Tras casi un año del atropellamiento ocurrido el 12 de agosto de 2025 en Tijuana, los familiares de Silvia Aurora y su abuela protestaron frente al Poder Judicial de Baja California para exigir que se resuelva el amparo interpuesto por la conductora y se avance al juicio oral.
La madre de la menor señaló que existen pruebas suficientes, pero el recurso legal promovido desde octubre de 2025 mantiene suspendido el proceso. Este mecanismo, diseñado para proteger derechos, genera demoras que contrastan con la necesidad de sanciones oportunas en casos de conducción bajo influjo de alcohol, calificada por los manifestantes como conducta dolosa.
El reclamo central apunta a un patrón recurrente: recursos que extienden indefinidamente la espera de las víctimas. La familia busca que el amparo se resuelva pronto para que el caso llegue a tribunal y se impongan penas más severas, evitando que el sistema priorice al imputado sobre quienes sufrieron el daño directo.
