en la selección de candidatos permanece latente, con efectos que se extenderán más allá de los comicios de 2027 hacia la configuración misma del sistema político mexicano.
