Especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismos empresariales y organizaciones civiles advirtieron que los próximos aumentos al salario mínimo en México deben aplicarse con mayor cautela y acompañarse de políticas para elevar la productividad, reducir la informalidad y fortalecer la competencia laboral. La cercanía de la remuneración básica mexicana con el salario medio de América Latina y el Caribe obliga, señalaron, a revisar con cuidado las futuras decisiones.
Durante la presentación del libro Hacer que los mercados laborales funcionen, convocada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, David Kaplan, especialista de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID y coautor de la publicación, recomendó prudencia. Expuso que la regulación laboral es necesaria, pero consideró que la evolución reciente del salario mínimo requiere una reflexión mayor antes de mantener incrementos por decreto.
Kaplan sostuvo que los aumentos al salario mínimo pueden ayudar a enfrentar el poder de monopsonio, es decir, situaciones en las que pocos empleadores concentran capacidad para fijar condiciones laborales. Sin embargo, subrayó que no es el único instrumento disponible. Entre las alternativas mencionó la negociación colectiva, un mecanismo que, afirmó, cuenta con bases para desarrollarse en México.
El especialista también planteó que el fortalecimiento de empresas productivas y la competencia por atraer talento pueden mejorar la participación de los trabajadores en el producto interno bruto. Citó estudios según los cuales una mayor competencia entre compañías productivas puede elevar la proporción de la riqueza que reciben los trabajadores, incluso sin que el cambio provenga directamente de una nueva regulación laboral.
Productividad e informalidad, en el centro del debate
Ana María Aguilar, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios, reconoció que mantener la inercia de los incrementos salariales representa un reto. Dijo que la mejora de las remuneraciones debería continuar, pero vinculada de forma dinámica a avances en productividad y no sólo a decisiones administrativas. Para ello, consideró necesario reducir la vulnerabilidad laboral, facilitar el acceso de las unidades económicas al sistema financiero y hacer más intencional el desarrollo del capital humano.
Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, advirtió que la baja productividad, el repunte de la informalidad y el limitado crecimiento económico dificultan sostener aumentos salariales por decreto. Señaló que, con mayores costos laborales y una eventual reducción de la jornada laboral, algunas empresas podrían optar por operar fuera de la formalidad. Propuso establecer una ruta de productividad e incentivos fiscales para fomentar la formalización.
Por su parte, Sofía Ramírez, directora general de México, ¿Cómo vamos?, identificó la informalidad laboral como una falla estructural del mercado de trabajo. Añadió que el estancamiento en su reducción no responde únicamente a variables laborales, sino también a la falta de crecimiento económico, competencia, inversión, confianza y certeza jurídica, tanto en el ámbito interno como externo.
El libro del BID sitúa la productividad entre los principales desafíos de América Latina y el Caribe. Kaplan indicó que un trabajador de la región produce, en promedio, una cuarta parte de lo que genera un empleado en Estados Unidos. A su juicio, las políticas laborales son relevantes para mejorar ese desempeño, aunque no constituyen la única herramienta de política pública disponible.
Kaplan también cuestionó la idea de que las medidas favorables para las empresas necesariamente perjudican a los trabajadores, o que las políticas protrabajador deben afectar a las compañías. Reconoció que existen tensiones en la discusión, pero sostuvo que algunas medidas orientadas a los trabajadores elevan la productividad, mientras que otras, diseñadas para promover la competencia empresarial, pueden fortalecer la capacidad de negociación laboral y aumentar los ingresos de los trabajadores.
