El sistema de participaciones federales en México constituye uno de los pilares del federalismo fiscal, mediante el cual la Federación transfiere recursos a los estados para que estos los distribuyan entre sus municipios. En 2025 Veracruz recibió más de 93 mil millones de pesos por este concepto y canalizó 17 mil millones directamente a sus 212 ayuntamientos. La Auditoría Superior de la Federación, al revisar el ejercicio de ese año, identificó omisiones que, aunque no alteraron el cumplimiento general de la normativa, exponen debilidades estructurales en los mecanismos de control estatal.
La Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz mantuvo durante los primeros cinco meses coeficientes provisionales para calcular las entregas municipales, a pesar de contar ya con los datos oficiales necesarios para emitir los definitivos. Esta práctica, recurrente en varias entidades, genera distorsiones en la asignación que afectan especialmente a municipios con menor capacidad de negociación política o administrativa.
Antecedentes del mecanismo de compensación FEIEF
El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas fue creado para mitigar la volatilidad de los ingresos petroleros y tributarios. Cuando se activan descuentos por compensación, los estados deben repartir esa carga entre sus municipios. Veracruz carece de una regla documentada que defina cómo se calcula y distribuye esa afectación. En ausencia de criterios claros, la discrecionalidad administrativa puede generar percepciones de inequidad entre los ayuntamientos, sobre todo aquellos que dependen casi por completo de las participaciones para cubrir nómina y servicios básicos.
Experiencias similares en otras entidades, como el caso de Oaxaca en 2022, demostraron que la falta de reglas escritas facilita impugnaciones legales y retrasa la ejecución de obras municipales. En Veracruz la situación se agrava porque 2025 coincidió con un año de menores ingresos petroleros, lo que elevó el monto de los descuentos aplicados.
Impactos inmediatos en las finanzas municipales
Los 212 municipios veracruzanos enfrentan presupuestos ajustados. Cuando los coeficientes no se actualizan oportunamente, los ayuntamientos más pequeños reciben recursos por debajo de lo que les correspondería según población y necesidades. Esto obliga a recortes en rubros como mantenimiento de infraestructura hidráulica o programas de desarrollo social. En el municipio de Cosoleacaque, por ejemplo, la diferencia entre coeficientes provisionales y definitivos representó una merma equivalente al 8 % de su presupuesto anual de obras públicas, según estimaciones de la propia ASF.
La ausencia de criterios formalizados para el FEIEF también dificulta la planeación. Los tesoreros municipales no pueden proyectar con certeza cuánto dinero llegará en el segundo semestre, lo que retrasa licitaciones y pagos a proveedores locales. Esta incertidumbre se traduce en menor dinamismo económico en regiones que ya presentan altos índices de pobreza, como la sierra de Zongolica.
Consecuencias administrativas y de rendición de cuentas
El Órgano Interno de Control de SEFIPLAN inició el expediente CG-OIC-SEFIPLAN-INV-005-2026 contra servidores públicos involucrados. Aunque el proceso apenas comienza, la sola existencia de una investigación interna envía una señal a los operadores financieros estatales. En el mediano plazo, podría traducirse en mayor rotación de personal o en la adopción apresurada de manuales de procedimientos que, si no se diseñan con rigor técnico, podrían generar rigidez excesiva en la distribución de recursos.
Desde una perspectiva más amplia, la recomendación 2025-A-30000-19-2120-01-001 refuerza la tendencia de la ASF a emitir observaciones no solo sobre el monto de los recursos, sino sobre la calidad de los controles internos. Esta evolución fortalece la cultura de la transparencia, pero también aumenta la carga administrativa de las secretarías de finanzas estatales, que deben documentar cada decisión de reparto.
Efectos a largo plazo en el federalismo mexicano
La experiencia de Veracruz ilustra un problema estructural: la brecha entre la normatividad federal y la capacidad de implementación a nivel estatal. Si más entidades presentan deficiencias similares, el Congreso podría verse presionado a modificar la Ley de Coordinación Fiscal para exigir reglas de distribución más estandarizadas. Un cambio de esta naturaleza reduciría la autonomía de los gobiernos estatales, pero también disminuiría los márgenes de discrecionalidad que hoy generan desconfianza entre los municipios.
Además, el caso alimenta el debate sobre la necesidad de profesionalizar las áreas de finanzas públicas locales. Municipios con plantillas técnicas débiles dependen casi por completo de la información que les proporciona el estado. Cuando esa información llega con retraso o sin sustento metodológico, la brecha de capacidades entre grandes y pequeños ayuntamientos se amplía, perpetuando desigualdades territoriales que el propio sistema de participaciones busca atenuar.
En términos políticos, la observación de la ASF llega en un momento en que el gobierno de Rocío Nahle enfrenta escrutinio por el manejo de recursos federales. Aunque la auditoría no detectó desvíos, la falta de documentación formal puede ser utilizada por opositores para cuestionar la eficiencia de la administración estatal. A su vez, esto podría motivar al Ejecutivo veracruzano a acelerar la implementación de sistemas digitales de seguimiento presupuestal, una medida que, si se ejecuta correctamente, beneficiaría la rendición de cuentas más allá del actual sexenio.
