El 38.º Observatorio de Conflictos Mineros en Perú advierte que el plan del gobierno de Keiko Fujimori para acelerar inversiones mineras y desregular proyectos generará mayor conflictividad social en los próximos años. El informe, correspondiente al primer semestre de 2026, describe un escenario de bonanza impulsado por precios internacionales altos, con 1.500 millones de dólares invertidos hasta ahora, un 43,7 % más que en 2025, y 67 proyectos activos.
El cobre concentra el 71 % de las inversiones, concentradas sobre todo en el sur del país. Sin embargo, esa misma región otorgó menor respaldo electoral a Fujimori, lo que el observatorio considera un factor de alto riesgo: proyectos mineros en territorios que no respaldaron al gobierno pueden exacerbar la tensión social. El análisis recuerda que algo similar ocurrió durante el segundo mandato de Alan García, cuando la priorización de proyectos coincidió con un fuerte aumento de conflictos.
Otro punto crítico es el avance de concesiones en regiones amazónicas como Ucayali, Loreto y Amazonas, impulsado por una legislación de hace 35 años que favorece el acaparamiento. Solo el 1 % de los titulares controla más del 50 % de las concesiones. El informe señala además la pérdida de soberanía estatal frente a la minería ilegal y anticipa conflictos crecientes entre mineros informales, comunidades y grandes empresas.
