Las autoridades de Veracruz confirmaron la detención de Levy “N”, excomandante de la Policía Municipal de Atoyac, quien fue capturado el pasado sábado en la Ciudad de México después de más de un año en calidad de prófugo. El operativo se enmarca en una investigación que revela la infiltración de grupos criminales en corporaciones policiales municipales y el funcionamiento de una red de protección en la zona centro del estado.
Operativo conjunto y traslado a Veracruz
La aprehensión resultó de un trabajo coordinado entre la Policía Ministerial de Investigación de Córdoba, elementos de la Ciudad de México y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Levy “N” fue localizado en un domicilio de la alcaldía Iztapalapa y trasladado de inmediato a Veracruz, donde quedó a disposición de un Juez de Control en el penal de La Toma, Amatlán de los Reyes. Enfrentará el proceso penal 133/2026 por homicidio doloso calificado, extorsión y delincuencia organizada.
La Fiscalía General del Estado había ofrecido una recompensa de 350 mil pesos por información que condujera a su captura, al considerarlo pieza clave dentro de la estructura policial vinculada al crimen organizado en Atoyac y municipios vecinos.
Cronología de los hechos investigados
Los cargos principales se remontan al 4 de enero de 2023, cuando dos personas detenidas en la comandancia municipal bajo el mando de Levy “N” fueron sustraídas del lugar y posteriormente halladas sin vida en un camino de terracería. La Fiscalía señala al excomandante como autor intelectual y material de esos hechos. Además, la carpeta de investigación lo vincula con extorsiones sistemáticas a comerciantes y productores de Potrero Nuevo, así como con la entrega de información y cobertura a un grupo delictivo que disputaba el control territorial de la región.
El nombre de Levy “N” cobró mayor relevancia tras el enfrentamiento del 27 de octubre de 2025, cuando un operativo estatal derivó en la muerte de cuatro personas, entre ellas “El Lalo”, presunto jefe de plaza, y la detención de once policías municipales. En esa ocasión el excomandante logró huir y permaneció prófugo hasta su reciente captura.
Vínculos con otros casos judicializados
La detención de Levy “N” se suma a otras aprehensiones recientes que apuntan a desarticular la misma red de protección policial. Entre los implicados figuran Carlos Alberto Ventura de la Paz, expresidente municipal de Atoyac, capturado el 1 de enero pasado; Juan Carlos “N”, segundo comandante de la policía municipal; y José Alfredo “N”, alias Kacetero, señalado como generador de violencia en la zona y detenido en la Ciudad de México en marzo. La Fiscalía sostiene que estas acciones permitirán avanzar en la judicialización de otros mandos y exfuncionarios municipales involucrados en hechos violentos, desapariciones y cobros ilegales.
Contexto de la infiltración criminal en corporaciones locales
El caso de Levy “N” ilustra un patrón documentado en varias regiones de Veracruz, donde grupos delictivos han logrado insertarse en estructuras policiales municipales para garantizar impunidad y control territorial. Las investigaciones revelan que la red operaba mediante la filtración de operativos, la protección de traslados de droga y la extorsión coordinada a sectores productivos. Esta dinámica ha generado un deterioro sostenido de la confianza ciudadana en las instituciones locales y ha complicado los esfuerzos de las autoridades estatales por recuperar el control de zonas estratégicas.
Analistas en seguridad señalan que la captura de mandos medios como Levy “N” representa un paso intermedio necesario, pero insuficiente si no se acompañan de reformas estructurales que incluyan depuración de corporaciones, controles internos más estrictos y programas de protección a testigos. Sin estos elementos, el riesgo de que nuevas figuras ocupen los espacios dejados por los detenidos permanece latente.
Impacto esperado en la región centro de Veracruz
La Fiscalía espera que la detención facilite el desmantelamiento de la red de protección policial y reduzca la capacidad operativa del grupo delictivo que disputaba el control de Atoyac y municipios aledaños. Sin embargo, fuentes cercanas al caso advierten que la consolidación de estos avances dependerá de la continuidad de las investigaciones y de la judicialización efectiva de los demás implicados. El proceso penal 133/2026 servirá como prueba de la capacidad institucional para traducir las capturas en sentencias que debiliten de forma permanente las estructuras criminales locales.
