Fernando Cerimedo pasó en menos de dos años de realizar estudios de mercado para empresas privadas a ocupar un lugar visible en el entorno del presidente boliviano Rodrigo Paz. Su influencia, negada o minimizada por distintos sectores del Gobierno, quedó expuesta por su presencia en actos oficiales y por instrucciones relacionadas con la comunicación estatal. Ahora, su detención preventiva por una investigación de tentativa de feminicidio y una causa por presunto enriquecimiento ilícito han colocado bajo presión a la administración, que debe explicar cuál era exactamente el papel del asesor y cómo se financiaban sus servicios.
De las encuestas privadas a la campaña presidencial
Cerimedo, de 45 años, es especialista en comunicación política digital y uno de los promotores de la derecha liberal en América Latina. En Argentina fundó un portal de contenidos conservadores y dirige una agencia de marketing político. Aunque ha rechazado las acusaciones de impulsar estrategias de desinformación, reconoció en entrevistas haber participado en “campañas negativas” y trabajar con granjas de trolls.
Su trayectoria también está marcada por una condena por estafa y fraude en Argentina y por investigaciones en Brasil sobre su presunta participación en una red de desinformación vinculada al bolsonarismo. Esos antecedentes no impidieron que llegara a Bolivia en 2024 para trabajar en estudios de mercado. En abril de 2025 afirmó que llevaba un año desplazándose por el país casi todos los meses y que conocía incluso zonas políticamente sensibles, como el bastión cocalero asociado con Evo Morales.
Mientras desarrollaba esa actividad, comenzó a acercarse a candidatos. Jaime Dunn, quien posteriormente quedó inhabilitado para competir, confirmó que Cerimedo le ofreció asesoramiento, aunque sostuvo que solo mantuvieron una o dos reuniones y que nunca firmaron un contrato. Fuentes cercanas a Andrónico Rodríguez también aseguraron que hubo una propuesta de trabajo para su candidatura.
El propio Cerimedo relató que tuvo “buenas incursiones” con Rodrigo Paz antes de la primera vuelta electoral, cuando el actual presidente todavía era un candidato de bajo perfil. La relación se hizo pública semanas antes del balotaje, cuando ambos fueron vistos en un restaurante de Santa Cruz de la Sierra. Paz explicó entonces que Cerimedo era el profesor de su hija mayor, Catalina, y atribuyó a ella parte del éxito de la campaña en redes sociales. Cerimedo, en cambio, describió a Paz como un amigo de muchos años al que daba consejos informales.
Una presencia que desbordó la comunicación
Después de la elección, la relación dejó de ser un asunto reservado. Cerimedo apareció en la toma de posesión de Paz, en la presentación del primer gabinete, en el viaje presidencial a Panamá y en un encuentro con el rey de España durante su visita a Bolivia. También participó en una ceremonia celebrada en Mar-a-Lago, en Palm Beach, junto con la esposa y la hija mayor del mandatario, y asistió a la boda de la hija del ministro del Interior.
Su exposición pública coincidió con desacuerdos dentro del Gobierno. Según registros citados en la información, hasta junio existía la instrucción de que los materiales de comunicación fueran aprobados por Cerimedo antes de su difusión. Esa práctica habría generado fricciones con ministros y equipos encargados de prensa, especialmente por la imposición de estrategias digitales. Sin embargo, no se ha difundido públicamente un documento que determine el alcance formal de sus atribuciones.
En los pasillos de la Casa de Gobierno circularon versiones según las cuales el asesor tenía una oficina junto al presidente, intervenía en las decisiones y ejercía como una suerte de primer ministro. El analista Ilya Fortún sostuvo que Cerimedo exhibía abiertamente su poder y que ministros, periodistas y dirigentes podían dar cuenta de su ascendencia. Esas afirmaciones describen una percepción extendida en el ambiente político, pero no equivalen por sí mismas a una prueba de autoridad institucional.
La falta de claridad se extiende a sus condiciones laborales. No se conoce cuánto cobraba, quién pagaba sus servicios ni si existía un contrato con el Estado. En las últimas horas, miembros del Gobierno han intentado reducir su papel: aseguran que casi no se lo veía en el palacio, que no tenía una oficina permanente y que su función se limitaba a la estrategia de comunicación digital del presidente. También sostienen que esa asesoría se había debilitado recientemente.
La detención y las preguntas sobre el Gobierno
La crisis estalló la noche del 17 de agosto, cuando la abogada y operadora política Nadia Beller, de 33 años, fue atacada a tiros por dos sicarios frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Trasladada a un centro médico, Beller acusó a Cerimedo de ordenar el atentado. El asesor fue detenido horas después, cuando se disponía a viajar a Buenos Aires, y permaneció bajo custodia policial hasta el 21 de agosto, cuando un juez ordenó su detención preventiva por 180 días por una acusación de tentativa de feminicidio.
Las autoridades deberán establecer durante la investigación si existe evidencia que vincule a Cerimedo con el ataque. La acusación de Beller constituye un elemento central del expediente, pero no reemplaza la obligación de demostrar los hechos mediante pruebas y un proceso con garantías. Cerimedo, además, enfrenta una investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito iniciada por la Fiscalía de La Paz después de que Beller denunciara supuestos actos de corrupción y abuso de poder.
Beller afirmó que mantenía una relación sentimental con Cerimedo y que esperaba un hijo suyo. Desde una clínica, declaró que “en este país no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo”. El asesor reconoció ante los investigadores que ambos se conocieron en diciembre de 2025, cuando ella se acercó al Gobierno para formular observaciones jurídicas a un decreto económico. También admitió que, después de ese primer contacto profesional, la relación adquirió un carácter personal. Esa declaración reforzó las dudas sobre si sus funciones excedían la comunicación política.
Paz no ha mencionado públicamente a Cerimedo desde el ataque. Al día siguiente, publicó en X que la seguridad de Beller estaba garantizada y pidió una investigación “profunda, transparente y exhaustiva”, pero no aludió a su asesor. La ausencia de una explicación oficial deja abiertas dos cuestiones distintas: la responsabilidad penal que deberá resolver la Justicia y la responsabilidad política de un Gobierno que permitió que una figura sin cargo claramente conocido adquiriera tanta influencia. La respuesta a cuánto poder tuvo realmente Cerimedo en Bolivia dependerá tanto del expediente judicial como de la documentación que el Ejecutivo decida hacer pública.
