Gilberto Escobar Mancilla, exfuncionario de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), aseguró que continúa a la espera de la indemnización derivada de su despido en 2021, pese a que, según su versión, resoluciones judiciales han reconocido la ilegalidad de la separación. El caso se desarrolla mientras la institución enfrenta restricciones financieras, con una nómina que absorbe la mayor parte de su presupuesto y un pasivo acumulado de más de 744 millones de pesos.
En una carta difundida el 2 de agosto, Escobar Mancilla sostuvo que se cumplieron cinco años desde su salida de la universidad, donde ingresó en 1999 y trabajó durante 23 años. El exfuncionario afirmó que fue despedido de manera “injusta e ilegal” por autoridades universitarias y que, tras recurrir a los tribunales, obtuvo un laudo favorable. También señaló que un juez federal negó el amparo promovido por la Unach, con lo que quedó firme la resolución laboral, de acuerdo con su relato.
Un litigio que se prolonga desde 2021
La controversia comenzó después de la terminación de la relación laboral en 2021. Escobar Mancilla afirma que las instancias judiciales determinaron que los actos cometidos en su contra fueron ilegales, arbitrarios y contrarios a derecho. Sin embargo, sostiene que la ejecución económica de la resolución no se ha concretado. La información disponible no precisa el monto de la indemnización reclamada ni detalla las actuaciones procesales pendientes para su pago.
El exfuncionario atribuyó a la demora un deterioro severo en sus condiciones personales y patrimoniales. En su carta relató que perdió estabilidad económica, patrimonio y a su compañero de vida durante el periodo de litigio. Esos señalamientos reflejan el impacto individual de los procedimientos laborales prolongados, aunque corresponden a su testimonio y no sustituyen la información que pudiera aportar la universidad sobre el cumplimiento del fallo, sus recursos legales o la disponibilidad presupuestal.
Hasta la información referida en el caso, no se expone una postura pública de la Unach respecto de la resolución específica, el cálculo de la prestación laboral ni un calendario para cubrirla. Esa ausencia de precisión impide establecer si la falta de pago obedece a un desacuerdo jurídico aún vigente, a trámites administrativos o a una limitación financiera. La publicación de información institucional sobre el estado del expediente sería relevante para delimitar responsabilidades y conocer las alternativas de solución.
La nómina concentra el gasto universitario
Los documentos obtenidos a través del Portal de Transparencia indican que la Unach ejerce un presupuesto anual de 2 mil 498 millones 603 mil pesos. De ese total, 92 por ciento se destina al pago de salarios de más de 5 mil trabajadores. La planta incluye 2 mil 16 docentes: 548 de tiempo completo, 98 de medio tiempo y mil 370 contratados por asignatura.
La institución atiende a 32 mil 676 alumnos, de los cuales 31 mil 802 cursan licenciatura y 874 estudian posgrado. El volumen de recursos comprometidos en servicios personales reduce el margen para atender otras obligaciones, entre ellas inversiones en infraestructura, mantenimiento, innovación académica y eventuales pasivos laborales. La relación entre la estructura de gasto y las obligaciones pendientes se ha convertido en uno de los principales retos administrativos de la universidad.
Al 31 de marzo de este año, la Unach reportaba un pasivo de 744 millones 624 mil 365.17 pesos. Además, la institución recurrió a un préstamo de 128 millones de pesos para la adquisición de mobiliario y otros conceptos. Estos datos muestran que la dificultad no se limita a una controversia laboral individual: existe una presión financiera más amplia que condiciona la operación cotidiana y la capacidad para responder a compromisos acumulados.
Evaluación externa advierte retos estructurales
En mayo, antes de que Oswaldo Chacón Rojas asumiera la rectoría para un periodo de cuatro años, la Unach fue evaluada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). La visita permitió a la universidad obtener el reconocimiento como institución de calidad, pero también dejó observaciones sobre la sostenibilidad de sus finanzas y la necesidad de modernizar su organización interna.
Los CIEES señalaron que la universidad requiere mecanismos para fortalecer sus finanzas en el largo plazo. También recomendaron una reforma integral de su marco normativo, al considerar que el Estatuto Integral, con cerca de mil artículos, resulta complejo para su comprensión y aplicación. La evaluación agregó que el Plan de Desarrollo Institucional 2030 no es suficientemente conocido entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Entre las recomendaciones figura la reestructuración del mando universitario para reducir duplicidades de funciones y mejorar la aplicación del modelo educativo y académico. Los evaluadores también identificaron desigualdades en infraestructura. Mencionaron, por ejemplo, que la licenciatura en Danza opera en una vivienda considerada inadecuada por riesgos eléctricos y filtraciones, mientras que la Facultad de Física presenta problemas en sus edificios.
El desafío de conciliar obligaciones y viabilidad
La situación de Escobar Mancilla ilustra la tensión entre el cumplimiento de resoluciones laborales y la fragilidad presupuestal de una universidad pública. Un fallo favorable para un trabajador no elimina la obligación de pago por las dificultades financieras de la institución, pero la capacidad real para cumplirlo depende de decisiones presupuestales, controles administrativos y, en algunos casos, del respaldo de los gobiernos federal y estatal.
La intervención del gobierno de Chiapas ha sido necesaria para que la Unach pueda cubrir parte de sus gastos, según las observaciones citadas por los CIEES. El reto para la nueva administración rectoral será atender pasivos y reclamos pendientes sin deteriorar la calidad académica ni trasladar el costo de los ajustes a estudiantes y personal. Para ello, la transparencia sobre deuda, nómina, litigios y medidas de contención será determinante.
Mientras no exista una definición pública sobre el pago reclamado, el expediente de Escobar Mancilla seguirá siendo un indicador de la distancia entre las resoluciones judiciales y su ejecución efectiva. Para la Unach, el caso se suma a una agenda más amplia: ordenar sus finanzas, simplificar su estructura y recuperar capacidad de inversión para sostener sus funciones académicas.
