La discusión sobre una eventual eliminación de feriados en el Perú surgió vinculada al posible pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, pero rápidamente adquirió una dimensión propia. La presidenta Keiko Fujimori señaló después que el tema no formaba parte de la agenda gubernamental, una aclaración que desactivó, al menos temporalmente, la posibilidad de una reforma inmediata. Sin embargo, el debate dejó expuesta una cuestión que trasciende a cualquier administración: el país ha creado y mantenido días no laborables sin contar siempre con una evaluación pública, técnica y periódica de sus efectos.
La controversia tampoco puede reducirse a una oposición entre quienes respetan la historia y quienes defienden la productividad. Los feriados cumplen funciones culturales, religiosas y cívicas, y algunos generan movimiento económico en sectores como el turismo, el transporte interprovincial, la hotelería y la gastronomía. El problema aparece cuando cada nueva fecha se aprueba como una decisión aislada, sin medir su impacto acumulado sobre la producción, el empleo formal, los costos empresariales y la organización de servicios esenciales.
Una expansión del calendario sin evaluación suficiente
Durante los últimos años, el calendario peruano se ha ampliado con fechas destinadas a conmemorar batallas, instituciones y acontecimientos considerados relevantes para la identidad nacional. La lógica política detrás de estas iniciativas es comprensible: declarar un feriado ofrece una señal visible de reconocimiento y permite incorporar determinados episodios al calendario oficial. Para el Congreso y los gobiernos, además, se trata de una medida de alto valor simbólico y bajo costo político inmediato. Los costos económicos, en cambio, se distribuyen entre empresas, trabajadores y consumidores, y suelen aparecer de manera menos visible.
El Banco Central de Reserva del Perú ha estimado que, en 2023, un feriado adicional podía representar una pérdida aproximada de 0,04 puntos porcentuales del producto bruto interno, equivalente a más de S/ 400 millones. La cifra no significa que toda la economía se detenga durante 24 horas ni que todos los sectores pierdan por igual. Expresa, más bien, el valor de la actividad que deja de realizarse o que se posterga, junto con los costos adicionales que deben asumir las actividades que continúan funcionando.
El dato adquiere mayor relevancia porque el Perú ya cuenta con 16 días no laborables, una cifra que lo ubica entre los países con más feriados de América Latina. La comparación internacional, sin embargo, requiere matices. No basta con contar los días del calendario: también importa si se trasladan al lunes o al viernes, si se concentran en temporadas de alta demanda, si se aplican de forma diferenciada y si existen mecanismos para compensar las horas no trabajadas. La estructura del feriado puede ser tan importante como su número.
Quién gana y quién absorbe la factura
Los beneficios de un feriado suelen concentrarse en actividades vinculadas al consumo de corto plazo. Un fin de semana largo puede elevar las reservas de hoteles, el flujo en restaurantes, las ventas de operadores turísticos y la demanda de transporte. En destinos como Cusco, Arequipa, Piura o las playas del litoral, esos movimientos pueden representar ingresos relevantes para pequeños negocios que dependen de temporadas específicas. Para una familia que decide viajar, el feriado también puede convertirse en una oportunidad de descanso y convivencia difícil de obtener durante el ritmo ordinario de trabajo.
Pero ese gasto no necesariamente representa una ganancia neta para el país. Una parte del consumo puede sustituir compras que se habrían realizado en otra fecha, mientras que otra parte se dirige hacia actividades informales o productos importados. Al mismo tiempo, el comercio, la construcción y varios servicios pierden jornadas de operación o deben reprogramar entregas. Una obra que depende de una secuencia continua puede sufrir retrasos por la ausencia de personal, la paralización de proveedores o las restricciones de transporte. En una empresa pequeña, incluso un día adicional de operación irregular puede alterar turnos, inventarios y compromisos con clientes.
La distribución sectorial también produce una diferencia social. Los trabajadores de hoteles y restaurantes pueden beneficiarse de una mayor demanda, aunque no siempre capturan de manera proporcional los ingresos generados. Muchos laboran bajo esquemas temporales, informales o con jornadas variables. En cambio, quienes trabajan en actividades administrativas, industriales o comerciales pueden enfrentar una interrupción que no se compensa plenamente. El mismo feriado, por tanto, puede significar descanso protegido para algunos, sobrecarga laboral para otros y pérdida de ingresos para quienes dependen de una actividad diaria.
El costo laboral detrás de cada jornada
La normativa peruana establece mayores pagos para quienes deben trabajar durante un feriado, una protección que busca evitar que el día no laborable se convierta en una obligación ordinaria sin compensación. En determinados casos, la remuneración correspondiente a esa jornada puede llegar a triplicarse. La medida tiene una justificación laboral evidente, pero también genera un efecto económico concreto: hospitales, transporte, seguridad, puertos, aeropuertos, industrias, minería y comercios esenciales deben seguir operando, aun cuando el costo por trabajador aumente.
