Los familiares de las víctimas de la masacre de 2019 en Sonora han presentado una solicitud formal ante un tribunal federal de Estados Unidos para acceder a los bienes de Ismael “El Mayo” Zambada. Su objetivo es utilizar esos recursos para cubrir parte de la indemnización de más de 4 mil 600 millones de dólares que obtuvieron contra el Cártel de Juárez en un juicio civil. La petición llega semanas antes de la sentencia programada para el 20 de julio de 2026 y plantea una tensión poco común entre el decomiso penal del Gobierno y las reclamaciones de víctimas civiles.
Contexto de la solicitud judicial
El abogado John M. Eubanks, del bufete Motley Rice, entregó el 7 de julio una carta de cinco páginas al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York. En ella se pide que el Gobierno informe directamente a las familias sobre cualquier cuenta bancaria, propiedad, empresa o efectivo asegurado al narcotraficante. También se solicita una orden preliminar de decomiso que preserve los derechos de las víctimas antes de que el Estado ejecute sus propios reclamos.
La estrategia se basa en la Ley de Seguro contra Riesgos de Terrorismo (TRIA) de 2002, que permite a quienes obtuvieron sentencias por actos terroristas embargar activos bloqueados de organizaciones o de sus “agencias o instrumentos”. Los demandantes sostienen que Zambada actuó como tal al proporcionar hombres, armas y apoyo logístico al Cártel de Juárez para el ataque de noviembre de 2019.
El acuerdo de culpabilidad y el decomiso
Zambada se declaró culpable de dirigir una empresa criminal continua y de participar en actividades de delincuencia organizada. Como parte del acuerdo, aceptó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, cifra que representa las ganancias estimadas de décadas de operaciones. Sin embargo, esa cantidad es un cálculo contable, no un inventario de bienes ya localizados. El Gobierno aún debe identificar activos concretos antes de recuperarlos.
Los familiares advierten que, si no se preserva su acceso a la información financiera entregada por Zambada, el Estado podría ejecutar el decomiso sin que las víctimas tengan oportunidad de reclamar. El juez deberá decidir si ordena al Gobierno compartir datos y si emite medidas que protejan una eventual ejecución civil antes de dictar la sentencia de cadena perpetua.
La sentencia civil contra el Cártel de Juárez
En junio de 2022, una corte federal de Dakota del Norte dictó en ausencia una condena de aproximadamente 4 mil 641 millones de dólares contra el Cártel de Juárez por los daños derivados de la masacre. Desde entonces, las familias han buscado activos vinculados a esa organización. La nueva petición amplía el radio de búsqueda hacia Zambada, bajo la tesis de que su apoyo material lo convierte en un instrumento del cártel rival.
Este planteamiento todavía debe ser evaluado por el tribunal. La carta presentada no afirma que Zambada haya sido condenado penalmente por los hechos de 2019, sino que solicita que se le reconozca como agente del Cártel de Juárez para efectos de la TRIA. De aceptarse, las familias podrían intentar embargar bienes que de otro modo quedarían exclusivamente bajo control federal.
Implicaciones para el decomiso y las víctimas
La disputa que se abre es de prioridad: el Gobierno busca recuperar recursos mediante decomiso penal, mientras las víctimas intentan hacer efectiva una sentencia civil a través de la TRIA. La legislación estadounidense no establece un orden automático entre ambos mecanismos, por lo que el juez Cogan deberá resolver si el decomiso penal puede ejecutarse sin afectar derechos adquiridos por las familias en el juicio civil.
El caso también pone a prueba la efectividad práctica de la TRIA cuando los activos de un narcotraficante no han sido identificados públicamente. Aunque Zambada fue considerado durante años uno de los traficantes con mayores ingresos, las autoridades han indicado hasta ahora que no existen bienes concretos contra los cuales proceder de inmediato. Las familias esperan que la información financiera requerida en el proceso penal revele activos que puedan vincularse con el Cártel de Juárez.
La resolución del juez determinará si las víctimas obtienen acceso limitado a los documentos entregados por Zambada y si cualquier orden de decomiso incluye reservas que protejan reclamaciones futuras. De esta forma, el tribunal definirá el alcance real que la TRIA puede tener cuando coincide con un decomiso penal de gran escala.
