El Gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente que el juez Brian Cogan imponga cadena perpetua a Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, durante la audiencia programada para el 20 de julio. En un documento entregado el 13 de julio, la Fiscalía federal argumentó que la magnitud de los delitos cometidos por el cofundador del Cártel de Sinaloa justifica la pena máxima y el pago de una indemnización de 15 mil millones de dólares, que se obtendría mediante el decomiso de bienes vinculados al acusado.
La petición no sorprendió a los observadores cercanos al caso, ya que Zambada enfrenta cargos por tráfico de fentanilo, cocaína y otras sustancias, además de ordenar actos de violencia y corrupción transfronteriza. La Fiscalía subrayó que el líder criminal supervisó durante años el flujo de “drogas letales” hacia Estados Unidos y mantuvo una estructura de sobornos que involucró a funcionarios mexicanos de distintos niveles.
La petición fiscal y sus fundamentos
Según el escrito presentado ante el tribunal, la Fiscalía considera que la influencia de Zambada abarcó México, Estados Unidos y otros países. El documento detalla que el Cártel de Sinaloa pagó millones de dólares en sobornos a policías, militares y políticos para operar sin interferencias. Esta red de corrupción, sostienen los fiscales, permitió que la organización mantuviera rutas de tráfico activas durante décadas y generara ingresos que ahora se reclaman como parte de la reparación del daño.
La solicitud de 15 mil millones de dólares representa una de las cifras más altas exigidas en casos de narcotráfico en años recientes. Aunque la recuperación efectiva dependerá de los bienes localizados, la Fiscalía presentó un inventario preliminar de propiedades, cuentas y empresas que, de comprobarse su origen ilícito, serían objeto de decomiso. El juez Cogan deberá evaluar esta petición junto con los argumentos de la defensa antes de dictar sentencia.
Cronología del arresto y disputas legales
Ismael Zambada fue detenido en julio de 2024 en territorio estadounidense. Desde entonces, el acusado ha sostenido que su traslado constituyó un secuestro orquestado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, como parte de negociaciones con la administración de Joe Biden. Esta versión ha sido rechazada por las autoridades estadounidenses, que mantienen que la captura se realizó conforme a procedimientos legales vigentes.
Dos años después del arresto, el gobierno de México continúa solicitando información detallada sobre las circunstancias de la detención y el paradero de posibles cómplices. Hasta ahora, las respuestas de Washington han sido limitadas, lo que ha generado tensiones diplomáticas y pedidos de cooperación judicial más estrecha entre ambos países.
Impacto en la estructura del Cártel de Sinaloa
La ausencia de Zambada ha alterado los equilibrios internos del Cártel de Sinaloa. Aunque el grupo mantiene operaciones fragmentadas, analistas señalan que la captura de uno de sus fundadores ha acelerado disputas entre facciones rivales por el control de rutas y plazas. Esta fragmentación, sin embargo, no ha detenido el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, según reportes de agencias antinarcóticos.
La Fiscalía estadounidense sostiene que la sentencia solicitada busca enviar un mensaje disuasorio a otros líderes criminales. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos han señalado que las medidas de decomiso podrían afectar a comunidades que dependen indirectamente de la economía informal generada por el narcotráfico, aunque reconocen la necesidad de sancionar los actos de violencia documentados.
Reacciones y contexto bilateral
Autoridades mexicanas han evitado pronunciarse directamente sobre la petición de cadena perpetua, limitándose a reiterar su interés en obtener más información sobre el caso. En Washington, legisladores de ambos partidos han respaldado la postura de la Fiscalía, argumentando que el volumen de fentanilo incautado en años recientes justifica sanciones severas.
El proceso judicial contra Zambada continúa en la corte federal de Nueva York. La audiencia del 20 de julio será determinante para definir si el juez acepta la recomendación de cadena perpetua y la cifra de indemnización propuesta. Mientras tanto, la defensa prepara recursos que podrían extender el litigio varios meses más.