El impacto es especialmente sensible en sectores que trabajan las 24 horas o que no pueden interrumpir procesos técnicos. En una mina, detener ciertas operaciones no equivale simplemente a cerrar una oficina durante un día: puede afectar equipos, cadenas de procesamiento y cronogramas de despacho. En un puerto, la suspensión de una operación puede producir congestión y costos para navieras, exportadores e importadores. En un hospital, la continuidad es innegociable, pero el mayor gasto de personal debe incorporarse al presupuesto público o trasladarse a los costos de atención.
Esta presión se suma a un mercado laboral que ya presenta elevados costos no salariales. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, contratar formalmente a un trabajador en el Perú implica costos laborales adicionales equivalentes al 71,7% de su remuneración, frente a un promedio regional de 51,1%. También existen 30 días de vacaciones pagadas, mientras que el promedio latinoamericano alcanza 19,2 días y Chile contempla 15. La discusión sobre feriados no puede aislarse de este contexto: cada obligación adicional incide en la decisión de contratar, formalizar o expandir una empresa.
La memoria nacional no depende de paralizar el país
Las fechas históricas mencionadas en el debate poseen un valor que no debería minimizarse. La Batalla de Junín y la Batalla de Ayacucho forman parte del proceso de independencia y ayudan a explicar la construcción republicana. El Día de la Bandera y el Día de la Fuerza Aérea remiten a símbolos e instituciones que cumplen un papel en la identidad colectiva. El reconocimiento oficial de estos acontecimientos puede fortalecer la educación cívica, siempre que no quede limitado a un día de descanso adicional.
La cuestión central es si la mejor forma de conmemorar consiste necesariamente en detener una parte significativa de la actividad económica. Un aniversario histórico podría celebrarse mediante actos públicos, programas escolares, exposiciones, contenidos audiovisuales, actividades culturales y ceremonias descentralizadas, sin convertir cada fecha en una jornada de paralización general. La conmemoración sería entonces más sustantiva y menos dependiente de una señal administrativa.
Chile y Colombia ofrecen referencias útiles, aunque no modelos que puedan copiarse sin adaptación. En ambos países existen feriados que se trasladan al lunes siguiente o al viernes más próximo, lo que permite organizar mejor la producción, los turnos, el transporte y los viajes. La ventaja no consiste solamente en reducir el número de interrupciones a mitad de semana. También permite que el descanso se convierta en un bloque previsible, con mayor capacidad para generar actividad turística sin dispersar el costo operativo durante varios días.
La reforma que el debate debería abrir
El principal riesgo de la polémica es que termine convertida en un enfrentamiento político sobre si el Gobierno pretende “quitar” celebraciones nacionales. Una reforma duradera necesita reglas que sobrevivan a los cambios de autoridades. Antes de aprobar un nuevo feriado, el Congreso debería exigir una evaluación de impacto que incluya el efecto sobre el PBI, la recaudación, las micro y pequeñas empresas, el empleo formal, los servicios públicos y las regiones donde la fecha tiene una importancia particular.
También sería razonable establecer una revisión periódica de los feriados existentes. Una fecha que pudo haber tenido sentido al momento de su aprobación puede producir efectos distintos después de varios años, especialmente si coincide con otras jornadas no laborables o con temporadas de baja productividad. La revisión no tendría que eliminar automáticamente las celebraciones, pero sí distinguir entre feriados nacionales, días de conmemoración oficial, jornadas compensables y festividades regionales.
Otra opción sería crear un límite o una cláusula de estabilidad para impedir que el calendario se expanda por decisiones fragmentadas. Si una nueva fecha obtiene respaldo social, podría evaluarse su traslado al lunes o su aplicación bajo un esquema que no paralice todas las actividades. La clave está en que el Estado reconozca la diversidad de la economía peruana: una gran empresa puede absorber una interrupción con planificación, mientras que un pequeño taller, una obra en ejecución o un negocio familiar puede perder una semana de liquidez por una jornada mal ubicada.
El debate sobre los feriados revela, en última instancia, una debilidad más amplia de la política pública peruana: la tendencia a aprobar beneficios visibles sin transparentar sus costos distribuidos. Conmemorar la historia es una obligación cívica, pero también lo es proteger las condiciones que permiten producir, invertir y crear empleo formal. La discusión debería continuar aun si el Ejecutivo ha descartado incluirla en su agenda inmediata, porque el país necesita decidir con anticipación qué fechas quiere honrar, qué tipo de descanso desea garantizar y cuánto está dispuesto a pagar por cada decisión. Las celebraciones nacionales pueden unir a los peruanos sin convertirse, por falta de planificación, en una carga creciente para la economía y para los trabajadores que la mantienen en funcionamiento.
