El asesinato de Paola Andrea en julio de 2024 generó una sentencia sin precedentes en Baja California, pero los datos de la Fiscalía General del Estado revelan que la violencia letal contra las mujeres no se detuvo. Entre julio de 2024 y mayo de 2026 se abrieron 66 carpetas por feminicidio en la entidad, con 20 de ellas concentradas en Mexicali. Estas cifras, aunque sujetas a posibles reclasificaciones, exponen una brecha persistente entre el impacto judicial de un caso emblemático y la capacidad real de prevenir nuevos crímenes.
El peso de las cifras por municipio y periodo
El segundo semestre de 2024 registró 20 investigaciones, cinco en Mexicali. El año 2025 concentró el mayor número con 40 víctimas en todo el estado y 12 en la capital. Los primeros cinco meses de 2026 sumaron seis casos, tres locales. La distribución muestra que Mexicali mantiene una proporción estable cercana al 30 por ciento del total estatal, lo que indica que los factores de riesgo no se limitan a una sola localidad sino que responden a dinámicas regionales compartidas.
Las plataformas de transporte por aplicación enfrentaron un escrutinio inmediato tras el caso. Protocolos de verificación de conductores y geolocalización en tiempo real se endurecieron, aunque su alcance sigue dependiendo de la colaboración voluntaria de las empresas y de la supervisión estatal. Las familias de víctimas posteriores han señalado que la respuesta inicial de las autoridades en las primeras horas sigue siendo irregular, especialmente cuando la desaparición ocurre en zonas periféricas.
Perspectivas de las familias y de las instituciones
Para los familiares de las 66 víctimas posteriores, la sentencia de 122 años contra Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano representa justicia individual pero no seguridad colectiva. Muchas de estas familias enfrentan procesos largos sin resolución clara, mientras que las autoridades destacan el uso de evidencia tecnológica como avance procesal. Esta tensión revela que el sistema judicial ha mejorado su capacidad de acreditación una vez que el cuerpo aparece, pero sigue rezagado en la fase de búsqueda y prevención.
La evidencia tecnológica como precedente y límite
El juicio de Paola Andrea incorporó videovigilancia, datos de geolocalización y análisis pericial que resultaron determinantes. Este enfoque se ha replicado en otros expedientes, elevando el estándar probatorio. Sin embargo, su aplicación depende de que existan cámaras funcionales y de que las víctimas utilicen aplicaciones con registro activo. En casos donde las mujeres desaparecen sin rastro digital previo, las investigaciones pierden velocidad y las probabilidades de rescate disminuyen drásticamente.
El sector transporte por aplicación ha implementado filtros adicionales de identidad y alertas de ruta, pero estas medidas no cubren a quienes usan taxis tradicionales o caminan por zonas con baja iluminación. La fragmentación de responsabilidades entre empresas privadas y autoridades municipales genera zonas grises donde la rendición de cuentas se diluye.
Riesgos estructurales que persisten
Uno de los principales riesgos identificados es la sobrecarga de las fiscalías especializadas. Con 66 carpetas activas y recursos limitados, la atención individualizada se vuelve difícil y aumenta el margen de error en la clasificación inicial de los delitos. Otro riesgo radica en la posible subregistro derivado del miedo de las familias a denunciar o de la falta de protocolos claros para mujeres en situación de vulnerabilidad múltiple, como trabajadoras informales o migrantes.
Escenarios futuros y ajustes necesarios
Si las tendencias de 2025 se mantienen, Baja California podría superar los 50 feminicidios anuales en los próximos dos años. Un escenario más favorable requeriría coordinación efectiva entre los cinco municipios para compartir bases de datos de desaparecidas y alertas tempranas. La incorporación de análisis predictivo basado en patrones de violencia previa podría anticipar situaciones de alto riesgo, aunque su implementación enfrenta obstáculos presupuestarios y de protección de datos.
El precedente judicial del caso Paola Andrea demuestra que condenas severas son posibles cuando la investigación es exhaustiva. Replicar ese nivel de rigor en todos los expedientes exige inversión sostenida en personal capacitado y en tecnología accesible para las fiscalías regionales. Sin esos cambios estructurales, el mensaje disuasorio de la sentencia más alta de la entidad seguirá limitado a casos que ya alcanzaron la fase judicial.
